Que la empresa Isofotón era beneficiaria y pantalla de toda clase de manejos y operaciones del socialismo andaluz y de la Junta de Andalucía mientras ésta última estuvo en manos del PSOE-A y mientras ocupó el cargo de consejero delegado José Luis Manzano lo sabían en Málaga y en todo el mundo empresarial andaluz hasta los gatos, pero lo sabían aún mejor los numerosos cargos intermedios del PSOE y de la UGT que solían encontrar acomodo y cobijo con frecuencia cuando las urnas o las circunstancias lo aconsejaban.

Isofotón fue poco a poco convirtiéndose en un artefacto que, de un lado, jugaba a ser una empresa puntera de I+D+i que a los políticos de turno les permitía presumir o citarla como ejemplo de desarrollo tecnológico en Andalucía, pero a la vez también se convirtió en un peso muerto que hacía y deshacía a su antojo contando siempre con el apoyo financiero de las autoridades del PSOE en la Junta y dando entrada a numerosos beneficiados directos del partido, como fue el caso también de la actual ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y vicepresidente cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, que venía de ocupar el cargo de Secretaria de Estado para el Cambio Climático en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Otros muchos dirigentes intermedios del PSOE y la UGT de Málaga también trabajaron en algún momento en Isofotón. No en vano, José Luis Manzano Seco, durante veinte años consejero delegado de la empresa, asesoró como experto en numerosas ocasiones a la Fundación IDEAS del PSOE (por ejemplo, aconsejando el cierre de la central nuclear de Garoña o en la implantación futura del coche eléctrico) y durante sus veinte años al frente de Isofotón se situó por encima del bien y del mal con estirones de crecimiento en personal y en actividad vertiginosos pero con una más que mediana respuesta en cuotas de mercado y en cuanto a la solvencia financiera de sus proyectos, muchos de ellos, como han revelado los distintos procedimientos judiciales abiertos en los últimos años por la concesión de ayudas desde Invercaria, Idea, Soprea, etc. sin avalar documentalmente y con proyectos elaborados sin garantía y sobre la marcha.

Manzano Seco, hasta su caída en desgracia a partir del año 2008, cuando fue acusado de falsedad contable e ingeniería financiera, se convirtió en una especie de califa andaluz en todo lo referente a energías renovables, pero sobre todo en su facilidad para lograr de diferentes organismos de la Junta de Andalucía la financiación extra necesaria cuando era oportuno para tapar los continuos agujeros económicos en los que se metía de forma reiterada.

Se convirtió así en una especie de pozo sin fondo que llegó a acumular más de 80 millones de euros en ayudas, concedidas en muchos casos sin garantías y sin la documentación administrativa exigible.

A través de diversas empresas pantalla, Manzano Seco con varios colaboradores llegó a obtener 400.000 euros concedidos a través de Invercaria que se destinaron a pagar las retribuciones salariales de sus directivos cuando se trataba de dinero para apoyar nuevas iniciativas innovadoras. Un socio de una de esas empresas pantalla, Enrique Pablo García Chelle, reconoció en declaración ante la Policía que «las retribuciones eran absolutamente desproporcionadas respecto a la actividad y capital de la empresa en la que trabajaba».

La situación condujo incluso a la anulación del contrato de venta de las participaciones del Grupo Bergé a Corporación Alba, del Grupo March, compañía de referencia dentro de la gran multinacional tecnológica Indra, al aflorar una deuda oculta descomunal de casi 90 millones de euros que no había sido reflejada en los balances.

El director económico y brazo derecho de Manzano, Antonio Aragón, no fue demandado en esa ocasión por no ser el administrador de la misma, pero fue el Grupo Bergé el que tuvo que asumir la inversión de 150 millones de euros que ya se había realizado y cubrir el agujero ocultado durante cinco años de 86 millones de euros, situación que pudo esconder al consejo fruto de la “doble contabilidad” realizada.

Sin embargo, antes de que todo saliera a la luz, Manzano, que ya había cobrado un bonus de 380.000 euros por la venta finalmente fallida al Grupo March, firmó su salida de la compañía en mayo de 2008 a cambio de un finiquito de 1,5 millones.

Tras esa operación fallida, Manzano Seco, una vez expulsado de la empresa, fue condenado dos años más tarde por un juzgado de Málaga a pagar a título individual al Grupo Bergé una cantidad exorbitante de 165 millones de euros más sus intereses, la mayor indemnización fijada a título personal conocida hasta entonces, si bien la Audiencia de Madrid terminó revocando dicha sentencia al considerar que, tratándose del director de la empresa, el Grupo Bergé conoció o debió conocer los manejos contables que se traía entre manos el susodicho.

Entre otros artificios contables realizados, el juicio permitió constatar la existencia de ventas anticipadas, es decir, ventas ficticias que se contabilizaban con el fin de dar “más volumen de ventas”.

Curiosamente, en varias de las empresas pantalla utilizadas durante aquel período figura, por ejemplo, Federico Mañero Ruiz, un diplomado en Derecho, de San Sebastián que pertenece a la Fundación Salvador Allende y a otras entidades ligadas al PSOE y que entre 1981 y 1984 había ocupado el cargo de secretario general de las Juventudes Socialistas, en tiempos de Felipe González.

Openmatelec, Electria, Cedes, Consultora para la Sostenibilidad Integral, S.L. (CSI) y muchas otras empresas participadas a través de Invercaria o de la Agencia IDEA de la Junta fueron conglomerados satélites de Isofotón que operaban con total cobertura del paraguas financiero que les brindaba de continuo la Junta de Andalucía a través de diversas empresas instrumentales y de organismos públicos que acudían una y otra vez en socorro de los baches que repetidamente atravesaban sus proyectos e iniciativas.

Lo más curioso de todo ese operativo es que prácticamente la totalidad de estas empresas asociadas o participadas por diferentes organismos de la Junta de Andalucía y que operaban bajo el ‘sol’ de Isofotón estuvieron radicadas siempre fuera de Andalucía, a pesar de que era uno de los requisitos ineludibles exigidos por Invercaria, e incluso una de las falsas sedes sociales utilizada por una de ellas correspondía a «una academia de formación con cargo a la Junta de Andalucía».

A pesar de todo lo dicho, Manzano Seco, ya fuera de Isofotón, continuó operando sin problema de forma bastante inexplicable en algunas de las empresas pantalla mencionadas y que contaban aún por entonces con participación de la Junta de Andalucía.

Bajo la presidencia en Invercaria del procesado Tomás Pérez-Sauquillo y con Laura Gómiz como directora general, «el descaraje total en la documentación de Invercaria», según la expresión utilizada por la propia Gómiz ante la Audiencia de Sevilla, llegó a su punto álgido y el director de Promoción de Invercaria puso como ejemplo que se le encargaron por parte de Gómiz en un correo electrónico rellenar expedientes inexistentes e incompletos para tratar de engañar a los juzgados con el objeto de tapar o de vestir el ‘muñeco’ de inversiones y ayudas concedidas de manera irregular en muy diversos sectores.

La cuestión de fondo es que por encima de todo este entramado se encontraba la Comisión para Asuntos Económicos del Gobierno andaluz durante las etapas sucesivas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán como presidentes, encargada de supervisar y aprobar buena parte de las ayudas, inversiones y subvenciones que otorgaban las sociedades instrumentales de la Junta de Andalucía y de la cual formaban parte entonces la actual ministra de Hacienda María Jesús Montero y el actual ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas, en calidad de consejera de Hacienda y consejero de Agricultura y Pesca, respectivamente.