La empresa venezolana Smartmatic, creada en 2001 por tres ingenieros venezolanos y con fuertes conexiones con el régimen chavista hasta el punto que se encargó de los recuentos electorales entre 2004 y 2015, se puso en marcha gracias al soporte tecnológico que le prestó la poderosa multinacional española Indra Sistemas, S.A., pionera en el desarrollo de esta clase de prestaciones.

Tras abandonar Venezuela en 2017 e instalarse en Londres, desde donde denunció el fraude electoral de ese año cometido por Nicolás Maduro, Smartmatic vuelve a salir ahora a la palestra después de que el alcalde de Nueva York Rudolf Giuliani, haya denunciado que es la compañía que está detrás de su homóloga canadiense Dominion, la que se ha encargado del recuento electoral en una treintena de estados, entre ellos los más polémicos y que registran mayor incidencia en indicios de fraude, como Wisconsin, Pensilvania, Arizona o Michigan.

Conviene no olvidar que Giuliani, además de histórico miembro del Partido Republicano y jefe del equipo de abogados de Donald Trump para este asunto, fue antes de todo ello, a comienzos de los años 80, fiscal del Distrito Sur de Manhattan y como tal se encargó de desmontar el entramado de las familias de la mafia neoyorquina que mantuvieron durante 20 años la ciudad en el caos.

Después de una ardua investigación de muchos meses, los Luchese, los Bonanno, los Genovese, los Colombo y los Gambino acabaron condenados a más de 100 años de prisión. Aunque sólo fuera por eso, parece poco recomendable desechar por inconsistentes las duras acusaciones vertidas hasta la fecha por Giuliani en relación a los indicios veraces que pretenden demostrar la comisión de un fraude electoral a gran escala en las pasadas elecciones presidenciales.

Por el momento son denuncias de una en una y no una acusación formal que pruebe un fraude electoral completo, pero una juez de Pensilvania ha abierto la puerta a todo ello y, de ser cierto, el modelo seguido sabemos que ha contado con el sostén informático y logístico de empresas españolas conectadas entre sí, pues no en vano en el origen de todas ellas, como es sabido, se encuentra la compañía Indra.

Para comprender el fondo del asunto conviene recorrer esas conexiones y las batallas seguidas en diversos frentes por todas ellas…

Indra es la mayor compañía tecnológica de España con una participación del 19% del Estado español a través de la SEPI (porcentaje accionarial heredado de la absorción de Bankia durante la crisis de 2008), casi un 12% controlado por la Banca March, a través de su sociedad de inversiones Corporación Financiera Alba y un 6% de Telefónica, además de otra multitud de sociedades y fondos de inversión de procedencia internacional.

[A la hora de cerrar este reportaje, ayer domingo, 15 de octubre, el Banco Santander afloró como nuevo accionista de Indra, con un 3% del capital, inversión equivalente a casi 36 millones de euros, lo que viene a coincidir con la lucha sin cuartel que se describe más abajo]

Entre sus muchas divisiones y actividades, Indra lleva más de 20 años implementando y promoviendo la implantación del voto electrónico en muchas democracias (y no tan democracias) del mundo entero, y en no pocas ocasiones se han registrado no sólo resultados sospechosos, sino que también se han descubierto verdaderos fraudes electorales gestionados a través de sus modelos.

La Argentina de Kirchner, la Bolivia de Evo Morales o la Venezuela de Chaves lo constataron, pero también las elecciones del año 2000 en Florida, en las que resultó vencedor apenas por un puñado de votos Jebb Bush frente al candidato de Al Gore, dieron prueba de las vertiginosas incidencias que a menudo registraban los sistemas de recuento informático, en especial si se había implantado la votación electrónica. En todos los casos ahora mencionados, Indra fue la empresa responsable de la recogida, recuento y almacenamienrto de los datos.

