En su esquizofrénica política, Pedro Sánchez decidió iniciar su campaña contra el Centro de Inteligencia Nacional (CNI) al ordenar desclasificar “todos” sus informes sobre la invasión de Ceuta, pero el tiro le ha salido por la culata, porque los documentes “selectivamente” desclasificados demuestran con una contundencia incuestionable que -en contra de los sostenido sistemáticamente el Gobierno- que sus Servicios de Inteligencia le avisaron repetidamente de la entrada masiva de nadadores desde Marruecos a la ciudad los días previos a asalto. Tanto él como su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han quedado retratados  y -según “El Mundo”- “lo protagonizado en los últimos 40 días es un ejercicio de ocultación y mentira”. La Inteligencia Militar y la Policía Nacional también dieron la voz de alarma, por lo que la negligencia resulta evidente: “A lo largo de 72 horas, el Gobierno fue advertido de la amenaza que  se cernía sobre la integridad territorial de España y no actuó”. La estrategia del Gobierno resulta incomprensible y parece obedecer a una voladura controlada en un momento crítico para su credibilidad, cuando la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha iniciado la investigación sobre si la invasión de los días 30 y 31 de julio en la frontera de Ceuta constituyó un ataque. Ha comenzado la guerra de todos contra todos, no ya contra el enemigo exterior, sino en el seno del propio Gobierno.

Concepto ambiguo  de les Servicios de Información

A lo largo de la Historia, los Estados han sentidos necesidad de obtener información sobre otros países, sean amigos, enemigos, neutrales o simples Estados sin etiqueta que podrían convertirse en adversarios o competidores. Para conseguir esa información, los Gobiernos recurren a métodos lícitos y a otros no tan y lícitos y transparentes, incluidas personas con estatuto diplomático reconocido -agregados de prensa y de información- y otras que se mantienen en el anonimato: los novelescos espías. Dentro de la legalidad, han surgido figuras mixtas -como los agregados “a secas” que, aunque suelan tener estatuto diplomático, realizan actividades que van más allá de las tradicionales gestiones que les corresponden, con o sin el acuerdo explícito del Estado receptor. También existen personas en el ámbito del espionaje clásico que obtienen información a su propio riesgo, sin un estatuto formal, y otros que realizan actividades lícitas y que aprovechan la ocasión para llevar a cabo actuaciones informativas  de manera regular u ocasional. Tanto España como Marruecos cuentan con personas que realizan distintas actividades “informadoras”. Gracias a estas fuentes, el Gobierno español pudo recibir copiosa información sobre el asalto a Ceuta desde Marruecos, pese a la sequía absurda e inverosímilmente alegada por parte Sánchez, Marlaska, Albares y el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez. Como se ha contradicho el propio Sánchez en su “striptease” parcial -con el que no solo se ha pegado un tiro en el pie, sino también posiblemente en otras partes sensibles de su anatomía- admite  haber recibido informes, que no  eran tales, porque no reflejaban la magnitud de lo ocurrido sobre la “crisis, migratoria ceutí”. Era un problema de cantidad, no  de calidad. Como en los concursos de TV, si no aciertas el número exacto de pelirrojos que habitan en Liverpool no te llevas el premio. El delegado Pérez ha pontificado que los informes no deben ser unos  “tochos” enormes, pero es esencial que vayan lacrados y con un lacito rosa, tienen que ser transmitidas al director/a del CNI o al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), y no pueden ser enviados por “whatsapps” o por teléfono, cuando en la mayoría de los casos se mandan por estos medios a cualquier superior político. Pasada la emergencia, se pueden elaborar sesudos y documentados informes encuadernados en rústica y lacrados. Tanto el Gobierno de España como el de Marruecos sabían con suficiente antelación lo que iba a suceder y ninguno de los dos tomó las medidas necesarias para evitarlo o paliarlo.

