La Audiencia Nacional ha absuelto a la excúpula de Abengoa del delito de administración desleal por el que las acusaciones solicitaban hasta cinco años de cárcel para el expresidente Felipe Benjumea, tras descartar irregularidades en las indemnizaciones percibidas por los gestores tras su relevo en 2015. La sección cuarta de la sala de lo Penal considera que los 11,4 millones de euros percibidos por Benjumea y los 4,5 millones que recibió el que fuera consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, se adecuaban a la normativa legal y contractual existente.
En la sentencia, que ha trascendido en la mañana de este viernes, los magistrados exponen que no ha quedado acreditado que estos contratos, suscritos por la alta dirección de la multinacional sevillana en febrero de 2015, fueran concedidos y elaborados para favorecer «improcedentemente» a Benjumea y a Sánchez Ortega. También rechaza adoptar cualquier medida contra los tres miembros del Comité de Nombramientos y Retribuciones acusados, Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, para quienes la Fiscalía pedía cuatro años de prisión y que ahora quedan exonerados al no haber pruebas concluyentes de que actuaran «torticeramente en la elaboración de los contratos mercantiles».
Para el tribunal, los contratos fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos internos y externos, sin que aparezca que los acusados intervinieran en la redacción de las cláusulas, las cuales recogían conceptos «ya establecidos o imperantes en la mayoría de las sociedades mercantiles de perfiles similares».
En el juicio, celebrado en noviembre pasado, la Fiscalía mantuvo que los acusados «idearon una serie de condiciones beneficiosas para el más que hipotético caso de tener que salir” dados los síntomas de falta de liquidez de la compañía, unas irregularidades que las que, según el Minisgterio Público, participarn loss integrantes de la Comisión de Nombramientos, a excepción del exministro de Obras Públicas Josep Borrell al no poder acudir al encuentro, y con quienes dejaron todo “bien atado para que lo que tenía que ser la negociación de la ampliación de capital se convirtiera en una salida voluntaria oculta tras la apariencia de un cese” impuesto por el Banco de Santander.
Finalmente, la AN considera que no han quedado acreditadas las acusaciones contra la que fuera cúpula directiva de la multinacional sevillana y que, por tanto, las abultadas indemnizaciones percibidas se adecuaron a la normativa legal vigente.