De este modo, especifica que la queja 17/962 se incoó para anticipar y conocer las medidas que podían adoptarse para abordar este problema, y la queja 17/3071 fue tramitada de oficio para conocer de primera mano «los graves fallos» en la puesta en marcha de los juzgados andaluces designados por el Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 25 de mayo de 2017.

El Defensor del Pueblo Andaluz explica que tras la tramitación de ambas quejas, formuló a la Consejería de Justicia la recomendación de «disponer el conjunto de medidas incluidas en el acuerdo del CGPJ del 25 de mayo» y de «lograr una dotación adecuada de nuevos órganos judiciales conforme a las necesidades que vienen siendo reclamadas por el Tribunal Superior de Justicia, los operadores jurídicos y esa misma Consejería».

Además, indica que a fecha 28 de diciembre se produce un acuerdo del CGPJ por el que «se define un nuevo plan que dice responder a la evolución que han seguido estos asuntos, que a fecha de 17 de diciembre arrojaba un total de 156.862 demandas en todo el territorio nacional (Andalucía estaba a la cabeza)».

Igualmente, el CGPJ considera los compromisos adquiridos en relación a los refuerzos por las administraciones con competencias en justicia, que «ha supuesto añadir en cinco de las ocho provincias nuevos juzgados para atender estas demandas, lo que debería mitigar el impacto de asuntos que, casi desde el primer momento, hizo inoperativo el acuerdo del CGPJ inicial de mayo».

Por su parte, expone que el departamento que dirige Rosa Aguilar respondió que «aceptaba» las resoluciones dictadas, puesto que por parte de esta Consejería «ya se habían adoptado las medidas necesarias para la aplicación del acuerdo de 25 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, habiéndose procedido al nombramiento de los 44 refuerzos previstos».

También indicaba que para el año 2018 «se preveía la consignación presupuestaria necesaria para continuar con dicho plan de refuerzo» y que «se estaban realizando las actuaciones para llevar a cabo la dotación de los recursos humanos y materiales necesarios a fin de poder poner en funcionamiento los órganos judiciales en las fechas que determinara el Ministerio de Justicia.»

El Defensor afirma también que «no resulta necesario recordar la sobrecarga de trabajo que pesa en estos órganos judiciales y el impacto que esta potencial litigiosidad está provocando en su funcionamiento ya de por sí absolutamente saturado de asuntos».

Y agrega que ahora, además, se publican en algunos medios declaraciones de sindicatos «sobre la falta de personal» del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Sevilla y que «se anticipan los mismos problemas» para el Juzgado número 29 al que se asignaron estos asuntos desde el 30 de junio. En concreto, añade Maeztu, se expresa que «el nuevo Juzgado comenzaría con una plantilla de cinco personas sobre las once previstas».

Por todo ello, el Defensor incoa esta actuación de oficio para solicitar un informe sobre la realidad de este problema y sus posibles soluciones, al «objeto de poder también dar cuenta a la ciudadanía y a los operadores jurídicos», concluye.