Todos los cuerpos policiales y los servicios de Inteligencia españoles que podían avisar lo hicieron, pero el  Gobierno se aferra al concepto dela  “magnitud “ de la avalancha que se cernía sobre el Tarajal. El 27 de julio, el CNI envió a la presidencia del Gobierno una nota de carácter estratégico en la que advertía de la posibilidad de una  multitudinaria entrada a nado desde el espigón del puerto de Ceuta. Asimismo informó de lo que podría producirse a los Servicios de Información de Marruecos -tanto interior (DGTS), como Exterior (DGEL)-, pero ni las autoridades españolas ni las marroquíes hicieron nada para frenar la avalancha, y en el caso de éstas colaboraron activamente en ella. Dos días más tarde, a través de un canal de alerta temprana, el CENIL  mandó  a la Unidad  Central Especial 3 de la Guardia Civil, al  Centro Nacional  de Emigración y Fronteras de la Policía Nacional(CENIL,) y al gabinete de delegado del Gobierno en Ceuta una nota de carácter táctico en la que identificaba a dos grupos de Facebook seguidos por 182.000 personas, desde los que se convocaba a la población marroquí a que entrara a las  en Ceuta el 30 de julio, aprovechando la Fiesta del Trono. Un miembro del CNI mandó13.52h. al jefe del gabinete el delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, el siguiente “whatsapp”: “En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20h., aprovechando fiesta del trono y q sus FCS estarán liadas. en grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores. Para q hagas a la idea del alcance de la difusión”. Sanz, respondió “Sus rilas” que -según Alejandro Entrambasaguas- era una expresión del argot ceutí equivalente a “si no se  echan p’atrás”. Transcurrieron 7 horas sin comunicaciones en las que el delegado estuvo inlocalizado. Desde media tarde, cientos de personas se fueron amontonando en la playa  del Tarajal con el fin de nadar hasta Ceuta y la Delegación lo supo en tiempo real.

También el 27 de julio, el Centro de Inteligencia del Ejército de las Fuerzas Armadas d (CIFAS) detectó un riesgo muy probable de entrada masiva de inmigrantes en Ceuta  y su aviso siguió el itinerario jerárquico y el JEMAD no tuvo conocimiento del aviso hasta la mañana del día 30, cuando contactó con la ministra de Defensa, Robles y ésta con Sánchez a las 11.30h . Habrá que investigar por qué tardó tanto tiempo en que llegara el aviso, a los mandos supremos militar y político. Cuando comenzó la invasión solo había protegiendo la verja 5 guardias civiles, a los que se sumaron los l5 que había en la Comandancia, fuerza obviamente insuficientes. Por razones difícilmente comprensibles, el Gobierno no autorizó al las fuerzas del Ejército, que estaban acuarteladas, a que salieran a defender la frontera hasta el final del día y mantuvieran reducida su capacidad de actuación, y ordenó además a las Fuerzas de Seguridad que no intervinieran cuando intentaran pasar más de 10 asaltantes y estimando que era más sensato dejarlos pasar, lo que era una muestra evidente de que el Gobierno se negó a defender Ceuta y le dio encima las gracias a Marruecos por haber propiciado -o cuando menos facilitado- la invasión de la ciudad, pese a que el propio el Sánchez la calificara en un primer momento de violación de la integridad territorial de España. No es sorprendente, pues, que el presidente fuera partidario de suprimir el Ministerio de Defensa y convertir al Ejército en una ONG benéfica. Según el ex-ministro José Bono él prefería morir a matar, aunque no parece que tenga mucha voluntad de martirio y, en cualquier caso, los ejércitos no son un juguete. Pese a las reiteradas negativas de Sanchez, Marlaska, Albares y Péréz, es un hecho incontestable que se trató de una invasión de Marruecos y no de una presión migratoria de las mafias, que no tienen capacidad para movilizar a tantos miles de personas y moverlas a su aire. Estos informes demuestran que la invasión fue minuciosamente preparada por Marruecos y que el Gobierno fue avisado con tiempo de sobra para haberlo impedido, y que se podrá volver a repetir otro asalto en cuanto le pete a Mohamed VI, ante la rendición anticipada del presidente del Gobierno por su sumisión al chantaje alauita. Sánchez se vio obligado a publicar un tweet a las 10 de la noch para aclarar que lo que decían los documentos no era lo que claramente expresaban, porque la inmensa mayoría de la opinión pública  entendió lo contrario de lo que sostenía el Gobierno, que pensó que en unos día se acabaría la crisis, pero ésta va cada día de mal en peor. 

Amén de las advertencias recibidas de los distintos Servicios de Información, el presidente Juan Jesús Vivas advirtió en repetidas ocasiones al presidente del grave peligro, pero Sánchez ni se dignó cogerle el teléfono. Cuando insistió  con su jefe de Gabinete y Secretario general del Consejo de Seguridad Nacional, Diego Rubio, éste le instó a que dejara de llamar porque se estaba poniendo demasiada pesado y, acto seguido, los dos  se fueron de vacaciones, uno a Lanzarote y el otro al Japón, dejando el puente de mando gubernamental en la más ardiente soledad. Y aun la portavoz del Gobierno, la ministra  de Migraciones, Saiz, ha tenido la desfachatez en la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros de acusar a Vivas de llevar 45 día sin hablar con Sánchez (¿?). 

Los servicios de inteligencia española cumplieron debidamente con sus funciones de informar y de advertir y no de resolver, que no les corresponde. En mi etapa de asesor jurídico internacional  en el MAEC, firmaba los informes en los que expresaba mi opinión e incluía al final la coletilla de “no obstante, VE decidirá”. El presidente del Gobierno, sin embargo, optó por no decidir sobre la invasión de Ceuta  y lo poco que decidió lo hizo de forma desastrosa, tarde, mal  y en contra del interés nacional de España y a favor del de Marruecos. Ningún subterfugio puede salvar su insolvencia.  

