Al juez de menores de Granada Emilio Calatayud le sigue trayendo al fresco toda la palabrería hueca de los políticos de cualquier signo y ahora, ante la avalancha de inmigrantes ilegales, vuelven a las redes sus declaraciones de hace poco menos de un año sobre el asunto de los condenados en centros de menores, igual si son Menas que si son menores de nacionalidad española.

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Su descripción de la realidad suele ir sin maquillajes ni pestañeos postizos y cuenta las cosas y las denuncia sin subterfugios ni tramposerías. Un menor internado en un centro de ese tipo -dice- nos cuesta a los ciudadanos 240 euros por persona y día y en esa situación se pueden pasar cuatro, cinco o más años hasta cumplir la mayoría de edad. Y todo ello, con frecuencia, teniendo localizados e identificados a sus padres ya sea dentro o fuera de España.

Clama al cielo tan sangrantes evidencias, pero a partir de la mayoría de edad, además, los MENAS, que están en situación de «No Acompañados» pero en muchos casos con sus padres perfectamente localizados, reciben otros 430 euros mensuales mientras cientos de miles de españoles no pueden acceder al llamado Ingreso Mínimo Vital y carecen de otro tipo de prestaciones.

No hay manera de ocultar la verdad, la terrible verdad de que la política migratoria y fronteriza, de José Luis Escriva y de Marlaska, respectivamente, es un absoluto fracaso y un desastre. Una verdadera afrenta al buen juicio, un insulto a la cordura, un disparate en toda regla que se agrava día a día y que choca contra el muro de la realidad objetiva que denuncia sin desmayo el rompeolas judicial que representa el juez Calatayud.