El Ayuntamiento se sumará al convenio de acreedores negociado para esquivar la liquidación de Mercasevilla con la necesaria aportación de fondos, ofrecerá a la sociedad estatal Mercasa su continuidad en la gestión del mercado central y garantizará las medidas necesarias para seguir con la actividad en la actual ubicación o mediante un «traslado»
La concejal de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales y presidenta de Mercasevilla, Carmen Castreño (PSOE), ha defendido esta propuesta que se encuadra en el concurso voluntario de acreedores declarado en 2016 para esta sociedad participada casi por completo por el Ayuntamiento y la sociedad estatal Mercasa.
La empresa solicitó dicho concurso voluntario de acreedores, después de que Mercasa no apoyase una ampliación de capital promovida para pagar una sentencia que condena a la entidad a pagar casi nueve millones de euros a la constructora Sando, toda vez que la indemnización se eleva ya a muchos más millones de euros a cuenta de los intereses de demora.
En el marco del citado concurso de acreedores, los administradores concursales de Mercasevilla han fijado en 26,6 millones de euros la deuda total afrontada por la empresa, una cuantía copada principalmente por la sentencia de Sando, ya ratificada por el Tribunal Supremo. Al respecto, y como ha defendido Carmen Castreño, media ya una propuesta de convenio de acreedores con una quita del diez por ciento de la deuda global y un periodo de pago de tres años.
Para materializar los pagos estipulados en dicho convenio, obviamente, el Ayuntamiento y Mercasa habrán de aportar los fondos necesarios como socios principales de la empresa, toda vez que todo esto ocurre en un contexto en el que en junio de 2021, y según los estatutos de Mercasevilla, la sociedad quedará automáticamente disuelta y todos sus activos y pasivos revertirán en el Ayuntamiento, con lo que es necesario además definir el futuro de la gestión del mercado central hispalense.
Así, la propuesta elevada a debate incluía, principalmente, la adhesión del Consistorio al convenio de acreedores y en consecuencia «la aportación de los fondos necesarios para las obligaciones de pago» derivadas de dicho documento. Además, contempla una «oferta» a Mercasa para que participe en la «gestión conjunta» del mercado central más allá de que en 2021 se disuelva la empresa, con «las nuevas aportaciones de fondos necesarias que correspondan en función de su participación accionarial».
Hasta 2021, no obstante, Mercasa gozaría del «derecho de apartarse del proyecto o vehículo societario que corresponda, sin necesidad de realizar las nuevas aportaciones pendientes y en su caso con la garantía de devolución de las nuevas aportaciones que se hubieran realizado».
El acuerdo incluye el compromiso de «articular para el futuro desarrollo conjunto de la actividad los mecanismos societarios necesarios para que las eventuales plusvalías que en su caso se generasen por cualquier transmisión o enajenación de activos inmobiliarios adscritos a Mercasevilla, una vez realizadas en su caso las inversiones necesarias para una reubicación de las instalaciones del mercado, se consideren imputadas o vinculadas al Ayuntamiento».
Y es que los terrenos donde se asienta Mercasevilla, de titularidad municipal, están calificados como suelo residencial y un hipotético traslado de las instalaciones permitiría la venta de tales suelos con los correspondientes ingresos. Según Castreño, tales suelos municipales podrían alcanzar un valor de más de 70 millones de euros, con lo que constituyen un gran activo para Mercasevilla, cuyas acciones corresponden en un 51 por ciento al Ayuntamiento y en un 48 por ciento a Mercasa.
Finalmente, el acuerdo implica la adquisición del porcentaje testimonial de acciones que posee la asociación mayoristas de fruta, verduras y hortalizas y el compromiso de «impulsar las modificaciones urbanísticas necesarias para el mantenimiento y continuidad de Mercasevilla en su ubicación o en un eventual traslado a unas nuevas instalaciones».
Castreño, así, ha defendido esta operación para superar el «momento delicado» que atraviesa Mercasevilla y eludir la liquidación, reconociendo que median «discrepancias con Mercasa» respecto al futuro más allá de 2021 y el destino de los suelos y alegando que la oferta del Ayuntamiento para el futuro de la gestión es «generosa».
Pero frente a esta propuesta, el edil popular Alberto Fernández ha alertando de supuestas carencias o defectos en el expediente de la misma, recordando la investigación judicial relativa a un presunto delito societario cometido en la gestión de Mercamadrid. El secretario municipal, no obstante, ha garantizado que la propuesta de acuerdo gozaba de «todas las garantías jurídicas», lamentando que una incidencia formal se «asocie a conductas delictivas».
Desde las filas de IU, Daniel González Rojas ha apoyado esta «hoja de ruta» para Mercasevilla, recordando que aún quedan «flecos» pendientes y defendiendo la necesidad de que los suelos de la empresa no sean objeto de «especulación» y cualquier beneficio revierta a la ciudad.
En el caso de Participa, Julián Moreno ha criticado que el PP intente «embarrar» la maniobra, ha lamentado la «dura posición» de Mercasa respecto a Mercasevilla y ha alertado de que la posición del PP en este asunto «coincide en un 85 por ciento» con la de Mercasa. Igualmente, y respecto a las expectativas sobre el futuro de los suelos de la empresa, ha opinado que lo primordial es «salvar Mercasevilla», por lo que ha abogado por postergar dicho aspecto.
Por Ciudadanos, Javier Millán ha apoyado esta «salida» a la situación que sufre Mercasevilla por la «nefasta gestión del PSOE y la incapacidad» del PP para solucionarla. No obstante, ha recordado que los terrenos de Mercasevilla «son patrimonio» de la ciudad y las ganancias de su hipotética venta deben redundar a la ciudad. A tal efecto, ha acusado al PP de «ponerse la camiseta de Mercasa» y defender propuestas «calcadas» a la de la sociedad estatal.
El portavoz popular, Beltrán Pérez, ha alegado no obstante que el PP defiende a Mercasevilla y ha asegurado que Mercasa «se ha doblegado» en lo relativo al destino de las ganancias por la hipotética venta de los suelos de la empresa. En ese sentido, ha avisado de un intento de «desguazar» Mercasevilla, se ha opuesto a cualquier «desvío» de los beneficios por la enajenación de los terrenos y ha reclamado que los mismos reviertan en la propia Mercasevilla, cuyo accionariado comparten el Consistorio y Mercasa. Además, ha llamado a «frenar» cualquier «especulación» con tales suelos, avisando de que tal extremo encarecería el precio de las viviendas.
Finalmente ha hablado el alcalde, Juan Espadas (PSOE), quien ha alertado de que Mercasa «no ha estado ayudando a Mercasevilla» y ha acusado al PP de actuar más en favor del Gobierno central y de Mercasa que en respaldo a Mercasevilla. «Los suelos de Mercasevilla son de titularidad municipal y Mercasa no tiene el 49 por ciento de la propiedad» de los mismos, ha alertado respecto al futuro de los terrenos. Finalmente, ha censurado que en 2013, el entonces alcalde del PP Juan Ignacio Zoido acordase con Mercasa «la expropiación» de las acciones de los mayoristas sin difundir ni elevar al pleno tal extremo.
Finalmente, el acuerdo ha sido aprobado con el voto a favor de los concejales del PSOE, Cs, Participa e IU y la abstención de los ediles del PP, por cuya petición la votación ha comprendido el pronunciamiento individual de cada capitular.
