La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha puesto a disposición de los rectores una partida adicional y consolidable superior a los de 21 millones de euros para mejorar la financiación del sistema público universitario andaluz. Este ofrecimiento se ha realizado en el marco de las negociaciones que el Ejecutivo autonómico viene manteniendo con los máximos responsables de las diez instituciones académicas en su voluntad de poder cerrar un acuerdo satisfactorio en esta materia.  

Esta cuantía está prevista que se haga efectiva una vez que las universidades abonen en el mes de marzo los pagos derivados de los acuerdos económicos en materia de personal adoptados en junio de 2024 con los rectores y los representantes sindicales en la Mesa General de negociación de las universidades públicas andaluzas. Esos acuerdos hacen referencia tanto al pago de los complementos autonómicos del Personal Docente e Investigador (PDI) como a los compromisos adquiridos con el Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS). De este modo, y una vez finalizada la evaluación de los complementos autonómicos y cuantificado definitivamente el coste del pago del 50% del quinto tramo del PTGAS, las universidades dispondrán de recursos suficientes para afrontar el coste de ambas circunstancias. Asimismo, se destaca el hecho de que, en cumplimiento de los citados acuerdos, las universidades deberán desplegar la carrera horizontal y realizar la evaluación del desempeño del PTGAS a lo largo del presente año, de cuyo coste tan solo hay una estimación inicial. 

Para la Administración autonómica supone un importante esfuerzo presupuestario la liberación de esta nueva cantidad, que se añade, por un lado, a los 16 millones de euros de fondos propios ya inyectados en el sistema público el pasado diciembre de 2024 y, por otro, a la inclusión con carácter consolidable en el presupuesto de 2024 de 20 millones de euros para el pago de los complementos autonómicos. La Consejería ha querido poner de manifiesto que, si bien la financiación de los acuerdos ya se había incorporado al sistema, “cumplimos con nuestro compromiso de seguir mejorando la financiación del sistema público universitario.” 

Desde la Consejería de Universidad se ha querido poner de manifiesto que se mantendrá abierto el diálogo con los rectores en lo que respecta al resto de cuestiones pendientes que afectan al ámbito universitario, entre las que destaca el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al pago de quinquenios y sexenios al personal laboral temporal de las instituciones académicas públicas. En este contexto, se ha querido agradecer la predisposición a alcanzar acuerdos por parte de los máximos responsables del sistema público y desde la Consejería de Universidad se ha hecho extensivo ese agradecimiento a los representantes sindicales de las plantillas de PDI y PTGAS, que, en la mayoría de los casos, han demostrado un talante constructivo, positivo y dialogante. La Junta de Andalucía tiene el convencimiento de que los rectores andaluces estarán a la altura de las circunstancias y no defraudarán las expectativas del personal universitario.  

El Gobierno andaluz ha iniciado en esta legislatura una importante reforma del sistema universitario público, lo que ha permitido la oferta de 188 nuevos títulos por parte de las universidades, además de otros importantes avances como es el modelo de financiación que da certidumbre a las universidades y que ha posibilitado consolidar una senda de crecimiento del 26% de los recursos transferidos en los últimos años, pasando de los 1.369,9 millones de euros en 2018 a 1.726,5 millones en el ejercicio 2025. Pero al margen de este instrumento de gestión de la financiación universitaria, las diez instituciones académicas cuentan con inyecciones complementarias a través de otros programas de la Junta de Andalucía que elevan considerablemente los fondos disponibles para su actividad. 

Ese compromiso financiero sitúa a Andalucía a la cabeza en inversión tanto en porcentaje de su PIB como en relación con el esfuerzo presupuestario de la Junta. La propia Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas lo viene señalando en sus informes año tras año y los datos recogidos en el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU), dependiente del Ministerio de Ciencia también lo atestiguan y refrendan.