La noticia, publicada en exclusiva por Sevillainfo, ha provocado un desmedido interés. Más de 150.000 visitas han llegado a colapsar este fin de semana, y en varias ocasiones, el servidor de este diario digital. Sevilla posee lo que nadie podía creer: una playa en propiedad. Lo confirman los documentos históricos y registros más recientes que dos sevillanos, Gabino Carranza y José María Font han recopilado, hasta donde la legislación les ha permitido, y puesto en conocimiento de las autoridades municipales que, dicho sea de paso, no han demostrado en este peculiar caso, el entusiasmo de los sevillanos como reconoce el abogado sevillano José María Font.

P. – Lo que nos faltaba a los sevillanos… tenemos playa y en propiedad.

R.- Los sevillanos siempre hemos tenido playa. De 90 a 150 kilómetros a la redonda, Huelva, Cádiz y, hasta Málaga, nos han ofrecido las mejores playas de España; donde el sevillano siempre ha sido bien tratado y acogido, donde compra, alquila, o dominguea perfectamente, sin ningún tipo de problema. La eventual prosperidad de nuestra pretensión no va –ni puede- cambiar la ubicación de la onubense playa sevillana.

P.- Ustedes han instado al Ayuntamiento de Sevilla a que investigue la titularidad de 150 hectáreas de terreno en el término municipal de Almonte en el que se incluye una playa. ¿ Cómo hacen ustedes este descubrimiento?

R. Don Gabino Carranza, buen amigo y compañero en nuestra pretensión, es un estudioso documentalista y conocedor de la historia patrimonial del Ayuntamiento de Sevilla y gracias a sus conocimientos expertos, a sus archivos, y a su precioso tiempo, hemos llegado a la conclusión de que en Matalascañas (Huelva) hay 150 hectáreas propiedad de los sevillanos, o sea, de su Ayuntamiento. Previo estudio y análisis histórico y documental, lo que hemos hecho es denunciar. Denunciar es poner en conocimiento de la Autoridad competente (en este caso el Ayuntamiento de Sevilla) una noticia, un dato, un hecho o una situación, que pudiera ser constitutiva de una relación con efectos jurídicos beneficiosos –para que los aproveche- o perjudiciales –para que los evite o corrija-. No hay duda de que el supuesto que planteamos es beneficioso. Por eso actuamos. La denuncia iba acompañada de una documental o dossier, donde se desprenden los indicios de la autenticidad de la noticia, de su solvencia y apariencia de buen derecho, que entendemos conlleva y le hace tener verdaderas expectativas de prosperidad; pero ojo, solo pretendemos que se investigue, que se estudie, que se compruebe, nada más lejos que un planteamiento de solicitud de alteración de límite o modificación de término provincial alguno entre Huelva y Sevilla. Se trata de algo así como si alguien se entera de que un piso, una casa o una finca que se encuentra en Soria o en Albacete pertenece al Ayuntamiento de Sevilla, éste lo ignora, y se denuncia para que indague y compruebe con las correspondientes pruebas fiables y rigurosas.

P.- Ustedes han llegado hasta donde han podido… el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales declara que corresponde a los Municipios la potestad de investigación en relación a sus bienes. Ustedes presentaron la denuncia para que se procediera a la acción investigadora en 2015. Han pasado, por tanto, tres años. ¿ Qué noticias tienen de la investigación municipal?

R.- Poca, por no decir ninguna. Al poco tiempo de la presentación del escrito de denuncia, nos recibieron en Patrimonio con toda diligencia y amabilidad, a la vez que nos dijeron que se estudiaría. Pero ahí acabó la relación, al menos en lo que a diligencias de notificación se refiere. Esperemos que la difusión de este exitoso periódico digital precipite o, al menos, haga al Ayuntamiento mover ficha.

P.- De confirmarse en todos sus extremos que Sevilla es propietaria de esos terrenos.. ¿ que consecuencias podría tener para Sevilla?

R.-Desde el punto de vista práctico como usuaria de playa: ninguna. Ya lo he expuesto al principio: no hace falta expediente ni declaración de propiedad alguna para irse a 90 kilómetros a darse un baño de mar o de sol, o sentarse a leer debajo de una sombrilla. Pero desde un punto de vista económico, el producto o precio del objeto (150 hectáreas a pie de playa) se puede utilizar en lo que el Ayuntamiento crea conveniente, no se, desde arreglar calles, a camiones nuevos de LIPASAM, desde restaurar monumentos, a plantar y sanear naranjos, en eso no tenemos nada que decir.

P.- Una vez descubierta la titularidad de esos terrenos… ¿ cual es el proceso legal que debe seguir el Ayuntamiento?

R.- Todo está reglado. Las leyes y reglamentos administrativos, principalmente de administración local, regulan los trámites o pasos: desde las publicaciones y anuncios en los Boletines Oficiales de las dos Provincias afectadas, hasta los preceptivos traslados a todos los organismos afectados (Ayuntamientos, Diputaciones, Junta de Andalucía y Estado) para que aleguen lo que a sus derechos convengan, incluso acudir en última instancia a los tribunales de justicia. La prosperidad de la pretensión del Ayuntamiento daría lugar a la obtención del justiprecio sobre el valor de la cosa y con ello, el Ayuntamiento obtendría el beneficio de ingresar en sus arcas una cantidad con la que no contaba por ignorar que tenía una cosa que enajena.

P.-  Procesos como el que ustedes han animado a desarrollar pusieron de relieve que Sevilla posee patrimonio fuera de su término municipal que podría sorprender a muchos…

R.- Cierto. España es un país con mucha Historia. Andalucía y Sevilla son milenarias; las civilizaciones, los pueblos, las culturas y sus legados tan abundantes y especiales, han dejado fuera de Registros y Archivos –al igual que en un restaurante el metre te dice los que hay fuera de carta-, infinidad de bienes y derechos que se escapan de padrones, matrículas y ficheros de los que hoy se entienden como oficiales o declarativos de derechos. Ni tan siquiera el poderosísimo internet cubre la ausencia de rastro o conocimiento de lo que es y de quien es.

P.- La publicación de la noticia por parte de este periódico, ha causado impacto entre los sevillanos y, también, en los onubenses… a los que no ha gustado nada este asunto.

R.- Sin arrogarme posición alguna de sabiduría y consejo, repito que la prosperidad final que la denuncia que hemos puesto conllevara, la playa no va a ser traída a San Juan de Aznalfarache, a Dos Hermanas o a Bellavista, seguirá en el mismo sitio; y Huelva va a seguir atrayendo a sevillanos (como a cordobeses, pacenses o alemanes) todos los veranos. Es decir, pienso que todo seguiría igual, a excepción del puntual y único precio que el poseedor actual tendría que pagar para convertirse en propietario.

P.- Ustedes instaron hace tres años al Ayuntamiento a que tasara el valor de los terrenos… ¿ que valor tienen?

R.- Ni lo sabemos, ni nos preocupa. Ya se encargarán los Ayuntamientos de Sevilla y Huelva de entenderse para llegar al precio procedente y satisfactorios para ambos.

P.- Hay un aspecto curioso. Ustedes tienen derecho, por ley, a una indemnización o premio por este peculiar «descubrimiento»…

R.-Ni a Don Gabino ni a un servidor, nos mueve el ánimo de lucro. Es decir, no interponemos la denuncia por dinero o ambición de clase alguna. Pero (siempre hay un pero), si el ordenamiento jurídico concede una compensación, premio o recompensa por el servicio que se ha prestado de descubrir un bien a la ciudad, en su caso, no habrá mas remedio que recogerlo.