Hace muchos años, los principales partidos políticos decidieron unirse para tratar, a través del bautizado como «Pacto de Toledo», una de las cuestiones sociales más delicadas de aquellos y éstos tiempos como son las pensiones, sacándolas del debate político y partidista. Algo así haría falta con la seguridad ciudadana. Estamos asistiendo, estas semanas, a la actitud irresponsable de personas, colectivos, partidos políticos y medios de comunicación en relación con la seguridad ciudadana, donde, como en todo, también hay una visión partidista de lo que está ocurriendo. El Ayuntamiento de Sevilla y la Policía observan el fenómeno desde su particular prisma político. Dicen ver, detrás de la agitación en las calles de los barrios más afectados por la sensación de inseguridad, a personas y grupos políticos pasándose de la raya en las redes sociales. Generando temor, cuando no crispación, entre vecinos de Macarena o Pino Montano, allá donde está situado el foco mediático de la inseguridad. Incluso detectaron, este viernes, grupos neonazis intentando reventar la última manifestación vecinal al respecto. Las instituciones públicas y la Policía sospechan de los partidos de la oposición, pero no de todos, sólo del PP y de Ciudadanos, de personas vinculadas directa o indirectamente con estas formaciones políticas, interesadas en captar simpatías y votos a cambio de crear sensación de inseguridad, cuyo responsable siempre sería Juan Espadas. Las sospechas de Ayuntamiento y Polícia Local pueden tener cierta base, e incluso algunas pruebas, pero sorprende que no señalen también a los partidos de la izquierda más radical, IU y Participa Sevilla. Están en juego, no se olvide, subvenciones millonarias, prebendas de todo tipo y muchos empleos.  Son los propios vecinos los que denuncian la presencia de los saboteadores de asambleas, los agitadores del miedo, que no son precisamente de Ciudadanos o del Partido Popular. Son, como apunta este sábado Sevillainfo, algunos militantes de IU y Participa que acuden a todas y cada una de las asambleas a monopolizar el debate y hacerse cargo del micrófono o del megáfono. Y lo hacen con impunidad, con la colaboración de la mayoría de los medios de comunicación y las instituciones que, además, culpan a los demás. El problema de estos agitadores es que no todos los vecinos se dejan manipular ni todos los medios de comunicación entran en tan siniestro juego.