“Las democracias constitucionales no están concebidas para un carrusel en el que cada derrota del Ejecutivo desencadene la búsqueda de un procedimiento alternativo a los límites del poder”

Con ser el fundamento de la democracia, es tal la gravedad del momento que ni siquiera es de interés debatir si este gobierno acierta o se equivoca. La discusión, al día de hoy, discurre por otros derroteros: hasta dónde está dispuesto a llegar un dirigente político para conservar el poder.

Es más que conocido que la mayoría parlamentaria del Congreso rechazó la pasada semana dos reales decretos leyes del Gobierno sobre la vivienda. Pedro Sánchez, sin embargo, en su última decisión, ha decidido volver a aprobarlos, cambiando dos comas y llevándolos a continuación a la Diputación Permanente, tras haber convocado elecciones y disuelto las Cortes.

Sobre la legalidad de la medida existen posiciones enfrentadas entre constitucionalistas, principalmente porque los constituyentes creían difunto y bien enterrado a Maquiavelo, sin pensar en el sobrino que llegaría a su familia cinco siglos después.

Surge así una nueva cuestión política que quiere disimularse como innovadora técnica parlamentaria: ¿qué resultados tiene para una democracia que el Gobierno busque una nueva vía (una comisión representativa de un órgano superior) para sacar adelante lo que acaba de ser rechazado por el Pleno del Parlamento? ¿Hasta qué punto sufre la democracia con este “hackeo” de la voluntad popular?

La Constitución no fue pensada como un catálogo de mecanismos destinado a garantizar que el Ejecutivo consiga a toda costa lo que se propone. Es todo lo contrario: un sistema de límites al poder. Y cuando el Gobierno trata esos límites como obstáculos que deben ser asaltados y derribados, la alarma con acento golpista ha de sonar necesariamente.

El Príncipe es, sobre todo, una radiografía descarnada del poder y, por extensión, del dirigente político; de su lógica, de sus mecanismos de subsistencia y de la desvergüenza del gobernante para transformar las leyes en edictos a su antojo. El sobrinísimo se ha convertido, sin duda, en el mejor alumno de Maquiavelo, quien, medio milenio después, no dudaría en calificarle con sobresaliente cum laude en la inabordable asignatura “Opus meum in praxi” (Mi obra llevada a la práctica), principalmente ante la imposibilidad manifestada por don Niccolò di Bernardo de asimilar la última frase del Duce Rojo: “Puede que el parlamento le haya dado la espalda a la calle pero el gobierno no”. Y se queda tan pancho.

Hablar de conspiraciones y de golpes de Estado queda para el progretariado. Esto es algo más sofisticado: consiste en llevar las posibilidades del sistema más allá del límite, enfrentando a todos y cada uno de los poderes, para seguir volando en Falcon.

Y ahí reside el problema. Cada decisión puede defenderse por separado. El riesgo aparece cuando se contempla la secuencia completa: la utilización intensiva del decreto-ley, la dependencia de mayorías cambiantes, la búsqueda constante de nuevas alianzas parlamentarias y, ante su ausencia, el intento de que una decisión rechazada por el Pleno pueda prosperar una semana después ante una capitidisminuida representación de la representación popular, la Diputación Permanente.

Las democracias constitucionales no están concebidas para un carrusel en el que cada derrota del Ejecutivo desencadene la búsqueda de un procedimiento alternativo a los límites del poder. Porque su órgano controlador, el Parlamento, dejaría de ser un límite para convertirse en un obstáculo maleable y negociable.

Todo ello ocurre mientras el PSOE y el entorno del presidente se encuentran acechados por una acumulación de sentencias e investigaciones judiciales de extraordinaria gravedad política (casos Koldo, Cerdán, Cloacas Leire, Begoña, David Sánchez, Fiscal General, Air Europa, Hidrocarburos, Plus Ultra, Pagos Leire, Financiación PSOE, Piezas Koldo, Obra Pública, Trama Judicial, Diputación Badajoz, Rescate Air Europa, Conflictos Intereses, Contratos SEPI, Trama Aldama, Intermediación Zapatero, “Joyerías ZP”… y creciendo). Algunos ya sentenciados, otros muchos en investigación. Pero hasta ahora siempre se había entendido que la responsabilidad política no necesitaba esperar a una sentencia para hacer su aparición.

El sistema constitucional se deteriora no solo por erosión, también por acumulación: excepciones que se convierten en precedentes, precedentes que mutan en normalidad e interpretaciones con un único afán, el poder.

El peligro no está en que mañana alguien proclame el final de la Constitución, sino en que, en escaso tiempo, las instituciones continúen llamándose igual aunque funcionen únicamente al servicio de un poder, el Ejecutivo.

El Parlamento ha de controlar al Gobierno. Los tribunales deben poder ejercer su función sin presiones. Las minorías deben aceptar las derrotas. Y el Ejecutivo debe comprender que gobernar no significa disponer de todos los resortes del Estado para alcanzar un resultado previamente decidido. Ese es -perdón, era- el espíritu que da sentido al sistema del 78.

Cada vez son más los que dan por hecho que Sánchez va a colocar a la Corona en un brete: “o el Rey o yo”. O lo que es lo mismo: “o la Monarquía Parlamentaria, caduca y heredada del ejército vencedor franquista, o la III República, imperecedera y heredera del frentepopulismo y del ejército rojo de la Segunda”.

Y, efectivamente, teniendo a los mandos al sobrinísimo, poco queda para que, de facto, y conocida su pasión por la interpretación extensible y dilatable de las leyes, se intente que la Monarquía parlamentaria deje de formar parte del pacto constitucional. Y naturalmente ignorando los procedimientos previstos por la propia Constitución.

Precisamente por eso, cualquier transformación material del sistema ha de afrontarse de frente, no mediante una acumulación de hechos consumados.

Por todo ello, el debate actual es mucho más profundo y va más allá de dos decretos-leyes (en estos casos sobre vivienda) que, tal y como proclama la Constitución (artículo 86), están contemplados para momentos de extraordinaria y urgente necesidad. No para hacer bandera en los estertores de una legislatura y tras ocho años de un gobierno silbando y mirando a otro lado en esta y en otras materias.

La pregunta (ya más que respondida a estas alturas) es si estamos ante un poder que usa las instituciones para gobernar o ante un Gobierno que las utiliza hasta el límite de sus posibilidades, para garantizar su propia supervivencia. Ahí es donde el sobrino/príncipe de Maquiavelo se parece cada vez más a su tito.

El príncipe necesita poder para gobernar. La democracia constitucional existe para recordarle que ese poder no es suyo. Totalmente al contrario: su poder es temporal, delegado, sometido a controles y… ¡qué cosas! puede perderse.

Aceptar una democracia simboliza admitir precisamente esa posibilidad, justamente la que niega el lejano pariente del florentino que nos está tocando padecer. Significa aceptar que una mayoría parlamentaria puede decir que no. Que una ley puede fracasar. Que una negociación puede romperse. Que una elección puede censurarse.

El poder democrático se legitima no solamente cuando se gana, sino también y sobre todo cuando se pierde.

Y ese es el verdadero juicio del próximo 29N. No se trata únicamente en esta ocasión de decidir quién ocupará La Moncloa. Se trata de conocer qué concepción del poder tienen los españoles, la del respeto a la Constitución, incluida su prevista reforma, o la de seguir estirando sus límites hasta que, por deformación, dejen de funcionar como tales límites.