El estado de alarma va tocando a su fin con la llegada del próximo día 9 de mayo. Al parecer, la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es darlo por concluido tras más de un año desde su declaración oficial decretada el 14 de marzo de 2020.

Todo hace pensar que el estado de alarma desaparece el 9 de mayo, como estaba previsto en su última prórroga aprobada para seis meses. Al menos las manifestaciones de Pedro Sánchez no se han pronunciado precisamente en contra del final de su declaración, sino todo lo contrario: que no tiene la intención de extender por más tiempo una situación excepcional en todo el país.

Sin embargo, para muchos observadores políticos -que ya ayer emitían sus juicios en espacios televisivos de primera línea, como en el debate nocturno de TVE– la inclinación del presidente del Gobierno se mueve en coordenadas de puros intereses electorales de cara a la convocatoria de la Comunidad de Madrid. En opinión de algunos comentaristas de la actualidad política, Sánchez modula su postura siendo consciente de que mantener el estado de alarma reduce elevadamente la cantidad de votos que pueda obtener el PSOE. Estiman incluso que en cuanto se supere el periodo electoral y se conozcan los resultados del 8 de mayo (sólo un día antes del previsto para finalizar el estado de alarma), el presidente puede cambiar inmediatamente de opinión tan pronto como le conviniera a sus intereses de partido. Por lo tanto, todo fluctuará en función de lo que suceda en Madrid, donde todas las previsiones de las encuestas y sondeos otorgan el poder, revalidado con creces, a Díaz Ayuso -del PP- que encontrará en VOX, notablemente avanzado en escaños, grandes posibilidades de acuerdos para regir en mayoría absoluta.

Todo está, pues, en el aire, conociendo se conoce la personalidad veleidosa de Sánchez, incapaz de mantenerse en sus propias palabras, con la inercia harto demostrada de mentir y contradecirse constantemente en su trayectoria política y como presidente del país.

Si finalmente, y como se vaticina, el estado de alarma concluye el 9 de mayo, las comunidades autónomas quedan desprendidas automáticamente de la facultad y competencia actual para establecer y ordenar cierres perimetrales entre municipios, provincias e incluso las propias comunidades. Tampoco les quedará al alcance fijar horarios para el toque de queda, que se suprime conjuntamente con el estado de alarma, todo lo cual no está mal visto por los comentaristas políticos al tener en cuenta que, al cabo de más de un año de la irrupción de la pandemia, las circunstancias han cambiado sobradamente en la forma de enfrentar los contagios y gestionar las diferentes y sucesivas olas, mucho más controladas que cuando todo empezó.

En la Comunidad andaluza, el presidente Moreno está dejando la impresión, en declaraciones de estos días, de una relajación y suavidad en las medidas restrictivas que, lejos de ser una auténtica postura original, no es más que la forzosa influencia de las perspectivas a priori de Pedro Sánchez. La “generosidad” de Moreno no sería más que estar tirándose un farol bajo la cobertura obligatoria que va a desencadenar la supresión del estado de alarma.

Por otra parte, se apunta a que eliminado el estado de alarma, las decisiones que se pretendieran tomar respecto de nuevas restricciones a la movilidad, legalmente han de pasar antes por el examen vinculante de los jueces, quienes habrán de presentarse informes y expertizajes sanitarios que les permitan evaluar las solicitudes de los políticos, para aprobarlas o no.