Un grupo de las personas que resultaron heridas –un total 37 y dos de ellos graves– por este descarrilamiento del tren Málaga-Sevilla del pasado miércoles estudia interponer una demanda contra la empresa pública Adif a la que consideran responsable del accidente por ordenar la reapertura de la vía afectada por las fuertes lluvias registradas en la zona horas antes del siniestro.

Los heridos plantean posibles responsabilidades en vía administrativa por mal funcionamiento de la administración que puedan derivarse del siniestro, es decir, por una acción judicial no penal, la cual llevaría a un juzgado de lo contencioso administrativo, según informó este viernes el Bufete Osuna Abogados, que explicó que el daño ocasionado con el accidente ferroviario «podría derivar en una responsabilidad patrimonial de la entidad pública Adif, que se encarga de la infraestructura de los ferrocarriles, tras la decisión de abrir la vía a pesar del estado de la misma fruto de las malas condiciones climáticas que convirtieron el terreno en un barrizal».

Sobre esta cuestión, desde Adif han recordado el derecho que asiste a un ciudadano en un Estado de derecho a emprender las posibles acciones judiciales que consideren oportunas, y en todo caso han querido recordar que cada vez que una persona adquiere un billete de tren, también compra un seguro obligatorio de viajeros, orientado a cubrir las contingencias que puedan producirse en el viaje.