Los sindicatos de inquilinas exigen al Ejecutivo que deje de aplazar las medidas mientras miles de hogares siguen sufriendo alquileres inasumibles
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) denuncia que el Gobierno sigue sin llevar al Consejo de Ministros el Real Decreto-ley de vivienda que anunció públicamente para el mes de julio y que posteriormente decidió aplazar hasta septiembre.
El Ejecutivo anunció el pasado 29 de junio que aprobaría durante julio un paquete de medidas destinado a reducir el precio de los alquileres, dar estabilidad a los contratos y combatir los abusos en los alquileres de temporada y de habitaciones. Sin embargo, el 27 de julio decidió retrasar su aprobación hasta después del verano ante la falta de apoyos parlamentarios.
El verano ya ha terminado y el decreto sigue sin llegar al Consejo de Ministros. En la reunión del Consejo celebrada el 8 de septiembre, el Gobierno aprobó otras medidas en materia de vivienda, pero no el Real Decreto-ley anunciado para contener los alquileres y reforzar la protección de las personas inquilinas.
Para la CSI, este retraso es una falta de respeto hacia millones de personas, más cuando la principal preocupación de la ciudadanía según el barómetro del CIS es la vivienda.
La Confederación considera especialmente grave que el Gobierno haya justificado el retraso por la necesidad de conseguir apoyos parlamentarios.
“El Gobierno no puede convertir el derecho a la vivienda en una moneda de cambio de sus negociaciones parlamentarias. Si existe una emergencia habitacional, las medidas tienen que responder a esa emergencia, no a los tiempos de los partidos”, señala la organización.
Los sindicatos de inquilinas recuerdan que el problema no es la falta de diagnósticos ni de propuestas. El propio Ejecutivo reconoce que el acceso a la vivienda constituye una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y ha anunciado en repetidas ocasiones medidas para actuar sobre los alquileres.
Mientras tanto, el mercado de alquiler continúa expulsando a las personas trabajadoras de sus barrios, obligando a destinar una parte cada vez mayor de los salarios a pagar una vivienda y normalizando situaciones de precariedad habitacional.
Desde la Confederación advierten además de que no aceptarán que el Gobierno presente nuevamente el decreto como un gran acuerdo si las medidas no sirven para reducir de manera efectiva los precios de los alquileres.
“No necesitamos otro anuncio, otra presentación ni otra mesa de negociación. Necesitamos medidas que hagan bajar los alquileres. Y las necesitamos ya”, afirman desde la CSI.
Las exigencias de la CSI al Gobierno:
1. Llevar inmediatamente el Real Decreto-ley al Consejo de Ministros.
2. Retirar las modificaciones propuestas sobre la Ley del Suelo.
3. Garantizar la prórroga de los contratos de alquiler, incluidas las tácitas, para evitar que cientos de miles de hogares sean expulsados de sus viviendas.
4. Regular y limitar los alquileres de temporada y de habitaciones para impedir que se utilicen como vía de escape a la regulación del alquiler habitual.
5. Actuar sobre los precios de los alquileres, y no limitarse a ofrecer incentivos fiscales a los propietarios.
6. Poner fin a los privilegios del rentismo y priorizar el derecho a la vivienda frente a los intereses de quienes utilizan la vivienda como un activo financiero.
La Confederación considera que el retraso del decreto demuestra una vez más que la vivienda no es una prioridad real para las instituciones pese a haber anunciado con bombo y platillo que esta iba a ser la “legislatura de la vivienda”.





