Hace 20 años, en el 2000, las Juntas Electorales Provinciales en España decidieron dejar de hacer los recuentos manuales, como así lo exige taxativamente la ley española.

No es una conclusión de una investigación periodística, sino que así lo puso por escrito y lo reconoció en 2015 la Junta Electoral Provincial de Sevilla en una resolución ante un recurso que el firmante de este artículo redactó y que presentó Vox en reclamación de que el escrutinio general de las elecciones autonómicas de marzo en Andalucía no se había desarrollado conforme a lo que indica la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).

«Suponemos -decía en su respuesta al recurso de Vox- que en todas las demás, al menos de circunscripciones de gran tamaño», se hace del mismo modo, mediante «el procedimiento de escrutinio general abreviado (sic) que se viene adoptando inveteradamente (sic) en esta Junta Electoral». Y se quedaron tan anchos.

Ante tamaña confesión de parte, que justificaban por la progresiva introducción en el proceso electoral de la tecnología informática y sin conocer qué cosa era eso que denominaban «procedimiento abreviado», la JEP de Sevilla dijo en su respuesta al recurso: «Es evidente que existe, al menos formalmente, una irregularidad procedimental en el escrutinio, que esta JEP no tiene inconveniente en reconocer». Y añadía: «Otra cosa es, empero, que esa irregularidad sea invalidante del escrutinio realizado por el procedimiento abreviado que viene siguiéndose en esta JEP al menos desde el año 2000». Y otra vez tan anchos.

La Junta Electoral Central vino a ponerlos en su sitio unos días más tarde y ordenó la repetición del escrutinio general…, que en realidad no se había celebrado al incumplir de cabo a rabo con lo que la Ley exige. Pero cinco años después siguen igual en todas partes y los escrutinios generales no se celebran por más que la JEC recuerda una y otra vez cómo ha de procederse para cumplir con la legalidad.

Lo trascendental de ese recordatorio de la JEC a todas las JEP viene contenido en el siguiente párrafo de su decisión inapelable: «Debe tenerse en cuenta que los resultados provisionales facilitados el día de la votación por la Administración convocante del proceso electoral carecen de toda vigilancia o supervisión por parte de la Administración electoral, la cual, aun cuando pueda servirse de dichos resultados para cotejarlos con los que resulten del escrutinio oficial que le corresponde hacer, nunca puede sustituirlos sino que debe realizar su recuento conforme a las actas [de papel] proporcionadas por las respectivas mesas electorales».

Resulta imposible que alguien no entienda la claridad de ese mensaje que de forma taxativa y rotunda establece la JEC, que obviamente deja de lado por completo todo cuanto queda en manos de las empresas informáticas que ayudan al Gobierno a recaudar los datos electorales en esa jornada.

Aquel mismo año 2000 al que se refirió la JEP de Sevilla, tres socios venezolanos, entre ellos el ingeniero Antonio Múgica, fundaron en Caracas la empresa Smartmatic, dedicada a implementar sistemas informáticos para el recuento de votos.

Muy pronto, Smartmatic, utilizando la tecnología que le proporcionaría una multinacional española, Indra Sistemas, S.A., se convertiría en la compañía que iba a organizar de facto todas las elecciones del chavismo entre el año 2004 y 2015… con pleno éxito de resultados… para el golpista Hugo Chávez.

Lo importante, como anotó Stalin en su día, «no es quién vota, sino quién recuenta los votos», y Smarmatic, con el sustento tecnológico de Indra por detrás, lo acreditó sobradamente, aun con las múltiples sospechas y denuncias de los observadores internacionales que asistían a los comicios venezolanos. Hasta que en 2017, Smartmatic, que siempre fue acusada por sus conexiones y buenas relaciones con el chavismo, fue dejada de lado por Nicolás Maduro, que perpetró un pucherazo antológico y descarado.

Enseguida, Antonio Múgica, uno de los fundadores de la compañía Smartmatic, que para entonces había trasladado su sede a EE.UU. y luego a Londres, quiso hacer un desmentido desvinculándose de aquel último proceso electoral. En su desmentido, sin embargo, reconocía haber llevado a cabo los recuentos informáticos en Venezuela entre 2004 y 2015, y gracias a ello había logrado posicionarse en otros muchos países como suministrador de la tecnología y la logística necesarias para el recuento del voto.

Ahora es Rudolph Giuliani, el prestigioso ex alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001, conocido como «el alcalde de EE.UU.», el que ha venido a señalar a Smartmatic como responsable último de los fallidos y siniestros sistemas de recuento implantados en una veintena de estados a través de la compañía canadiense Dominion.

Es sólo una de las dos patas principales en las que Giuliani sustenta sus demandas ante las Cortes Supremas de varios estados para intentar demostrar un fraude electoral calculado por parte del Partido Demócrata. La otra pata se centra en el voto por correo, una fórmula más artesanal y quizá menos sofisticada pero igualmente efectiva de torcer los resultados en unas elecciones. Centrémonos ahora, en estos capítulos primeros, en la pata tecnológica, cuyo soporte parece haber prestado en una treintena de circunscripciones la empresa canadiense Dominion.

La tal Dominion parece estar participada por la citada compañía venezolana Smartmatic y, en cualquier caso, utiliza la tecnología proporcionada por ésta, que a su vez es la misma que desarrolla la mega multinacional española Indra Sistemas.

Desde hace al menos una década, Indra propaga desde su página web la urgente necesidad de implantar la «democracia electrónica» y al menos desde las elecciones municipales de 2015, pero también antes, ha ensayado ya en numerosas ocasiones en España como experimentos-piloto la realización de voto electrónico en determinados distritos de ciudades previamente marcadas.

Sevilla, por ejemplo, ha sido elegida en varias ocasiones para estos ensayos y algunos de sus barrios han experimentado y hasta sufrido en sus carnes el resultado. Por ejemplo, en las municipales citadas de 2015, el barrio de Los Remedios de voto mayoritario moderado y de derechas, registró la sorprendente asignación de un número de votos desproporcionado, de muchos miles, para la formación IU. Tardaron casi 24 horas en corregirse a sí mismos y en asegurar, sin más explicaciones, que se había tratado de un error en la asignación correspondiente.

Pero, ¿qué conexión tienen estas empresas y algunas otras del sector y por qué las elecciones presidenciales norteamericanas han situado a España en el ojo del huracán de «un fraude colosal», según Giuliani, «la estafa electoral más atroz de la Historia de EE.UU. en la era moderna», según nos explica él mismo en un reciente video? Lo veremos en el siguiente capítulo…

(Continuará)

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— Vincent Kennedy (@VincentCrypt46) November 12, 2020

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