Investigación de la magistrada Tardón en la Audiencia Nacional

En un auto de 7 de septiembre, la magistrada Tardón aceptó emprender una investigación sobre la entrada en Ceuta basada en los informes policiales y de los Servicios de Inteligencia, que apuntaban a Marruecos como responsable de la oleada migratoria que el Gobierno ha puesto en duda. Ha valorado la calidad, de un informe policial, minucioso, detallado y preciso que contenía un análisis de abundante material gráfico, infografías, documentos  y esquemas enviados por el CNI al CENIF, que le ha permitido concretar cómo se desarrollaron  los hechos y evidenciar unas actuaciones que no tenían una naturaleza incidental de generación ocasional y espontánea, sino que se trataba de un proceso planificado por Marruecos, que ponía de manifiesto no solo su permisividad, sino también un “guiado activo”, por cuanto los propios policías uniformados realizaban indicaciones a las personas que cruzaban ilegalmente la frontera. A pesar de estas evidencias, Marlaska sigue afirmando en vano que “no existe ningún elemento sustentado en hechos mínimamente lógico, razonable u objetivo de intervención alguna de Marruecos o de ningún otro Estado, ni de ningún agente o persona concreta”. Según la magistrada, en cambio, “nos hallamos ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero, que ha atacado gravemente la integridad territorial de España garantizada en el artículo 2 de la Constitución, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país, a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta”.  Del examen provisional de los hechos se deducía que el delito perseguía atentar contra el Estado vulnerando su integridad, como bien señaló el Presidente del Gobierno en su visita a Ceuta. A la Audiencia Nacional le corresponde conocer de ciertos delitos cuando los mismos ataquen la forma de Gobierno, como  sin duda ha ocurrido en este caso. Tardón ha detectado posibles delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes, y de pertenencia a una organización criminal. También ha  decidido indagar lo que se hizo a ambos lados de la frontera, incluida la respuesta de las autoridades españolas. Habrá que investigar, por tanto, las actuaciones en territorio español relacionadas con la invasión, “tales como la articulación de adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento y los incidentes que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos por esta entrada masiva”.

La posición investigadora  de Tardón ha quedado reforzada por la petición de la Fiscalía de Ceuta de que la Audiencia Nacional asumiera la investigación de la demanda presentada por Hazte Oír y Manos Limpias contra el delegado del Gobierno, que ha sido apoyada por el  titular del Juzgado n° 6 de Ceuta y aceptada por Tardón, que se ha hecho cargo de la investigación de lo sucedido a ambos lados de la frontera. La magistrada ha citado como testigos al presidente Vivas, al Comisario-jefe de la Policía de Ceuta, al delegado del Gobierno Pérez y a su jefe de Gabinete, Sanz -que ha sido el único que ha presentado su dimisión tras desmentir a su jefe, que mentía al afirmar que no han recibido informe alguno sobre el asalto, cuando éste mantuvo que le informó de la llamada personalmente. Es harto probable que Tardón convoque más adelante como imputado a Pérez, al que huele la cabeza a pólvora,  porque, como sus jefes,  miente como en un bellaco. En un auto exhaustivo, pormenorizado e  impecable, la magistrada ha pedido a las fuerzas militares y de seguridad españolas cuantos análisis de riesgo hubieran remitido, precisando los destinatarios y los medios utilizados, así como datos biométricos, reconocimiento facial de las personas identificadas y las imágenes satelitales. Asimismo ha requerido a las grandes compañías tecnológicas que conserven los datos de las cuentas utilizadas para la difusión de las convocatorias.

Los “dobermen” del Gobierno se han lanzado contra la magistrada y la han descalificado porque fue concejal  del PP en el Ayuntamiento de Álvarez del Manzano. Marlaska no le ha tolerado que ordenara a la policía judicial que no le informara de los resultados de la investigación, olvidando que su lejana etapa de justo juez hacía lo propio en casos como el de “Faisán” y ha protestado vehementemente por ello ante la presidenta del TS, Teresa Perelló, quien le ha recordado que la instructora ha actuado conforme a derecho y le ha instado a que respete  la independencia de los jueces. Bolaños ha mantenido que ha actuado con corporativismo y Óscar Puente que solo pretende desarticular al Gobierno. La instructora sigue con  su concienzuda labor y ha prohibido la construcción de asentamientos de emigrantes en el puerto de Ceuta.

