En la primera sesión las defensas han insistido en reclamar la nulidad de la vista oral, de las investigaciones del extinto Grupo Especial (Gepol) de dicho cuerpo y del testimonio de una de las vocales del tribunal del proceso selectivo, mientras la Fiscalía les ha reprochado su intento de proyectar una «conspiración judeomasónica» contra los agentes acusados y el «uso torticero» de su propia vida privada

Durante esta sesión inicial del juicio por la presunta filtración de los exámenes , promovido contra un total de 45 personas entre las que figuran 37 policías locales y el superintendente de la Policía Local, Juan José García, la fiscal encargada del caso ha hecho una «observación» a los últimos documentos aportados para el juicio por los abogados defensores. Al respecto, ha criticado que hayan sido «robadas» una serie de fotografías de su perfil en la red social Facebook correspondientes a unas vacaciones, para sostener la tesis de que la representante del Ministerio Público sería «amiga íntima» de la familia de uno de los agentes del extinto Gepol, que bajo las órdenes de la Fiscalía se encargó de indagar los hechos sometidos ahora a juicio.

En ese sentido, ha negado cualquier «amistad o enemistad» con los acusados o los testigos, extremo que ha tachado de «rotundamente falso», criticando que alguien haya investigado en su perfil de la red social Facebook a la búsqueda de «fango» con el que «salpicar» su imagen. Así, ha censurado duramente el «uso torticero» de su vida privada para aportar aspectos de la misma a los argumentos de la defensa, reservándose posibles «acciones legales» por la introducción de su vida personal en el juicio.

Tras esta «objeción» inicial de la fiscal, el resto de la sesión ha sido dedicada a cuatro de las 16 cuestiones previas planteadas conjuntamente por los abogados defensores de los acusados, quienes han insistido en reclamar la nulidad del juicio, bajo la tesis de que su celebración compete a la Audiencia Provincial y no a un juzgado de lo Penal. Al respecto, los abogados defensores han mostrado su «enérgica oposición» a la decisión de la Audiencia de que sea un juzgado de lo Penal el encargado de celebrar la vista, alegando aspectos como la «pena en abstracto» que pesa sobre los acusados y la idea de que el asunto corresponde a la Audiencia por los tipos delictivos y penas que rodean al caso.

Ante ello, la fiscal ha lamentado que los abogados defensores insistan «una y otra vez» en cuestiones ya resueltas, lo que le ha llevado a señalar el supuesto «interés» de los mismos por suspender de nuevo el juicio, inicialmente fijado para septiembre de 2017 pero finalmente aplazado hasta ahora.

LOS DOCUMENTOS APORTADOS

Los abogados defensores, no obstante, han esgrimido su reclamación de que el juicio se celebre con las máximas «garantías», exponiendo como segunda cuestión previa su reivindicación de que sea anulada la prueba aportada por una de las vocales que formaban parte del tribunal de las oposiciones en representación de la Junta de Andalucía y que, «cuatro años» después de testificar ante los investigadores y en sede judicial, habría entregado documentos localizados en su propio hogar durante una «limpieza» con preguntas introducidas en los exámenes, unos documentos que inicialmente se habrían dado por extraviados.

Los abogados defensores consideran que esta vocal del tribunal del proceso selectivo habría «escondido» la supuesta «sustracción» de estos documentos hasta el «momento procesal» en el que ya no cabía su imputación en la causa judicial, sospechando que esta mujer habría actuado bien «asesorada» en materia judicial y manifestando su opinión en cuanto a que su participación en el juicio debería ser en calidad de «coimputada» y no como testigo.

Así, además de reclamar la nulidad de la incorporación al juicio de los citados documentos al tratarse de una «prueba ilícita», los abogados defensores han solicitado anular el testimonio de esta vocal del tribunal de la oposición, conformado por otros dos vocales más, un suplente, el superintendente de la Policía Local y un funcionario municipal.

La fiscal, que sostiene que los miembros del tribunal acusados en el juicio filtraron de modo intencionado y selectivo la plantilla de corrección del caso práctico de la oposición, ha admitido que la citada vocal del tribunal contactó con ella vía llamada telefónica para informar el hallazgo «casual» en su domicilio de documentos con 19 preguntas del examen.

En este punto, la fiscal ha expuesto que ella misma le dio instrucciones para que entregase los documentos al juzgado y ha precisado que esta testigo «nunca ha confesado que hubiese sustraído» tales documentos y que aunque su descubrimiento resultase ciertamente «sorprendente», los mismos fueron hallados de un modo «absolutamente casual».

NINGUNA «CONSPIRACIÓN JUDEOMASÓNICA»

Así, ha criticado que las defensas intenten proyectar la tesis de que media una «conspiración judeomasónica» contra los policías locales acusados en este juicio, defendiendo la «honestidad» de esta testigo frente a las «intentonas» de imputar en la causa a esta vocal y su «compañera», en alusión a las representantes de la Junta de Andalucía en el tribunal de la oposición. En este punto, el representante del Ayuntamiento de Sevilla, ha recordado que en su papel de acusación solicitó también la imputación de esta testigo, extremo denegado incluso por la Audiencia Provincial.

En tercer lugar, los abogados defensores ha reclamado anular el papel como testigos y peritos de los agentes del extingo Grupo Especial de la Policía Local (Gepol) de Sevilla encargados de investigar este asunto, así como sus actuaciones al respecto, alegando que los mismos tendrían «intereses directos o indirectos» en el procedimiento judicial por causas de «enemistad» con los policías acusados, toda vez que la fiscal ha descartado tal extremo y ha avisado de la «campaña de acoso» sufrida por estos agentes a cuenta de su investigación.

Al respecto, recordemos que la Fiscalía encuadra la presunta filtración de los exámenes en un intento de favorecer a «determinados aspirantes por razones de amistad o vínculos «familiares o sindicales», señalando expresamente el caso de un opositor y ya agente acusado, hijo del presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Sevilla (Sppme), Manuel Bustelo.

Finalmente, en su cuarta cuestión previa, los abogados defensores han reclamado anular como prueba el contenido de los archivos digitales «volcados» para recabar información sobre los hechos durante la investigación de los mismos, entre otros aspectos porque se trata de información perteneciente al Ayuntamiento, que ejerce como acusación en la causa y habría dejado pasar «meses sin custodiar» dichos archivos.