Afirman que el Betis «no se merece la humillación» que supone el acuerdo de 28 de julio de 2017, que consideran contrario a la Sentencia del Mercantil, «que satisface, económica y moralmente, a la entidad»

Cinco accionistas del Real Betis han denunciado el silencio del Consejo bético ante un auto del Juzgado de lo Mercantil de Sevilla que decreta el mantenimiento de las medidas cautelares sobre 36.869 acciones de Manuel Ruiz de Lopera y afirman que el pacto accionarial es simulado y humillante.

En una carta remitida a los medios a título individual, aunque forman parte de la plataforma Béticos por el Villamarín (BxV), consideran que el auto del 1 de marzo desmonta los argumentos invocados por el consejo y saca «a la luz, la realidad subyacente bajo un acuerdo que, sólo en apariencia, es lo que dice ser».

Mantienen que lo que «se oculta» tras «el mal denominado proceso de atomización» de acciones «no es más que pura apariencia» al servicio de un objetivo «a años luz del que dice perseguir», y recalcan que «nunca se han negado a firmar una transacción».

A lo que sí se negaron, prosiguen, fue «a simular una transacción», porque decir que Lopera ha entregado al Betis 36.869 acciones «a título gratuito, es falso»; y han denunciado que, además, este «hecho falso» se trata de «utilizar en un proceso penal para que se beneficie de ello» el expresidente bético.

Señalan que lo que persiguen es que «se haga justicia» porque ésta «es dar a cada uno lo que merece» y el Betis «no se merece la humillación» que supone el acuerdo de 28 de julio de 2017, que consideran contrario a la Sentencia del Mercantil, «que satisface, económica y moralmente, a la entidad».

Además, estos accionistas han advertido de que ese pacto trata «de anular sus efectos extraprocesalmente, encima, sobre la base de afirmaciones falsas».

Consideran que «es falso que haya puesto fin a los procesos» del Betis, y que «el objetivo que ha presidido la actuación de los dirigentes de la entidad, desde hace ya bastante tiempo, ha sido el de controlar el proceso de retorno de las acciones y si para eso hay que darle a Ruiz de Lopera lo que pida, se le da» y si «es necesario la implicación de Bitton Sport, se le pagan los servicios prestados, bueno, se los paga la entidad».

Respecto a lo sucedido en marzo de 2017, cuando el Consejo da la titularidad de las acciones a Bitton, acusan al presidente del Betis, Ángel Haro, de mentir, de olvidar el deber de acatar las resoluciones judiciales y actuar «en contra de un mandato judicial», y subrayan que no podía «decidir sobre la propiedad de unas acciones, eso sólo lo pueden hacer los tribunales».

«El problema no sólo es legal, sino económico, pues Bitton no se prestó gratuitamente, sus servicios le han costado al club, que no al señor Haro, 6,5 millones de euros que se le pagaron mediante otra simulación», denuncian los accionistas, que afirman que la empresa de Luis Oliver «no era titular de ni una sola» acción.

Explican que en el acuerdo de julio, constan dos compraventas de acciones -la del Betis a Farusa (23.056) por 15.850.000 euros y la de Farusa al Betis (212) por 56.931,33 euros- y que las mismas acciones tienen distinto precio: 687,45 euros paga el Betis por acción; 268,54, Farusa.

La realidad, sostienen, es que el Betis pagó por todas las 59.925 acciones y si éstas «las multiplicamos por 265, nos da la cantidad de 15.880.125, casi calcado al precio total que pagó el club, que compró todas las acciones, incluso ésas que ahora no existen, en beneficio de Ruiz de Lopera».

«Si el kilo de tomates está a dos euros y compro mil kilos, pago dos mil euros. Si digo que de los mil kilos que recibo, quinientos me los regala el vendedor y los otros quinientos me los vende, pero pago igualmente dos mil euros, la realidad es que estoy comprando mil kilos, fingiendo que recibo quinientos, a título gratuito. Pues esto mismo, pero con acciones», ilustran.