Suspensión cautelar de la aplicación del la mal llamada “Ley de Nietos”

La decisión judicial que más ha ofendido y victimizado al Gobierno ha sido la sentencia del TS del 8 de septiembre, que ha suspendido cautelarmente  el ejercicio del derecho al voto en el CERA a quienes hubieran adquirido la nacionalidad española de conformidad con de la Ley de Memoria Democrática de 19 de octubre de 2022, hasta que el Tribunal dicte sentencia sobre el fondo del asunto. Los recursos fueron presentados  a la demanda de Iustitia Europa y de Vox, y con la oposición de la Fiscalía General y la Abogacía del Estado contra la decisión de la Junta Electoral Central, (JEC) que consideró que no era competente para paralizar la aplicación de la norma. La  disposición adicional octava de la Ley establece que pueden optar a la nacionalidad española  los nacidos fuera de España “de padre,  madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles, pero que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia, o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”.

Seis días más tarde, la Dirección de Seguridad Jurídica y Fe Pública -presidida a la sazón por la fiscal Sofía Puente- dicto una disparatada Instrucción para la aplicación de la disposición en la que, por sí y ante 

sí, estableció que “se presumirá la condición de exiliado respecto a todos los españoles que salieron de España entre el  18 de julio de 1936 y el  31 de diciembre de 1955”. No se trataba de una interpretación de la Ley sino de una enmienda a la totalidad de la misma por la vía personal y extraparlamentaria, rayana con la prevaricación -de hecho ha sido demandada por ello-, que ampliaba de forma considerable el ámbito de aplicación de la norma. Como ha comentado de forma castiza Jorge Bustos, “la morcilla de Sofía mezcló el culo de la emigración económica con las témporas del exilio ideológico”. A los nietos se les exime del requisito de acreditar las causas políticas que obligaron a sus ancestros a abandonar España, con lo que la noción misma de memoria democrática perdió todo su sentido retributivo y, para ese viaje, no hacían falta las alforjas del exilio. Según “El País”, el TS  ha suspendido el derecho de los españoles a votar y establecido ciudadanos de dos categorías, lo que es falaz porque lo que el Tribunal   ha parado no ha sido la inscripción en el CERA y  no el ejercicio del voto, ya que admite que puedan ejercerlo quienes hayan demostrado su condición de exiliados. 2,45 millones de descendientes de españoles -algunos de cuarta generación- han solicitado la nacionalidad al amparo de la Ley, se han iniciado 1,2 millones expedientes -de los que se han aprobado 545.000-, y se han completado 306.500 inscripciones. Mientras que en 2021 el censo exterior aumentó en 57.667 personas, a partir de la aplicación de la Ley la cifra se ha disparado a 461.818 electores Solo entre enero y agosto de 2026 se registraron 82.790 nuevas altas y el número de censados en el CERA ha pasado del 6.14 al 7.13 %, con lo que el voto exterior puede alterar el último escaño en hasta en 9 provincias. “La Razón” ha advertido del daño irreparable que supondría aceptar sin más la ampliación de una votación exterior a partir de electores que no tengan vinculación natural con España, y que ciudadanos que desconocen sus costumbres, problemas e intereses puedan determinar el resultado de las elecciones. Bolaños ha dicho que el Gobierno respeta la decisión aunque no la comparta y le ha pedido al TS que dé prioridad al asunto y lo resuelva antes de los procesos electorales de 2027. La indeterminación sobre el lugar en que se coloque a los nuevos votantes es uno de los principales motivos de crítica, ante el temor de que facilite la manipulación electoral. Según el Tribunal, existe un riesgo de alteración del censo por la vía de un incremento excepcional de la cifra de nuevos inscritos en el CERA, que podría “afectar a la transparencia del proceso electoral  y a la confianza de la ciudadanía en sus resultados”.