De este modo, Indra se convirtió en la empresa pionera y más avanzada en prestar esta clase de soportes, pero en 2001 (las fechas no son casuales y coincide con la confesión que hizo en 2015 la JEP de Sevilla situando en torno al año 2000 la fecha en que iniciaron la dejación en el recuento manual de los escrutinios, incumpliendo así la Ley Electoral española, la LOREG), surgió también un proyecto de la Universidad Autónoma de Barcelona que prácticamente desde su nacimiento estuvo participado por fondos de capital riesgo.

Se trata de la empresa Scytl… y el primero que creyó en su proyecto fue Spinnaker, del grupo financiero catalán Riva y García, apuesta a la que en 2007 se sumó Nauta Capital, participado por BBVA y dirigido por varios emprendedores que después se convertirían en directivos del FC Barcelona en la era de Joan Laporta, condenado más tarde a penas de cárcel.

La especialización de Scytl en el cómputo de voto electrónico la condujo a ser llamada por la Administración de Estados Unidos para colaborar en las elecciones a la Presidencia de la Casa Blanca en 2012, ganadas por Barack Obama, lo que atrajo el interés de varios fondos americanos de gran prestigio en Silicon Valley, entre otros Vulcan Capital, una empresa de inversión dirigida por Paul Allen, confundador nada menos que de Microsoft junto a Bill Gates, la cual invirtió 30 millones en Scytl en 2014.

A Allen le precedió en 2010 Tim Bunting, expresidente de Goldman Sachs, que aportó una cantidad similar a través de Balderton Capital y conectada con fondos de inversión participados por el conocido financiero George Soros. En total, en 2014 Scytl recaudó cerca de 100 millones de dólares de instituciones americanas.

Un año después, en 2015, de forma sorprendente y absolutamente inesperada, Scytl le «robaba» por primera vez en la historia a Indra el contrato para desarrollar y efectuar el recuento de votos de unas elecciones generales en España, si bien en 2014 ya se había hecho con las elecciones europeas en nuestro país y también compartió el recuento de varias elecciones autonómicas y de parte de las municipales. ¿Qué había pasado para que la nueva empresa compitiese y le restase contratos tan importantes a la empresa participada por el propio Estado?

Aquel entramado de reparto de adjudicaciones multimillonarias (el monto de cada uno de esos contratos supera a menudo con amplitud los 100 millones de euros) no lograba ocultar la lucha a muerte que el Gobierno de Mariano Rajoy venía librando casi desde el inicio de su primera legislatura como presidente, en 2011, por lograr relevar de presidente de Indra a Javier Monzón.

Es en el contexto de esa batalla en el que cabe enmarcar que por primera vez en la historia de las elecciones en España, Indra perdiera diversos contratos con la Administración española (elecciones europeas, generales, autonómicas y municipales) para llevar el dispositivo logístico y tecnológico de varias convocatorias electorales en nuestro país, a pesar de que, como vemos, el Estado poseía desde 2013 el 20% de Indra tras haber asumido la propiedad accionarial heredada de Bankia.

Finalmente, tras cuatro años de presiones, el Gobierno, entonces con mayoría absoluta del PP, logró destituir a Monzón, el cual llevaba casi 22 años al frente de la compañía Indra tras haber sido nombrado por Felipe González. Ni siquiera Aznar logró en sus ocho años de mandato forzar el relevo de Monzón, aunque lo intentó de numerosas maneras.

En esta nueva ocasión, Monzón, al que siempre se le han atribuido relaciones muy estrechas con el PSOE, no logró soportar la presión ejercida por el gobierno de Rajoy, provocadas, tal vez, por cierta jugarreta sorprendente en las elecciones de 2004, que dejó a Rajoy contra todo pronóstico en la oposición tras el atentado de Atocha. Quizá Rajoy no había olvidado lo que ocurrió.

No obstante, la salida de Monzón en 2015 estuvo rodeada de una serie de circunstancias casi surrealistas, pues Monzón fue sustituido, sí, pero pasó a presidente de honor sin funciones ejecutivas en Indra y muy pronto entró a presidir el Grupo Prisa, controlado por el Banco Santander, mientras que su sustituto como nuevo presidente de Indra vino a ser el hasta entonces CEO del Grupo Prisa, Fernando Abril Martorell, quien a su vez había sido antes consejero delegado de Credit Suisse para España y Portugal, de Telefónica y de JP Morgan.

