Parece no haber marcha atrás en las consecuencias impositivas que acarreó la consulta hecha desde las cofradías de Murcia al Ministerio de Hacienda, que se mantiene en sus trece -en su 21% para ser exactos- respecto del IVA que han de pagar (ya se está haciendo este año) por las sillas y tribunas de las carreras oficiales de la Semana Santa.
La Hacienda estatal, la del Ministerio socialista, basa su argumento en que alquilar sillas es una “actividad empresarial”.
Por más que el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía han intentado evitar el gravamen repentino y de golpe del 21% para todos los abonados, el Ministerio de Hacienda no cambia un mínimo siquiera de su decisión. Se ha deshecho la esperanza de lograrse al menos un IVA reducido, que se hubiera quedado en una subida del 10%.
La ministra socialista María Jesús Montero se ha mantenido inflexible en su decisión. Incluso inalterable cuando recibió esta semana la solicitud de la Junta de Andalucía para que redujera el IVA. Montero no ha considerado en absoluto la alegación de que la Semana Santa es una celebración de interés turístico, del máximo interés turístico en todo el mundo. Desde la determinación implacable de la ministra del gobierno de la coalición social comunista, no se ha recurrido ni a la consulta sobre este tema a la Unión Europea. El criterio de Montero es inamovible.
Sin embargo, y a pesar de que cientos de ciudadanos -incluso afines al PSOE- se han tomado la aplicación del 21% del IVA como un abuso propio de la voracidad fiscal de Hacienda, el sacrificio de los abonados ha superado la posibilidad de renunciar a sus sillas, pues en el caso de Sevilla han sido renovados los alquileres en su totalidad, tanto los que se mantienen de otros años como los que, por causar bajas, se han vuelto a adjudicar por sorteo.
Lo que cuesta el alquiler de las sillas en general o de los palcos de la Plaza de San Francisco en particular, oscila entre unos 72 euros y cerca de 750.
