“En una democracia al juez se le combate con recursos, argumentos y pruebas. Nunca convirtiéndolo en un objetivo”
Las recientes publicaciones, en especial de ABC y El Debate, sobre las presuntas amenazas recibidas por la juez Biedma a manos de las cloacas del PSOE, introducen nuevos y preocupantes elementos en una investigación que ya había adquirido una gran dimensión política y judicial. Según cuentan ambos diarios, la Unidad Central Operativa (UCO) habría localizado en el teléfono del empresario jiennense Javier Pérez Dolset una anotación en la que se identifica a la magistrada de Badajoz como “jueza del hermano, choriza sin igual” y otra que se señala que el exjuez Sáenz de Tejada “tiene la info”; además de apuntar directamente a un propósito: “destruir el procedimiento del hermano”.
Lo más preocupante aparece con el testimonio de Cintia Rocho, La Celsa -cabeza del clan de narcos contactada para llevar a cabo dichas operaciones– quien al parecer ha asegurado ante los investigadores que Sáenz de Tejada se habría referido a Beatriz Biedma como “un puto grano en el culo” y que había que “eliminarla”, llegando a utilizar, según su declaración, la expresión “a palos aprende el burro”. Otro miembro del clan ha manifestado lo obvio: “eliminarla es… matarla”.
Este elenco de afirmaciones ha de ser contrastado judicialmente. Pero su gravedad obliga a detenerse en una cuestión que va mucho más allá de la batalla política. Y la pregunta surge sola: ¿hasta qué punto es normal que un juez deje ser visto como el titular de una función encomendada por el Estado para convertirse en un obstáculo que hay que quitar de en medio?
Nada nuevo bajo el Sol: en 1992, los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino fueron asesinados por Cosa Nostra. Falcone murió el 23 de mayo, junto a su esposa, Francesca Morvillo, también magistrada, y tres escoltas, en el atentado de Capaci. Menos de dos meses después, Borsellino fue asesinado en Palermo junto a cinco agentes de su escolta.
La mafia siciliana había identificado a determinados jueces como una amenaza para sus intereses. Primero fueron objeto de campañas de desprestigio y presión. Finalmente, la violencia llevada a su máxima expresión se convirtió en herramienta para intentar detener la acción de la Justicia.
No, Badajoz no es Sicilia. La diferencia, en estos momentos, es enorme: en el caso español se investigan ahora unos hechos y unas declaraciones; en Sicilia finalmente se consumaron las amenazas de la Cosa Nostra. Pero sí existe un punto de contacto con el caso pacense que merece toda la atención y preocupación: la presunta utilización de terceros para intimidar o apartar a una magistrada porque sus decisiones judiciales resultaban incómodas para “determinados” intereses de la cosa nostra patria.
Afortunadamente, Beatriz Biedma, la juez instructora del caso David Sánchez Pérez-Castejón, comparece hoy ante la Audiencia Nacional como denunciante. Y lo hace apenas veinticuatro horas después de que se hayan hecho públicos nuevos detalles del informe de la UCO.
En la comparativa con Sicilia surgen los parecidos: una juez que investigaba un procedimiento especialmente sensible aparece ahora como posible objetivo de una trama que, según los investigadores de la Guardia Civil, habría buscado información sobre ella y habría intentado alterar el normal desarrollo del proceso que finalizó con la condena del hermanísimo.
La pregunta no es solamente quién, durante el procedimiento, insultó y escrachó a la magistrada, quién difundió rumores, o quién buscó información sobre ella en Badajoz. Lo realmente trascendente es conocer si “alguien” intentó presionar a una juez para modificar sus decisiones.
Eso es precisamente lo que hace que el recuerdo de Falcone y Borsellino no sea una comparación retórica. La historia de Sicilia demuestra hasta dónde puede llegar una estructura de poder mafiosa cuando identifica al juez como un enemigo y no como una autoridad independiente.
Badajoz sigue distante de la Palermo de 1992. Basta comprobar que Biedma está declarando hoy mientras Falcone y Borsellino reposan bajo tierra. Pero una democracia tampoco debe esperar a que una amenaza se consume para preguntarse dónde está la diferencia entre ambas ciudades.
El Poder Judicial sigue su curso: ahora corresponde a la Audiencia Nacional determinar qué hay detrás de las palabras “eliminarla”, quién las pronunció, con qué intención y, sobre todo, si esas palabras formaban parte de algo más que una conversación.
En una democracia al juez se le combate con recursos, argumentos y pruebas. Nunca convirtiéndolo en un objetivo. Porque la independencia judicial se pone a prueba precisamente cuando el juez dicta una resolución que el poderoso no acepta.
La información conocida tras el nuevo informe de la UCO desemboca necesariamente en una pregunta alarmante: si bien no se culminó, ¿hasta dónde llegó la pretendida operación para apartarla del procedimiento que afecta al hermano del presidente del Gobierno?