La sentencia ha sido adoptada por la Sección IV de lo Contencioso-Administrativo por 5 votos contra 1 porque la magistrada Alicia Millán ha discrepado alegando que el TS no era competente para  adoptarla. Dando muestra de su exquisita neutralidad, TVE dedicó más tiempo a exponer las motivaciones del voto particular que del mayoritario y entrevistó a dos catedráticos contrarios a la decisión. Los carroñeros de Sánchez se lanzaron a la yugular de los jueces. Óscar López los ha calificado de “lobos solitarios”, un apelativo hasta ahora reservado a los yihadistas que acuchillan a los ciudadanos, y su tocayo Puente de que algunos jueces estaban poniendo en cuestión la propia imparcialidad del Poder Judicial. Resulta increíble que Máriam Martínez-Bascuñana haya acusado al TS en “El País” de sortear la restauración histórica del exilio sobre la capa censal, cuando ha sido la Instrucción  la que ha prescindido olímpicamente de la Ley de Memoria Democrática. En su artículo “Una decisión sin precedentes”, Joaquim Bosh ha afirmado que es transcendental garantizar la objetividad del proceso electoral, lo que podría justificar la adopción de medidas contra un incremento cuestionable del censo en los términos literales de una resolución judicial que no había sido unánime, pero que quedaría muy dañada si se impidiera votar a quienes tienen derecho a ello. Toda restricción al derecho de sufragio debe reducirse a supuestos indiscutibles en resoluciones dictadas por Tribunales cuya competencia esté fuera de toda duda, ya que, en caso contrario, puede generar en la opinión pública una percepción de interferencia en lo determinado por el legislador, cuando la norma adoptada por las Cortes ha sido malinterpretada por el Ministerio de Justicia. A su amparo, miles de personas han accedido a la nacionalidad y son españolas con plenitud de derechos que no pueden ser alterados por el TS por carecer de competencia para hacerlo. Sin embargo, el auto ha dejado sin efecto normas vigentes que no pueden ser anuladas por dicho órgano. Esta argumentación está plena de medias verdades y falacias: Las resoluciones no suelen ser unánimes y ésta ha sido aprobada por una diferencia de cinco  votos a uno, el TS es el organismo judicial máximo de la nación, el Congreso nunca adoptó una ley que permitiera la adquisición de la nacionalidad española a los descendientes de emigrados no exiliados, sino que la extensión fue establecida por un interpretación temeraria de la fiscal Puente, el TS no ha prohibido el derecho a votar a quienes hayan adquirido la nacionalidad conforme a la Ley y se ha limitado a suspender cautelarmente su ejercicio…Por ello -según Juan Claudio de Ramón- el Estado se encuentra hoy con decenas de miles de nacionalidades con visos de haber sido otorgadas “contra legem”.

Nos hemos puesto a discutir sobre la vinculación de nacionalidad y sufragio, que no tiene por qué estar íntimamente unidos, porque una cosa es que descendientes de españoles adquieran la nacionalidad y otra distinta que tengan derecho a votar en una España con la que no están en lo más mínimo conectados. Según Manuel Arias, si un ciudadano vive en otro país, ¿por qué habría de decidir quién deba gobernarlo cuando deberían decidirlo los arraigados en suelo español al margen de su nacionalidad? ¿Pretende el Gobierno aumentar el censo para influir sobre los resultados electorales? Dado que Sánchez se ha ganado a pulso una reputación de mendacidad, la desconfianza está más que justificada. Hay países democráticos -como Croacia, Francia, Italia, Lituania, Portugal o Rumanía- que reservan un pequeño número de escaños en sus Parlamentos a los representantes de sus nacionales residentes en el extranjero, y otros muchos -Albania, Alemania, Australia, Bélgica, Chipre, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Israel, Malta, Nueva Zelanda o Suecia- que no permiten que voten en las elecciones de sus países a sus nacionales que hayan vivido el extranjero durante más de cierto tiempo, o les exigen residencia permanente en el país o su inclusión en registros electorales nacionales o locales.

Importante pero insuficiente resolución en el Parlamento Europeo sobre Ceuta 

También la UE advirtió en junio al Gobierno español en su “Informe Schengen-2026” de los riesgos ciertos en la las fronteras con Marruecos de una deficiente gestión, porque que no había formalizado su Plan de Contingencia ante una invasión masiva y arrastraba un déficit de personal en las mismas, y le recomendó “reforzar la resiliencia de las fronteras exteriores y la eficacia de los retornos”, pero Marlaska no hizo el menor caso y se ha  negado  a adoptar medidas  preventivas frente a una amenaza de esta magnitud. Ursula von der Leyen afirmó en su discurso sobre el estado de la UE que Ceuta era española y europea por lo que sus fronteras tenían que ser protegidas por la Unión. No hizo ninguna mención explícita a Marruecos al que considera socio preferente, pese a las continuadas condenas que el TJUE ha hecho de muchos de sus Acuerdos por ellos realizados, especialmente en materia de pesca.

Vivas se ha entrevistado en Bruselas con los principales comisarios de la UE, a los que ha informado de la situación y pedido más contundencia con Marruecos y que le presione para que se logre una solución rápida y satisfactoria, e insistido en que se tiene que devolver a todos los que entraron de forma ilegal y que no pertenezcan a colectivos vulnerables. Ha solicitado el despliegue de Frontex en la ciudad para ayudar en el triaje y facilitar los retornos a un país considerado seguro. El Gobierno marroquí ha puesto cara de víctima y alegado su no participación en el asalto y su nulo interés en provocar una crisis con España y con la UE. En mensajes a eurodiputados seleccionados ha manifestado su ofrecimiento a  acoger a todos los desplazados, incluidos los MENA y los nacionales de terceros Estados, pero no lo ha hecho. Tiene desde antes de la invasión 800 expedientes de devolución de MENAS sin contestar y ha impedido la repatriación de los cadáveres de 87 marroquíes fallecidos en el intento y recuperados en aguas españolas, y no permite  la devolución de los menores que quieren regresar con sus padres. Las hipergarantistas normas españolas requieren la venia de la Fiscalía de Menores, que -tras la avalancha de 2021- inhabilitó a la delegada del Gobierno y a la vicepresidente de la ciudad por devolver a 54 MENAS.