Es decir, en el relevo al frente de Indra lo que se produjo en realidad fue un intercambio de cartas y de posiciones…, para que todo siguiera igual. El Banco Santander otorgaba de ese modo protección al saliente Monzón y colocaba a otro de sus alfiles ganadores al frente de la poderosa Indra.

[La recentísima adquisición del 3% de Indra por parte del Banco Santander nombrada más arriba corrobora aún más este relato que aquí se describe y refuerza la tesis de la toma de posiciones de los distintos agentes conectados con la lucha política, en este caso en apoyo de un gobierno socialista].

Durante el período en que Monzón permaneció en el cargo honorífico de Indra, sin funciones ejecutivas, protagonizó un último escándalo como venganza, pues se tomó la libertad, sin contar con la opinión del consejo de administración, de vender el jet privado de la compañía tecnológica al futbolista Cristiano Ronaldo a través de los contactos con Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, lo que determinó la definitiva y completa expulsión de Monzón de Indra.

La entonces vicepresidenta del Gobierno con Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, siempre desmintió estar detrás de toda aquella operación de ‘castigo’ a Monzón.

En todo caso, no era la primera vez, desde luego, que Indra maridaba a políticos con la cúpula del Ibex, pues en 2013, el mismo año en que el Estado se haría con el control de la alta participación de Bankia en Indra, tuvo lugar una curiosa boda entre Pablo Lara, hijo del presidente de Planeta y Antena 3 Media, con una hija de Manuel Brufau, director general de Indra y hermano del presidente de Repsol, Antonio Brufau, el cuarto directivo mejor pagado de España. Aquella boda reunió casi al completo al consejo de ministros de Zapatero con los líderes de la todavía oposición, además de a todos los grandes del Ibex35.

El último oleaje de calado en Indra se produjo apenas dos meses después de la moción de censura presentada por Pedro Sánchez. Hasta entonces, la empresa Indra, que tiene buena parte de su negocio en el campo de la alta tecnología militar y de aviación, venía siendo supervisada por el Ministerio de Defensa, con María Dolores de Cospedal al frente, pero en julio de 2018 le fue asignada esa tarea de control al Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, apartando así a Margarita Robles.

Es en estas circunstancias cuando nos encontramos con las elecciones presidenciales entre Donald Trump y Joe Biden, con la tecnología originaria de Indra por detrás y una red de vinculaciones con el resto de compañías del sector, no sólo con Smartmatic y Dominion, sino también con la catalano-norteamericana Scytl, esta última vinculada financieramente a Bill Gates y a Soros, como ya se ha dicho, y en cuyo capital entró en enero de 2020 con una pequeña participación Telefónica, pero que en octubre de este mismo año, a menos de un mes de las elecciones norteamericanas, fue salvada in extremis de la quiebra total por fondos de inversiones radicados en Irlanda tras unos resultados económicos desastrosos que le reportaron pérdidas de 75 millones de euros y rodeados de una multitud de lamentables y polémicas actuaciones en la gestión de datos electorales en diversos países.

(Continuará)

Vamos a viralizar está explicación de @Adrianavigi del fraude del voto electrónico con Smarmatic y las elecciones en Venezuela y ahora en EE.UU toda la oposición venezolana sabían pero nunca hicieron nada. Me pueden ayudar a compartir está información. pic.twitter.com/dVtIQnNwMv

— Maihen (@MaihenH) November 15, 2020

Trabajadora de Dominion explica exactamente cómo se inflaron el voto por Biden en Detroit https://t.co/2txNrHXvVW

— Marcial Cuquerella 🤙 (@cuquemar) November 16, 2020

Capítulo I: España en el ojo del huracán del “fraude electoral más atroz de la era moderna”, según Rudolph Giuliani. La tecnología española se esconde detrás de los recuentos (I)

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