La ciudadanía está atónita asistiendo diariamente a la espeluznante gestión de un Gobierno absolutamente superado por la grave situación que el coronavirus está ocasionando en España, acercándose ya a los cinco mil muertos víctimas de la pandemia. A las críticas generalizadas por haber autorizado y, por lo tanto, permitido las manifestaciones multitudinarias feministas del 8 de marzo; a las acusaciones, ya indisimulables para los medios, del incumplimiento de las normas por miembros del Gobierno que no han respetado permanecer en cuarentena -como Pablo Iglesias y hasta el presidente Sánchez-, ahora se suma la declaración de China acerca de que el Gobierno español ha adquirido en aquel país miles de test rápidos a una empresa que no figura entre las que tienen licencia.
Los tests han sido declarados finalmente inútiles por el Ministerio de Sanidad, ya que la detección rápida no se produce con fidelidad al estado de salud de las personas, disminuyendo considerablemente la fiabilidad de su diagnóstico. Suele dar negativo en un gran porcentaje, cuando la realidad es que el presunto contagiado termina dando positivo en coronavirus.
Los responsables sanitarios en la Comunidad de Madrid denuncian este hecho grave que ahora añaden a la auténtica heroicidad que les está suponiendo su atención profesional a los cientos de contagiados que ya les desbordan, trabajando en ínfimas condiciones escasas casi por completo de recursos materiales.
Por fortuna, y gracias a la cautela con la que ha actuado en el recibimiento de los tests la Consejería de Sanidad en la Comunidad de Madrid, se ha evitado su distribución masiva estando realmente sin validar.
La denuncia pública de la oposición no se ha hecho esperar ante esta nueva gestión del Gobierno, que no es capaz de hacer frente a la pandemia en España. Y así el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha espetado con preguntas al presidente Sánchez: “¿Esto tampoco se podía saber? ¿A quién le va a echar la culpa de esto?”.