El PP ha denunciado la conducta marroquí ante el Parlamento Europeo y el PSOE y el Grupo Parlamentario Socialista han tratado de oponerse por todos los medios, pero ha fracasado. Incluso el presidente de PPE, Manfred Weber sugirió aplazar la decisión hasta el próximo Pleno, pero Feijó pidió que se votara aun a riesgo de perder la votación por tratarse de una cuestión fundamental para España, y la resolución prosperó  por 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones, gracias al apoyo de los Grupos Europeos y Reformistas y de los Patriotas, así como de algunos liberales. Definió  la entrada en Ceuta de más de 70.000 personas como una invasión, denunció la mala gestión de la crisis por Sánchez, expresó su preocupación por el efecto llamada, pidió que la UE fuera más estricta a la hora de supervisar los fondos que entrega a Marruecos y que los suspendan si se pusieran en riesgo los intereses de la Unión. Aunque el texto no sea vinculante para la Comisión, lanza un importante mensaje político. Lo ocurrido en Ceuta demuestra que la política española de apaciguamiento con Rabat ha fracasado. Como ha observado “El Mundo”, el presidente se resiste a señalarlo porque hacerlo supondría abrir una crisis diplomática con un vecino capaz de ejercer una presión real sobre España. Sánchez es muy valiente enfrentándose a espectros, pero ante un adversario real que pueda causarle daño, esa valentía mengua de forma notable.  

Absoluta falta de control del Gobierno en Ceuta

El colapso de Ceuta se muestra tan enquistado que no solo sigue lejos de resolverse, sino que -52 días después del asalto-el  Gobierno carece de datos fiables sobre el número de invasores que aún se encuentran en la ciudad, lo que es una muestra de una absoluta incompetencia, que resulta intolerable. No da una a derechas y ni siquiera a izquierdas. El impresentable de Marlaska afirmó a los dos el día del asalto que la ciudad estaba al borde de la normalidad gracias a la extraordinaria colaboración de Marruecos. El 4 de agosto a aseguró que solo quedaban 2.000 ocupantes y, a día de hoy, ya van por cerca de 20.000, ya que en vez de disminuir  aumentan, como se demostró en el esperpéntico intento de albergar a 1.300 de inmigrantes en las sensibles instalaciones del puerto, en contra del criterio de su Junta. Hay 2.140 MENAS ya filiados y hacinados en un atestado CETI y entre 700 y 1.000 por filiar, vagando por las calles o escondidos. Preguntado por ellos, el presidente contestó de forma impertinente “eso a Vivas”, lo que era otra de sus muchas trolas, ya que si bien el cuidado de los menores es competencia del municipio, la afiliación de los mismos corresponde al Estado. La ministra Siro ha dicho que todos ellos irán a la península porque así lo desean o se quedarán en Ceuta a cargo de la ciudad. Respecto a los adultos, el supermando Torres ha dicho que regresarán a sus países, salvo los que sean acogidos en asilo. La respuesta desdeñosa y arrogante de Sánchez es una muestra de su estrategia de eludir cualquier tipo de responsabilidad y endosársela al vapuleado alcalde-presidente. Así, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha culpado al PP de querer alargar la crisis que ha atrapado a Sánchez para atacar al Gobierno y ponerle palos en las ruedas.

