Entre las maravillas que nos prometieron que traía la Constitución del 78 estaba el Defensor del Pueblo; copiado del Ombudsman sueco y cuyo objeto principal era la defensa de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, pudiendo supervisar la actividad de la Administración e interponer el recurso de amparo constitucional y el de inconstitucionalidad, gozando de inviolabilidad y plena autonomía.

Concebido para una persona de gran mérito, capacidad y solvencia ética, el progresivo deterioro de las instituciones también le alcanzó, siendo tanta su inoperancia que no es fácil recordar quién lo encarna. Una inoperancia extraña en el grave momento político que padecemos, ya que la devastadora ocupación de las instituciones por el PSOE nos ha ido acercando a una situación donde peligran los controles y contrapoderes sobre la Administración; peligro que tendría que haber provocado una constante intervención del Defensor en múltiples asuntos atendiendo a su finalidad originaria.

Pero no: cuando salta a la palestra es ahora para defender los intereses políticos del Gobierno, apoyando su fraudulenta maniobra de conceder el voto a los supuestos nietos de unos supuestos exiliados que se reprodujeron supuestamente como conejos. El actual Defensor, que antes de cocinero del Gobierno fue fraile, se reactiva para echarle una manita a un Ejecutivo que no escasea precisamente de manos.

Mientras tanto, son los ciudadanos, individualmente o en asociaciones, los que, para defenderse y defender sus derechos, tienen que pleitear a costa propia contra un Estado que no ha cesado en sus intromisiones y abusos de poder.