Puigdemont no contraataca con la independencia y afirma que convocará a su Parlament

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy propondrá al Senado, donde tiene mayoría el PP, destituir a Carles Puigdemont y a todo su Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución para restaurar el orden constitucional. La decisión fue acordada con el PSOE y Ciudadanos estos pasados días atrás. Ha sido un cambio de tendencia, un auténtico golpe constitucional, con la Ley de Leyes en la mano, contra el golpe secesionista. El Parlamento catalán no será disuelto, pero sus funciones quedarán muy limitadas. El objetivo final es convocar elecciones antes de seis meses. «Mi voluntad es hacerlo tan pronto como recuperemos la normalidad institucional», subrayó el jefe del Ejecutivo. Los Mossos y TV3 quedarán bajo la tutela gubernamental, según el texto remitido a la Cámara Alta.

El Consejo de Ministros se reunió de forma extraordinaria durante más de dos horas y, al término, compareció el presidente para anunciar las principales medidas en el marco del artículo 155. «No era ni nuestro deseo ni nuestra intención, no lo fue nunca», admitió el presidente. Pero, a su juicio, no le han dejado otra opción. «Ningún Gobierno de ningún país puede aceptar que se viole la ley».

Cuatro son los objetivos del Ejecutivo. «Volver a la legalidad, recuperar la normalidad y la convivencia, continuar con la recuperación económica y celebrar elecciones en una situación de normalidad», resumió Rajoy. El presidente fue solemne y rotundo. «Mi único temor es no cumplir con mi obligación», afirmó. «Lo que me he encontrado enfrente no lo había visto en los muchos años que llevo en la vida política», lamentó, en relación a Carles Puigdemont. «Esto no es propio del mundo en el que vivimos».

Carles Puigdemont

Rajoy avanzó las medidas más potentes y dejó a Soraya Sáenz de Santamaría explicar los detalles técnicos del plan de acción del Ejecutivo. El papel de la vicepresidenta sigue siendo clave a pesar de que en su día pilotó la denominada operación diálogo con la Generalidad, en la que llegó a tener incluso un despacho en Barcelona. En resumen, el control del Estado Central será prácticamente total hasta que el presidente, que asume esas competencias, convoque elecciones. Antes, eso sí, el Senado tendrá que aprobar el paquete de medidas, cosa que ocurrirá el viernes 27.

Las medidas del Gobierno

Finalmente, Rajoy, tras consensuarlo con Pedro Sánchez y Albert Rivera, optó por la destitución de todo el Gobierno catalán. Incluidos Puigdemont y Oriol Junqueras, su número dos. Fuentes de Hacienda ya avanzaron esta semana que, para recuperar cierta certidumbre en materia económica, Junqueras tenía que marcharse. Tras la autorización de la Cámara Alta, los ministerios se encargarán de asumir las funciones de las distintas consejerías. Estos departamentos llevan semanas haciendo informes para llevar a cabo esta delicada operación. Ahora, el Ejecutivo debe decidir si crea un ente colegiado para organizar estos trabajos con un responsable máximo. Incluso se ha barajado la posibilidad de crear un ministerio propio para Cataluña, no liderado por una figura política

El Parlamento catalán no será disuelto pero sus funciones quedarán muy limitadas. No podrá proponer candidato a presidente ni celebrar un debate y votación de investidura. Las actividades de control corresponderán al Senado -donde los responsables ministeriales darán cuenta de su gestión cada dos meses- y la Cámara autonómica no podrá adoptar iniciativas contrarias a la Constitución ni al Estatuto catalán, mientras que el Gobierno tendrá un plazo de 30 días para ejercer su derecho a veto. Puigdemont seguirá siendo diputado y Carmen Forcadell presidenta del Parlament.

En el acuerdo del Consejo remitido al Senado, el Gobierno también se refiere expresamente a los Mossos y los medios de comunicación públicos. El Ejecutivo «podrá dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los miembros de la Policía de la Generalitat de Cataluña». Esto es, Interior dirigirá las funciones de este cuerpo. Y en caso de que sea necesario, los miembros de los Mossos «serán destituidos por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado». No hay una mención expresa a Josep Lluís Trapero.

Área de telecomunicaciones

Los órganos designados por el Gobierno también tutelarán el área de telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas y audiovisuales. «Se garantizará la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial; así como el conocimiento y respeto de valores y principios contenidos en la Constitución y el Estatut», se especifica por escrito. En caso de que algún directivo o trabajador se oponga, según fuentes gubernamentales, serán apartados.

El Gobierno asumirá las gestión de todos los ingresos y gastos de la Generalitat y el Estado podrá imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios catalanes que no acaten el 155, según se desprende de la documentación oficial. Todo porque, tal y como se razona en la «motivación política y jurídica de la aplicación» 155, Puigdemont y sus socios han protagonizado una «desobediencia rebelde, sistemática y consciente» afectando «de manera grave al interés general de España».

La reacción de los secesionistas no se hizo esperar. Carmen Forcadell dio una rueda de prensa a los siete y media y dijo «que no podrían tolerar lo que han hecho». El presidente de la Generalitat lo hizo hora y media más tarde y no proclamó la independencia, como había amenzado. Puigdemont, ha anunciado esta noche que pedirá un pleno en el Parlament en los próximos días para responder al presidente Rajoy, sobre el intento de «liquidar» el autogobierno y la democracia de Cataluña y para «actuar en consecuencia». Como dato anecdótico el sábado por la tarde hubo una manifestación en apoyo de «los Jordis» encarcelados, los líderes de ANC y Omniun y lograron reunir 200.000 personas, muy lejos de esas cifras «millonarias» con las que nos tenían acostumbrados.