Los medios puestos por el Gobierno para normalizar la situación en Ceuta siguen siendo precarios y, al ritmo de trabajo que se lleva -50 policías para afiliar a la multitud de asaltantes- no parece que se  vaya a concluir esa labor antes del próximo verano. Marlaska ha vuelto a ensalzar en Ceuta la excelente  colaboración que Marruecos está prestando para que se normalice la situación, pero no pone los medios requeridos para ello. Sigue aumentando la construcción de campamentos de acogida y ha suspendido la celebración de un partido internacional de fútbol de la selección sub-21 porque las fuerzas policiales no podían garantizar su seguridad y el Ejército continúa estando maniatado. En esta coyuntura se celebraron ayer las elecciones parlamentarias en Marruecos en un ambiente de éxito en la política exterior y de fracaso en la interior -especialmente en el ámbito socioeconómico-, bajo el omnímodo control político, económico y religioso del monarca y del mandarinato del Majzén, con una pobrísima participación del 38% del electorado, lo que refleja el desencanto de la población. Según unos memes hispánicos, Mohamed VI lanzó la campaña electoral bajo el lema “Vota Pedro Sánchez”, y le ha ofrecido a Puigdemont que se nacionalice marroquí para que pueda entrar en España cuando le plazca. A través en las redes sociales han circulado llamamientos a la población a que aproveche tan fausta oportunidad  para intentar un nuevo salto, aunque en esta ocasión se hayan tomado a ambos lados de la frontera las medidas pertinentes para impedirlo. Ha ganado por escaso margen -97 diputados- el Partido de la Autenticidad y Modernidad  -que no es auténtico ni moderno, sino “palaciego”-, seguido de la Agrupación Nacional de Independientes -66- y el Istiqlal -65-, pero ello resulta irrelevante dado que todos están bajo la bota del evanescentes Sultán, quien designará a los titulares de Asuntos Exteriores, Defensa y Hacienda, y al primer ministro, puesto para el que se postulan el presidente de la Federación de Fútbol, Foutzi LLeikjaa, que ha centrado su campaña en asegurar que la final del próximo Campeonato Mundial se celebrará en Casablanca, y la ex-alcaldesa de Marrakech, Fátima El-Mansuri, coordinadora de las sedes futboleras -entre bobos anda el juego-.

Conclusión

Para Joaquín Manso, la UE ha advertido al Gobierno español de que la crisis de Ceuta merece un diagnóstico equivalente a los desafíos en las fronteras del Este. El triunfo de Sánchez ha sido haber arrastrado a las instituciones nacionales y comunitarias a un laberinto embarrado del conflicto ideológico binario y ésa es nuestra mayor debilidad, la profundísima división excavada a conciencia por un presidente que impide articular nuestras capacidades disuasorias. España padece un liderazgo desintegrador que antepone las necesidades personales de su presidente a los intereses permanentes del Estado  y no ofrece una respuesta adecuada, como militarizar la frontera y poner los medios extraordinarios requeridos para la expulsión expeditiva de los ocupantes-, pero, ello le exigiría escribir su propio epitafio y le impediría reaccionar ante una crisis de seguridad nacional, lo que sería coherente con su vocación pendenciera de no hacer nada para disipar las sospechas que vinculan su subordinación a Marruecos por el espionaje que padeció a través de Pegasus. Discrepo del almirante Juan Rodríguez Garach cuando afirma que hay quienes, sin prueba alguna, sostienen que Sánchez está siendo extorsionado por Marruecos por algún secreto inconfesable descubierto gracias al citado sistema intrusivo israelita, lo que le resulta difícil de creer. “No hay el menor indicio de que esto haya ocurrido, lo que sugiere que, aunque posible, este tipo concreto de chantaje no es demasiado probable“. Puede que no haya una prueba concluyente de “pistola humeante”, pero indicios sobran. Como dicen algunos gallegos, no creen en las meigas, “pero haberlas, haylas”. Un país serio no cambia de forma radical su política tradicional sobre una cuestión tan importante como la soberanía de todo el Sáhara Occidental mediante una súbita decisión personal de su presidente, sin consultar con su Gobierno ni las Cortes y sin haber dado hasta ahora la menor explicación acerca del cambio. Puede que el chantaje no haya tenido su origen en el “hackeo” del móvil de Sánchez, pero es obvio que existir existe. “Cui prodest?” 

Medra en la confrontación un personaje siniestro en el que expertos -como el psiquiatra José Carlos Fuertes- apreciaron  en junio rasgos del síndrome de Hubris -percepción de superioridad, elevadísima confianza en sí mismo y en sus propias decisiones, menosprecio de las críticas, y tendencia a creer que su criterio es superior al de los demás-. Se cree capaz de todo, pero su resistencia se traza ya con línea discontinua, porque está política y moralmente amortizado. Esto es lo que nos espera al final de la legislatura y hasta “La Vanguardia” ha presagiado que acabará con ella. La cuestión es cuánto tiempo podrá aguantar el Gobierno en esta situación y cuál será la fecha de las elecciones. Según Jiménez Torres, Sánchez ha planteado la batalla electoral en términos antidemocráticos, al estimar que la derecha no constituye una alternancia política legítima, sino una involución en todos los ámbitos, contra la que todo vale. Como ha señalado “El Mundo”, solo un presidente que confunde sus necesidades con una función vacilar de la UE acaba haciendo a su país rehén de los intereses, no ya de su partido, sino de los suyos propios Ha optado por exprimir al máximo la narrativa del ”lawfare” para mantenerse en el poder sin rendir cuentas a los ciudadanos y ha hecho de una delirante teoría conspiratoria su comodín universal. Durante sus 5 días de asueto, se puso en marcha la cloaca destinada a atacar a los investigadores para hacer descarrilar las causas que afectaban a su entorno. “ El Gobierno habla de lawfare, pero la única conspiración contra las instituciones y contra la verdad más elemental procede de La Moncloa”.

