Desde que en junio de este año el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acudió a la Cumbre Internacional sobre el Sahel en Mauritania, el flujo de pateras hacia Canarias se ha multiplicado casi al mismo ritmo que los contagios por Covid19 en toda España.

No debió surtir ningún efecto su visita y nadie dijo que el control de ese tráfico ilegal se hubiese tratado en aquel encuentro, de modo que, si no estaba agendado, los mauritanos, que sólo se limitan a negociar acuerdos a cambio de dinero, prefieren seguir traficando y obteniendo pasta de las mafias del tráfico de personas.

Desde entonces hay días que llegan a las costas de Canarias de mil en mil en cayucos perfectamente organizados y el gobierno de Sánchez y el autonómico amplían cada vez los acuerdos con hoteles de lujo vacíos para darles alojamiento.

La ‘agencia de viajes’ que gestiona el gobierno de Sánchez genera naufragios, extorsión y muerte, pero ahora mismo es la única que registra una verdadera actividad en el singular sector ‘turístico’ que se ha inventado el sanchicomunismo.

Los recién llegados son recibidos como «el turista un millón», con comité de recepción, agasajo de alimentos, bebidas, mantas, ropa seca y mascarillas, más traslados gratuitos en buses de primera categoría, atención sanitaria, social y alojamiento en hoteles de lujo que dormían en su fantasmagórico vacío desde hace meses.

Enseguida llegan los subsidios mensuales de 600 euros y pronto, muy pronto, la regularización anunciada en un plazo de 3 meses en lugar de un año. Mientras tanto, casi 800.000 trabajadores siguen sin cobrar el ERTE que les corresponda y miles de viudos y viudas españoles perciben 237 euros si es que tienen suerte.

En cuanto a medidas de control y confinamiento, olvídense, que eso no existe. Nos encierran a todos porque no se quiere establecer un protocolo intransigente en una de las grandes vías de entrada del virus que nos llega y nos inunda.

Con el nuevo decreto que declarará el estado de alarma, las autoridades de Canarias podrán establecer, si quieren, la exigencia de una PCR previa en los aeropuertos de las islas para todos los turistas, pero a este ejército de magrebíes y subsaharianos que entran de manera ilegal en territorio nacional nadie les exige nada y, antes bien, son incorporados a diario como una tropa que vive de los bolsillos de esos mismos españoles que no reciben ni lo que les corresponde durante la hecatombe.

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