Para comprobar la catadura ética del vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, así como de la propia organización morada, hay un nombre clave, el del abogado José Manuel Calvente, ex coordinador jurídico de la formación, absuelto ahora por completo por la Audiencia Provincial de Madrid de las acusaciones de acoso sexual y laboral que el propio Pablo Iglesias y la diputada Sofía Castañón, secretaria de Igualdad, Feminismos y LGTBI, vertieron cada uno por su lado, hace justo un año, en Diciembre de 2019, para justificar su despido fulminante.

A sabiendas de que mentían ambos gravemente, uno y otra acusaron a Calvente de un supuesto acoso sexual y «laboral por razón de género» sobre otra abogada de Podemos, Marta Flor Núñez, quien a su vez se vio implicada más tarde en varios casos de supuesta violación de secreto al mantener una relación íntima con el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa, asignado al caso del ex comisario Villarejo.

Otro fiscal, Luis Navaja, declaró más tarde que sintió ganas de vomitar al conocer esa relación íntima que venía a poner en cuestión la labor de la Fiscalía anti corrupción, aunque se retractó más tarde de sus palabras y ofreció disculpas a Stampa, sin que ello anule las suspicacias despertadas tratándose de una abogada que dirige o codirige en Podemos la estrategia sobre asuntos como las diligencias que se siguen sobre Corinna, ex amiga del Rey Emérito, o sobre el caso Dina Bousselham, en el que aparece implicado el mismo Pablo Iglesias, quien mintió abiertamente en sus declaraciones sobre el presunto robo de una tarjeta de móvil de una subordinada, que se guardó durante meses.

El pasado mes de julio, los juzgados declararon el despido de Calvente del todo improcedente y el 22 de octubre de este mismo año, la organización morada se avino a pagar 35.000 euros de indemnización al ex abogado, acusado con falsedad y alevosía por Iglesias y su círculo de feminazis, reconociendo así el burdo montaje realizado.

La razón de dicho acuerdo, que supuso el reconocimiento expreso de las falsedades vertidas sobre su persona, era que tres días más tarde el propio Calvente declararía en el juicio abierto por el caso Dina, quizá para intentar rebajar el contenido de la misma, aunque lo hizo señalando otro cúmulo de mentiras y falsedades urdidas por Iglesias y por el partido morado.

Ya entonces Calvente anunció que emprendería acciones legales para reclamar por vía civil o penal por vulneración de su derecho al honor contra el propio Pablo Iglesias, autor de las difamaciones, ya que en el acuerdo alcanzado los abogados de Podemos no tuvieron ni el sentido común de pactar dentro del mismo acuerdo la renuncia de Calvente a ejercer todos sus derechos de reclamación por la tropelía perpetrada por Iglesias y su círculo sectario de feministas rabiosas.

En el momento de lanzar sus falsas acusaciones contra Calvente en el mes de diciembre de 2019, Pablo Iglesias, convertido en adalid de un anti machismo que le delata en cada una de sus actuaciones y declaraciones, se hizo acompañar ante las cámaras, como el líder libio Muammar Gadaffi, de una guardia pretoriana de mujeres, para tratar de reforzar su discurso mentiroso. En concreto, ese día estuvo flanqueado por otras dos feministas de raza, pero sumisas de la organización, como Noelia Vera, secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, y de Ione Belarra, secretaria de Estado para la Agenda 2030, las cuales asentían con la cabeza a cada mentira que desgranaba su caudillo, a sabiendas de las graves falsedades que estaban volcando sobre una persona inocente, cuyas penas podrían haber sido muy elevadas y le habrían supuesto arrasar su imagen y su vida personal y laboral.

Ante ese intento de amenaza y extorsión perpetrado por la dirigencia de Podemos contra el ex abogado de la organización, cabe recordar que el despido de Calvente se produjo en realidad porque dicho abogado se negó a ejecutar determinadas órdenes que habrían supuesto, en su opinión, la comisión de varios ilícitos penales, en especial en relación al manejo de fondos y a la Ley de Protección de Datos de personas de dentro y fuera del partido.

Calvente anunció también el pasado octubre que colaborará con la Justicia para investigar la financiación ilegal de Podemos en la causa que instruye el juez Juan José Escalonilla que imputó a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos, responsable de las campañas del partido y mano derecha de Pablo Iglesias; a la gerente de la formación, Rocío Val; al tesorero, Daniel de Frutos y a la responsable de Compras y Finanzas, Andrea Deodato.

La organización que dirige el vicepresidente segundo del Gobierno se asemeja cada día más a una banda dedicada a la extorsión y a la amenaza de todo el que disiente, discrepa o denuncia sus más que dudosas actuaciones y al fondo de todo se encuentra el escenario de la financiación de Podemos por la narco dictadura venezolana y por el Irán de los ayatoláhs, de los cuales el propio Iglesias ya reconoció que cobraba con el único fin de desestabilizar la democracia española como medio de implantar un régimen comunista en una hipotética república española.

Mientras tanto, para desviar la atención pública de sus más que sospechosas actuaciones y facturaciones, Iglesias, imbuido de sí mismo como un Jomeini con coleta, continúa lanzando proclamas contra la Monarquía y proponiendo medidas pretendidamente paliativas y demagógicas sobre la ruina económica de España, cuando sabe que sólo con el despilfarro del Ministerio que dirige la madre de sus hijos, a la que quiso colocar allí apenas por ese motivo, se cubriría varias veces el coste de las medidas adoptadas.

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