«Es que tú quieres suponer que hay fraude y te pones a pensar como un delincuente», me dice un apoderado de un partido constitucionalista e intenta resumir con ello una pelea ya de 7 años para lograr que las juntas electorales en toda España cumplan expresamente lo que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) dispone en sus artículos 104 y siguientes, así como las reiteradas instrucciones en el mismo sentido de la Junta Electoral Central (JEC).

La respuesta que le doy es tan obvia como ineficaz: «Disculpa, pero los que habéis actuado como delincuentes sois quienes lleváis años sin cumplir la Ley y con una irresponsabilidad fuera de cacho y una falta de celo eunuca».

Y, efectivamente, así es, porque la dejación de quienes tendrían que vigilar y hacer vigilar el proceso se les ha instalado ya en la piel, la han interiorizado todos hasta convertirse en participantes felices de una farsa y, llegado el caso, si así fuera, en cómplices necesarios, no pasivos, sino activos en su inacción…, valga la paradoja.

La primera vez que asistí a un  escrutinio general de la JEP de Sevilla fue en marzo de 2012. El PP de Javier Arenas acababa de derrotar al PSOE en las elecciones andaluzas, pero, inesperadamente, se quedó a 4 escaños de obtener la mayoría absoluta que le pronosticaban todas las encuestas. No pudo gobernar.

Comencé a revisar las tablas de resultados pueblo a pueblo, por comarcas, por provincias y, en muchos casos, mesa a mesa. Lo hice frente al ordenador, desde mi casa, con los datos pormenorizados que ya entonces ofrecía la Administración.

Sin esforzarme demasiado, encontré multitud de errores en aquellas tablas de más de 10.000 mesas electorales, algunos de una obviedad flagrante. Pero también me llamaba la atención el inexplicable comportamiento electoral que, al menos en apariencia, habían tenido los andaluces en algunos pueblos, ciudades y comarcas que eran considerados feudos tradicionales del Partido Popular. Máxime si los comparabas con los resultados obtenidos apenas cuatro meses antes en esos mismos lugares por Mariano Rajoy en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011.

Descubrí entonces que la LOREG prevé un mecanismo de comprobación, tres días después de celebradas unas elecciones, en el que se otorga o no validez oficial a aquellos datos que tenía frente a mí, en el ordenador, que son los datos suministrados por la Administración que convoca y organiza cada cita electoral, o sea, por el Gobierno.

La sesión de escrutinio general de cada Junta Electoral Provincial es un acto público (puede asistir cualquier ciudadano que lo desee), así que me dirigí hasta allí y, después de un rato en silencio, observando lo que allí se hacía…, se me cayeron encima todos los palos del sombrajo.

No es que no cumplieran con lo estipulado en la Ley, sino que aquello era un alarde de dejaciones en cadena y a sabiendas, un contubernio para limpiarse los mocos con lo dispuesto en la norma, un compendio inadmisible de la más flagrante irresponsabilidad.

Los miembros de la JEP y los escasos representantes de los partidos políticos que asistían a la sesión (en aquellos años sólo acudían los del PSOE, PP e IU) no abrían los sobres que contenían las actas como la Ley exige, ni tampoco, por lo tanto, realizaban ningún recuento de las cifras.

La sesión duró apenas media hora, el tiempo aproximado de que el presidente de la JEP preguntara a los asistentes si tenían alguna mesa electoral sobre la que reclamar. Dos de los asistentes reclamaron apenas media docena de mesas donde habían descubierto errores tan de bulto que los habría detectado aquel pulpo que vaticinaba los resultados de la Selección española de fútbol en un Mundial.

Sólo esos cinco sobres se abrieron y, efectivamente, se aceptaron las correcciones propuestas porque en las actas de papel figuraban otras cifras que no eran las recogidas en el ordenador gubernamental. Allí mismo, un empleado, no funcionario (enseguida supe que se trataba de un informático de una empresa llamada Indra, contratada por el Gobierno), introducía las correcciones aprobadas por la JEP.

La pregunta era sencilla: si aquel ciudadano -no funcionario y al servicio de quien organiza las elecciones- puede entrar desde aquí y ahora mismo en la base de datos oficial para modificar algunos resultados, nada impide que lo pueda hacer antes o más tarde, desde su casa, y modificar, sin dejar constancia de ello, más resultados a conveniencia o a capricho.

Nadie sabía, o quería, contestar a nada más. Aquello terminó y se marcharon a comer todos juntos en la misma mañana en que la sesión había comenzado.

