La Junta de Andalucía pretende computar tareas y actividades domésticas de los funcionarios para llegar a las 37,5 horas semanales de trabajo, como respuesta a la decisión del Tribunal Constitucional de declarar nulo el acuerdo suscrito entre la administración andaluza y los sindicatos para reducir a 35 horas semanales la jornada de los funcionarios.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, y los sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración general de la Junta de Andalucía, esto es, CCOO, UGT y CSIF, se reúnen este lunes para abordar el acuerdo por el que computará, hasta llegar a las 37,5 horas una serie de tareas y actividades que los empleados públicos de la Junta «ya venían desarrollando fuera de su puesto de trabajo, en el ámbito doméstico, para mejorar la calidad de los servicios«.

Montero no cree que haya «ningún problema de cobertura legal» con esta medida, recordando que «la organización de la jornada es competencia plena y exclusiva de la Junta», por lo que no espera que el Gobierno recurra esa nueva medida «aunque otra cosa es que el Gobierno de España esté empeñado en confrontar con el Gobierno andaluz». «Eso sería absolutamente incoherente», ha añadido. Montero ha precisado que esa medida «durará hasta que el Gobierno central regule las 35 horas».

La consejera ponía el viernes de ejemplo actividades como «tareas preparatorias de casos clínicos, tareas preparatorias de clases, tareas relativas a profundizar en la nueva Ley de Contratación del Estado, o cuando se descargan vídeos para mejorar su actividad, miran bibliografía, estudian, investigan o preparan el trabajo y organizan la jornada», esto es, «todo aquello necesario, que se desarrolla habitualmente fuera del puesto por el empleado público y que sirve para mejorar la calidad de los servicios». «Queremos que compute como jornada ese esfuerzo personal que no requiere presencia en el puesto de trabajo», ha aseverado.