También en Galicia, como el viernes pasado en el País Vasco, se confirmó que las juntas electorales provinciales se niegan a realizar los escrutinios generales previstos en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) y en las respectivas normas electorales de cada comunidad autónoma. De este modo, todo el proceso de la democracia queda en manos y al albur de cada Gobierno convocante de un proceso electoral, así como de la empresa a la que cada Ejecutivo encarga el sistema de conteo digital la misma noche electoral. Dicho mecanismo informático no es ni siquiera mencionado en la Loreg.

Ayer, lunes, 20 de julio, se iniciaban las tres jornadas previstas para el llamado «escrutinio general» en las cuatro provincias gallegas y en apenas unas horas de esta primera jornada dejaron resuelta la cuestión, una vez más sin proceder a «la apertura sucesiva de los sobres» que contienen las actas de papel, único soporte al que la ley otorga validez para la comprobación de los resultados. Así lo comprobaron los agentes enviados a cada una de esas sesiones por la Plataforma Elecciones Transparentes, una asociación cívica que preside José Miguel Alvarado y que viene haciendo seguimiento del cumplimiento de lo dispuesto legalmente.

El panorama es desolador por cuanto dichos escrutinios son la única garantía prevista legalmente para efectuar el recuento y suma general de votos de cada convocatoria electoral. Es más, la Loreg no hace mención alguna del proceso de recogida de datos electrónicos que en paralelo efectúa el Gobierno convocante y organizador de las elecciones y sólo otorga validez jurídica a dos momentos de todo el proceso: de un lado, al recuento en cada mesa electoral de los votos introducidos en la urna el día de las votaciones, que da origen a una acta que firman el presidente y los dos vocales de cada mesa y cuyo original y copias de las mismas se introducen en sobres firmados y sellados para su envío a la autoridad competente, que es la administración electoral (las JEP y la JEC); el segundo momento al que la ley reconoce validez para vigilar el proceso y hacer recuento corresponde a las juntas electorales provinciales cuando la circunscripción, como es el caso de las autonómicas y las generales, es la provincia.

Este segundo momento es el que desde hace al menos 20 años, con la complacencia actual de todos los partidos, dejó de efectuarse por la dejación de las diferentes JEP de España, como así lo reconoció en su día la Junta Electoral Provincial de Sevilla en respuesta a un recurso que presentó Vox con motivo de las elecciones autonómicas de 2015 y que motivó que la Junta Electoral Central ordenase la inmediata «repetición» del escrutinio ajustándose a lo que indica la Ley.

Ni siquiera en aquella ‘repetición’ del escrutinio ordenado por la JEC, la Junta Electoral de Sevilla se avino en ajustarse a lo dispuesto en la norma ni en lo ordenado expresa y bastante minuciosamente por el fallo de la JEC, limitándose en aquella ocasión a realizar un cotejo de los datos de cada acta con los datos que figuraban en los ordenadores de la empresa contratada por el Gobierno, pero sin que nadie de la Administración electoral, que es la única encargada de validar los resultados electorales, efectuase las sumas correspondientes de aquellos datos, por lo que se desconoce la correspondencia, real o supuesta, que pudiera haber entre las sumas del ordenador y las que hubiese habido de realizarse las mismas de forma manual e independiente.

En todo caso, de la repetición de aquel escrutinio se extrajeron más de un centenar de incidencias que afectaron a unos 2.000 votos aproximadamente que habían sido asignados inadecuadamente. Y posterior a ello, muchas más correcciones sucesivas atribuidas a «errores aritméticos» no especificados se reflejaron en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (Boja), entre ellos 20.000 mal contabilizados en la provincia de Jaén, sin que pueda determinarse a quién o a quiénes afectaban dichas correcciones, dado el cripticismo con el que las mismas fueron hechas, pues no las atribuían a un partido en concreto y en otros casos se referían a partidos pero no se señalaba a qué provincias correspondían.

Hasta la fecha, una convocatoria electoral tras otra, las JEP de toda España se limitan a dar por buenos los datos que facilita el Gobierno de turno la misma noche electoral. Dichos datos son obtenidos mediante la transmisión electrónica de una transcripción de las actas enviadas a pie de urna por los llamados «representantes de la administración», que no son otra cosa que personas (no necesariamente funcionarios) contratadas para la jornada electoral y al servicio de una empresa del Gobierno para que realice una gestión paralela y al margen de la ley de los resultados de cada mesa electoral.

Con dichos datos, enviados desde una tablet por personal no funcionario y contratado para la ocasión, el Gobierno de turno, convocante y organizador de cada proceso electoral, gestiona mediante un programa informático que está fuera del control de la Administración electoral, única encargada de validar los resultados, todos los datos obtenidos ese mismo día, de todo lo cual la Ley no hace mención ni referencia de ninguna clase.

En apenas unas horas, los medios de comunicación ofrecen esa misma noche unos resultados totales y parciales que carecen de toda validez jurídica, pues son las Juntas Electorales Provinciales las únicas facultadas para ello, las cuales han de reunirse días después para proceder, según la Loreg, a la apertura sobre por sobre para el recuento y suma de los datos obtenidos directamente de las actas de papel y no para limitarse a otorgar una validez (en todo caso supuesta, pero no verificada de manera material) a los resultados que ya figuran en el ordenador del Gobierno de turno desde la noche de autos y que a esas alturas ya figuran esparcidos por todos los medios de comunicación y en la propia web oficial de los gobiernos.

No se sabe a ciencia cierta cuál es el motivo para que las JEP se nieguen a realizar el minucioso proceso de recuento y suma que la Ley establece y les encarga, aunque en la respuesta al recurso presentado en las elecciones andaluzas de 2015, la JEP de Sevilla apuntaba que de hacerse como exigía la Ley sería una tarea «larga y prolija», a lo que la JEC le contra argumentó que «es el motivo por el que la propia Ley electoral establece un período de tres días para realizar el escrutinio general» en sesiones ininterrumpidas de al menos 12 horas, pudiendo continuar al día siguiente dicha labor; y así, hasta tres días consecutivos..

Aún se entiende menos que todos los partidos, ahora también incluido Vox, hayan hecho renuncia durante todos estos años a reclamar ni a recurrir este flagrante incumplimiento de la Ley, que deja de facto en manos del Gobierno y de la empresa a la que contrata (usualmente la multinacional Indra) el control, gestión y manejo de los resultados electorales sin verificación alguna por parte de la Administración electoral que es a quien la Ley le encomienda dicha tarea.

Así pues, el proceso informático que se desarrolla desde que se firman las actas en cada colegio electoral y hasta que se inicia la sesión de escrutinio general en cada JEP, permanece oculto a los ciudadanos y a toda otra administración fuera del Gobierno y de la empresa, en cuyas manos se deposita una confianza ciega, impropia y que la Ley no contempla, pero que las JEP y los partidos han dejado de controlar a pesar del mandato taxativo e imperativo de la Loreg y de la propia JEC de que el recuento y suma se realice en base únicamente a las actas de papel y no otorgando validez a los resultados que ofrece el mecanismo informático del Gobierno de turno.