Pero lo que la Ley dispone es otra cosa muy distinta, me repetía yo, asombrado de lo que había visto con mis propios ojos.

Hubo nuevos comicios y, a partir de entonces, no cejé en mi empeño de exigir que la ley se cumpliera. Trataron de hacerme el vacío, despreciaron cuantas veces advertí de que aquello era una irresponsabilidad y minimizaban el riesgo de que sin la diligente y exhaustiva revisión y supervisión de todos los datos, alguien pudiera hacer trampas o introducir datos falsos en el proceso.

Se cometieron más y más barbaridades, se produjeron las mismas inacciones… hasta que llegaron las elecciones autonómicas de 2015.

En esa ocasión, un partido, uno solo, VOX, quiso escuchar mis argumentos y supo entender que no hablábamos de fraude ni de pucherazo, que nadie cuestionaba la democracia, sino que sólo exigíamos el cumplimiento escrupuloso de la Ley y que, de ningún modo, lo que se venía haciendo constituía la garantía para la que estaba previsto en la Ley el escrutinio general de las JEP.

Si tras la revisión unos u otros se veían mejorados o perjudicados en sus resultados finales, eso era lo de menos, pues se trataba sólo de cumplir con la legalidad y que el proceso gozara de las garantías necesarias y que el cumplimiento de lo ordenado por la ley sirviera como mecanismo disuasorio de quienes pudieran tramar algún perjuicio en la limpieza de unas elecciones y en el conteo posterior, una a una, de las voluntades de los ciudadanos.

Vox presentó un recurso con los datos que yo mismo les proporcioné después de haber hecho el seguimiento de varias sesiones de las JEP, entre ellas, esa de 2015 sobre las elecciones andaluzas.

La Junta Electoral Provincial de Sevilla se vino arriba en la argumentación que desplegó para justificar su rechazo a nuestros argumentos y, sueltos de manos, los magistrados y demás componentes de la JEP, reconocieron que el escrutinio general que realizaban se hacía «por el procedimiento abreviado», cosa que nadie sabe lo que es y que no figura en la LOREG.

También reconocían que el procedimiento común, el único que figura en la ley, se había dejado de hacer con carácter inveterado al menos desde la llegada de la informática, allá por el año 2.000… ¡¡y estábamos en 2015!!

Aprovecharon la ocasión para desmentir extensamente (sin que nadie se lo hubiera solicitado) que pudiera estar produciéndose un fraude en las elecciones. Vox sólo hablaba de exigir el cumplimiento de la ley y nunca sugirió que hubiera trampas ni pucherazos. Y, en definitiva, la JEP describió con bastante detalle que no hacía nada por remediar tan flagrantes e inveterados incumplimientos de la norma.

Con ese escrito de respuesta, equivalente a un fallo judicial de primera instancia, Vox se dirigió a la Junta Electoral Central, en Madrid, y ésta, se puede adivinar que algo escandalizada, sólo tuvo que darle la razón a la exposición de VOX y ordenó, al fin, que se repitiera de inmediato el escrutinio general previsto en las leyes.

Transcurrieron varias semanas con los resultados en suspenso y sin que ningún diputado pudiera tomar posesión de sus cargos parlamentarios en Andalucía hasta tanto no se oficializaran los datos.

En la repetición del escrutinio, esta vez sí, se abrieron por fin todos los sobres, uno a uno, que contenían las actas de las mesas electorales, cosa que no se hacía, según la propia confesión de la JEP de Sevilla, al menos desde el año 2000. Me resulta imposible saber si era esto mismo lo que ocurría en todas las demás juntas electorales de España, pero cabe pensar que, si no en todas, sí en buena parte de ellas. La comprobación fehaciente de si en otros sitios se abrían o no todos los sobres no debiera ser nada complicada, pues bastaría con mirar en los archivos y ver si esos sobres, que han de ir firmados y sellados, fueron abiertos en su día o si duermen en los estantes como los parieron quienes en aquellos lejanos años estuvieron en las miles de mesas electorales de toda España.

Aún no he logrado que me dejen entrar y comprobar esos archivos.

Ocurre, sin embargo, que aquella vez los sobres se abrieron, al fin, uno a uno, como la ley dispone, pero también ocurrió que la Junta Electoral de Sevilla se negó otra vez a realizar el recuento tal como la ley y la JEC le ordenan, limitándose ahora a montar un dispositivo de cotejo de los datos que figuran en las actas de papel respecto de los que aparecían reflejados en el ordenador de la Administración convocante.

