Comunidades autónomas lideradas por la Junta de Andalucía protestan contra la ministra de Trabajo
El carácter dictatorial que va adquiriendo el Estado de Alarma, que dicta normas sin consultas previas a la oposición, sigue causando estragos en el conjunto del ámbito político y social de España. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dictó ayer una medida establecida por decreto-ley para propiciar la modificación de la Ley de los Presupuestos Generales y facilitar que la cuota de Formación Profesional para el Empleo que pagan los trabajadores en sus cotizaciones, se destine este año a financiar cualquiera de las prestaciones en concepto de subsidio de desempleo. La indignación y protesta de las comunidades autónomas, con la Junta de Andalucía al frente, no se ha hecho esperar.
La Consejería de Empleo de la Junta estima que una medida así «arrebata» a la Administración autonómica 430 millones de euros, correspondientes al fondo de Formación para el Empleo, con la agravante de hacerlo precisamente cuando se habían licitado los primeros 41 millones de euros para Cursos de Formación de la Junta. Y por lo que respecta a las demás comunidades autónomas la cantidad llega a sumar nada menos que 2.400 millones de euros.
En la protesta a la ministra socialista de Trabajo, han seguido la iniciativa de la Junta de Andalucía las comunidades de Madrid, Galicia, Murcia y Castilla-León, además de la ciudad autónoma de Ceuta, todas gobernadas por el Partido Popular en coalición con Ciudadanos, excepto la comunidad gallega.
La protesta se ha hecho llegar a la ministra mediante una carta y con anterioridad a la reunión mantenida por la socialista Yolanda Díaz con los diferentes consejeros, entre ellos la consejera de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco.
El texto de la carta no deja dudas a la decepción que ha provocado la medida, que ni siquiera atendió las propuestas que se le habían hecho por escrito. Tampoco se han considerado las alternativas ofrecidas, como el Fondo europeo para estos casos.
La ministra ha fulminado las competencias de las comunidades autónomas para el desarrollo de políticas activas de empleo.
Por si fuera poco todo eso, los consejeros de las comunidades advierten que con la medida “las personas trabajadoras están duplicando su aportación para el mismo fin, puesto que los empleados pagan ya una cuota para cobrar la prestación por desempleo”.