Para Bustos, la definición del tardosanchismo es una sucesión de escándalos apenas velados por cortinas de humo. Sánchez debería haber dimitido a raíz de los días de reflexión, pero le faltó imaginación y le sobró miedo, y en La Moncloa habita hoy un cínico crepuscular que se lame las heridas. El problema no es la mentira que nos cuenta, sino que ni siquiera la distinga de la verdad de su triste situación y de los estertores de esta legislatura suicida que agoniza al galope. Todo es humareda y “¿no será el humo la esencia misma del sanchismo […] Además humea más que nunca porque va terminando de quemarse”. Sánchez actúa cada vez menos como presidente del Gobierno y cada día más como candidato electoral, enfrentado con jueces, policías, los servicios secretos y la oposición, desde un aparato volcado en la propaganda y la manipulación, y la crisis de Estado se prolonga, mostrando su incapacidad para restablecer la normalidad. Tocado del ala, ha reconocido por la primera vez en Nueva York que los mecanismos de control fronterizo españoles y marroquíes fallaron durante el asalto. Con la boca pequeña, ha pedido respuestas sobre por qué se causaron daños importantes a los servicios de seguridad del Estado sin ventajas para nadie. La invasión de Ceuta fue el comienzo de una gran amistad, pues al fin y al cabo toda amistad tiene algo de invasión en el corazón, “una invasión inversa o una inquiokupación transfronteriza”. Sánchez pellizca a Trump por razones de consumo doméstico mientras sobrevive al permiso del régimen de Rabat desde que se cayó de un caballo llamado Pegasus. 

Como corolario a la trágica situación en que Sánchez ha colocado a Ceuta, a España y a Europa, me voy a limitar avreproducir algunos de los comentarios del catedrático Javier de Lucas, ex-senador socialista, en los que desnuda la impostura del Gobierno: 1) Lo más desconcertante es que no haya aun  datos fiables, dado que los ofrecidos por los ministros no coinciden con los del mando único; 2) la irresponsabilidad de Marlaska es siderl, Albares ha mostrado su falta de credibilidad cuando dijo que todos los inmigrantes serían devueltos -“ya importa igual lo que diga porque sabemos que es mentirá”-, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, actúa solo como correa de transmisión de Moncloa y la del PSOE, Montse Mínguez un desastre sin paliativos; 3) el Gobierno está preso en la hipocresía y en una encrucijada de la que diplomáticamente es muy difícil salir, y está tratando de sacar rédito de su oposición a Netanyahu y a Trump para consumo interno, pero 22 Estados europeos ya le han dicho  que su política migratoria no es aceptable y que el problema que más preocupa a la UE es el de las fronteras; 5) no es tolerable un Gobierno que  tiene a mas de un millar de menores en las calles y ha puesto al Rey en una posición imposible, porque en estas condiciones no puede visitar la ciudad; 6) Sánchez dijo en un principio que se había producido una violación de la integridad territorial de España, pero luego ha transmutado esa realidad en una crisis migratoria, exculpó a Marruecos de cualquier responsabilidad y se fue a Lanzarote de vacaciones; 7) su feroz campaña contra el poder judicial -especialmente contra  los magistrados del TS-, su apropiación de la Fiscalía General y su afirmación de que puede gobernar sin las Cortes lo han colocado en una situación insostenible, y no cree que aguante hasta más allá del próximo verano, porque no conseguirá aprobar los presupuestos generales; 8) lo más grave en Ceuta ha sido la percepción de la ausencia activa del Gobierno y que no haya habido autocrítica ni asunción de responsabilidades; 9) es probable que las elecciones generales se celebren en marzo y el PSOE recibirá un golpe muy fuerte, porque hoy día no puede erigirse en una alternativa sólida, y el fracaso de sus candidatos a las autonómicas y municipales obligará a las Federaciones a separarse de Ferraz; 10)”La situación beneficia a Vox, pero, salvo error del PP, Ceuta pone fín a Sánchez”. Estoy casi plenamente de acuerdo  con de Lucas. Con su proverbial chulería, el presidente, al igual que Groucho Marx, peguntará al pueblo español : “¿A quién vais a creer, a mi o a vuestros ojos?”, y comienzo a albergar la esperanza de que su  respuesta no le va a resultar favorable, ya que es consciente de que ha conseguido una desintegración total del Estado y Ceuta va a darle la puntilla. Confío en que la farsa sanchista concluya como la ópera “Pagliacci” de  Rogero Loncavallo: “La commedia é finita”