El alto tribunal ha acordado así el archivo, «por no ser los hechos constitutivos de infracción penal» ante presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación por omisión en relación a presuntas irregularidades cometidas cuando era el alcalde de Alcalá

El Supremo ha acordado el archivo de la causa por presunta malversación y prevaricación contra el exalcalde socialista de Alcalá de Guadaíra y actual diputado en el Congreso Antonio Gutiérrez Limones por la gestión de la extinta sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM).

Según ha detallado el Alto tribunal en la sentencia emitida este jueves, las actuaciones se incoaron en virtud de una exposición razonada remitida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra. Además de esto, expone que la decisión de archivo adoptada por el juez instructor está apoyada por la Fiscalía.

En relación al delito de malversación de caudales públicos, por el supuesto pago por ACM de actividades privadas del entonces alcalde por importe de 976 euros, el magistrado explica que «está prescrito», al ser el periodo de prescripción de tres años. Por esto, se ha excedido «con creces» dicho periodo entre la última de las facturas investigadas, de julio de 2007, y la incoación de la causa en noviembre de 2017.

Por otro lado, el juez manifiesta que «tiene dudas» de que existiese la desviación de fondos públicos y que los pagos no se realizasen en realidad por el propio alcalde con dinero de su cuenta corriente, como su defensa sostuvo en la causa.

En cuanto al delito de prevaricación por omisión, el juez instructor «no aprecia» en Gutiérrez Limones una «voluntad permanente en el tiempo» de impedir el control de la empresa municipal de la ACM o no adoptar las medidas adecuadas contra las actividades presuntamente delictivas desarrolladas en el seno de dicha empresa.

Sobre esto, el TS no aprecia la voluntad de impedir controles por parte del diputado socialista, ya que el alcalde «sólo recibió una petición en esa materia» del interventor y «no puede entenderse que las irregularidades fuesen un hecho notorio», no perteneciendo Gutiérrez Limones al Consejo Rector de ACM.

En el marco de la causa, el pasado 8 de febrero el TS llamó a declarar a Gutiérrez Limones, que aseguró que la gestión de la extinta sociedad fue «conforme a la ley» y negó los cargos que se le imputaban tal. «He hecho mis aclaraciones y mis explicaciones lógicamente para demostrar que todo se hizo conforme a la ley y espero que así lo valore el tribunal y así lo declare a la mayor brevedad posible», sentenció.

Días después el Alto Tribunal citó a declarar, en calidad de testigos y por la misma causa de irregularidades en ACM, al que fue interventor del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) Francisco de Asís Sánchez- Nieves y al exgerente de la empresa Alcalá Comunicación Municipal (ACM) José Luis Díaza Aragón.

El TS abrió una causa contra el parlamentario socialista el pasado noviembre en atención a la exposición razonada que le había remitido el juzgado mixto número 2 de la citada localidad sevillana tras hallar «indicios de criminalidad» en su actuación con respecto a la citada sociedad municipal.

En aquella exposición razonada, el juez instructor de Sevilla resumió los principales términos de la investigación, que arranca de la grabación en la que Javier L.G., antiguo contable de la ya extinta empresa pública ACM, que «reconocía abiertamente, sin saber que estaba siendo grabada la conversación, la realización en el seno de la entidad de una serie de graves irregularidades penalmente relevantes».

Se trataba de «gastos en comidas de los responsables de ACM, entradas a teatros, regalos, relojes, cámaras de fotos, suplantación de la firma de la entonces presidenta (y exalcaldesa del municipio), Guillermina Navarro, viajes realizados a costa de la entidad pública por parte de los responsables de la empresa, retiradas de dinero en efectivo de las cuentas bancarias o expedición de cheques por personas no autorizadas».

Mencionó además el juez que la investigación habría puesto de manifiesto gastos de 976 euros facturados a ACM por un viaje a Madrid y visitas al parque de atracciones Warner y al parque temático Faunia, supuestamente disfrutados por «Gutiérrez Limones, su mujer y sus dos hijos».

Además, en su exposición razonada, el instructor desgranó toda una serie de «supuestas actuaciones irregulares de saqueo de la empresa pública», incluyendo prácticas «irregularidades» con proveedores y clientes, «tales como obligarles a facturar dos veces el mismo concepto, facturar por servicios no prestados o incrementar desproporcionadamente el precio de la facturado».

«Todas las irregularidades fueron dadas a conocer a los órganos superiores de la empresa municipal y eran conocidas por Gutiérrez Limones», dijo el juez instructor, que atisbó una «intención originaria de instrumentalizar la entidad para la realización de las actuaciones investigadas», dada «la ampliación totalmente injustificada, arbitraria e indeterminada del objeto social» de ACM.