Cotejen lo que quieran, le vino a decir la JEC a su subordinada, pero lo que han de hacer es un recuento, no sólo un cotejo, y no utilizando sólo los elementos técnicos de la Administración que organiza las elecciones.

En esta nueva ocasión, sólo con abrir los sobre y hacer el cotejo, se registraron más de cien incidencias que afectaron a la distribución de varios miles de votos y alrededor de 4.000 votos habían desaparecido como por ensalmo. Hubo, además, diversos fallos en la transmisión de datos de varios colegios que luego aparecían de repente, como en un milagro. Cosas de la tecnología.

No obstante, la JEC le recordó a todas las juntas electorales de España que el proceso electoral de quien convoca carece de vigilancia alguna por parte de la Administración Electoral hasta que no llega el momento preciso del que hablamos: o sea, el momento del escrutinio general que se ha de celebrar 3 días después de las elecciones y que sólo puede extenderse por un máximo también de otros 3 días.

Es en esos 3 días, tras las elecciones, donde todo lo actuado ha de someterse a revisión de una autoridad competente diferenciada de quien convoca y organiza. No es el enemigo ni allí ha de pensar nadie que se actúa contra presuntos delincuentes, como me sugirió el apoderado, pero sí ha de tener y dejar muy claro que no puede validar los resultados sin efectuar la comprobación imparcial que le corresponde al órgano previsto en la Ley. Es la última oportunidad para garantizar el proceso y para validar o refutar los datos que se han recopilado.

Pues bien, las JEP…, ni caso.

La comprobación que se les solicita es que cada JEP coja las actas de papel contenidas en los sobres, que sumen los datos y nos digan el resultado. Si se parece mucho o poco a la suma que ha realizado el ordenado,  determinará si corresponde alguna actuación posterior o sólo respaldar lo sumado.

Es obvio que esa tarea también podría hacerla cualquier partido con sus propios medios para una mayor verificación. Como también podríamos hacerla cualquier ciudadano, pero… ni todos los partidos, ni ud ni yo, tenemos acceso a una copia de las actas en papel y nos vemos obligados a conformarnos con los datos accesibles que son los del ordenador, es decir, que son los que nos ofrece quien convoca las elecciones: o sea, el Gobierno.

Y sí, los apoderados e interventores de los partidos presentes en cada colegio electoral, tienen derecho a que se les entregue en ese momento una copia de las actas de las mesas, pero, lo crean o no, sólo el PSOE y, a duras penas, el PP, tienen el suficiente número de apoderados e interventores para cubrir todos los colegios electorales de España. Una vez depositados en las JEP de cada provincia, la autoridad electoral se niega a suministrar copia de dichas actas. Falta añadir que tanto PSOE como PP se abstienen cada vez que se les reclama más exigencia y escrupulosidad en su trabajo a las juntas electorales.

La JEP de Sevilla alegó en su día, incluso, que efectuar ese recuento y no sólo el cotejo de datos con el ordenador, supondría una tarea prolija y demasiado larga y pesada. No sólo opino que es más extenso cotejar que hacer las sumas, sino que la Junta Electoral Central le recordó que por ese motivo, por la prolijidad de la tarea, es por lo que la ley prevé y le concede a cada junta electoral 3 días para llevar a cabo su trabajo.

Dicen que otra Junta Electoral Central, posterior a aquella que nos referimos, certificó en algún momento que la tarea de recuento puede ser sustituida por el simple cotejo con los datos informáticos, pero yo no he encontrado dicha certificación y, si existiera, en nada ayuda para clarificar y garantizar el procedimiento que la LOREG describe con minuciosidad

Nada ha cambiado, tal vez ni cambiará, a pesar de los recordatorios continuos que solicita VOX a la JEC para que les recuerde a todos, antes de cada sesión de escrutinio general, lo que la Ley exige. Pero, mientras nadie haga caso, nadie sume y se limiten a cotejar las actas con una base de datos que no es propia, tampoco nadie podrá asegurar que el proceso se ha seguido con la limpieza exigida y las sospechas crecerán.

Es cierto, yo creo, que las sospechas no son suficientes y que hay que demostrar las irregularidades, si las hubiere, pero no es menos verdad que son ellos, los poderes públicos correspondientes, quienes tienen que esforzarse por acreditar que la ley se cumple a rajatabla… Al menos hasta que llegue el día en que nos implanten el voto electrónico y desaparezcan las actas de papel, único documento capaz de validar con legitimidad los resultados, porque si ese aciago día llega y el voto electrónico sustituye lo dispuesto en la LOREG, ese día, les anuncio, estaremos políticamente ‘muertos’.