Corría el mes de marzo de 2005 cuando el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunciaba que el Gobierno andaluz pagaría 72 millones de euros para liberar el peaje en el tramo de autopista comprendido entre la población de Las Cabezas y Cádiz, cuyo coste para los usuarios era de 1,05 euros.

Se trataba de un incumplimiento más de aquella eternidad socialista implantada por las urnas en tierras andaluzas, pues el propio Chaves había prometido durante la campaña electoral de 2004 que si ganaba liberaría al completo dicha vía, también los 6,25 euros que costaba el otro peaje.

Sea como fuere, el libramiento de aquellos 72 millones de euros supuso que todos los andaluces, incluidos los que jamás usaron dicha autopista porque vivían en Almería o en Granada, o simplemente no se desplazaban por allí, pagarían de sus bolsillos aquella medida electoralista a pesar de que ya estaba en marcha el plan de desdoblamiento por parte del Estado de la Nacional-IV convirtiéndose en autovía.

El plan de autovías, del tiempo de Felipe González, con Borrell como ministro de Fomento y de Transportes, ya incluyó que las mismas se construirían sobre la base de las carreteras nacionales y que serían todas gratis.

Dinero público para rescatar de manera demagógica los peajes y que sirvieran de medidas electoreras para los candidatos del PSOE con promesas infinitas y ad aeternum…, pero que vuelven a enfangarse y se convierten casi en una estafa a los ciudadanos, porque de nada sirvieron aquellos sablazos a las arcas públicas cuando ahora otro gobierno socialista anuncia que reimplantará todos los peajes en las autopistas a pesar de que los ciudadanos ya habíamos pagado de una forma u otra, mediante el uso cotidiano o mediante el adelanto de ‘rescates’ su construcción y mantenimiento.

La única diferencia de toda esta jugada es que ahora quien ingresará las cuotas no es la empresa que adelantó la financiación para construir aquellas carreteras como justa devolución a la inversión realizada, sino que a partir de ahora volverá a ser el Estado el que nos sangre y nos rapiñe el bolsillo por algo que ya habíamos abonado.

En concreto, la autopista de Sevilla a Cádiz, que durante muchos años fue la más cara de todas las de España, precisó de casi 50 años, hasta el 1 de enero de 2020, para dar por finalizado el pago a la empresa adjudicataria. El contrato inicial tenía una duración prevista de 22 años, pero sufrió prórrogas sucesivas, la primera de ellas con un Gobierno de Adolfo Suárez, luego con Felipe González y, finalmente, Aznar puso la fecha del abono definitivo y terminación de aquel peaje para el 31 de diciembre de 2019.

Así pues, el 1 de enero de 2020, con José Luis Ábalos como ministro del ramo, la autopista entre Sevilla y Cádiz quedó finalmente liberada, según lo previsto por Aznar, no sin antes, ya se ha dicho, el adelanto demagógico de Chaves en 2005, que gastó el dinero público de manera arbitraria para un rescate parcial, del tamo más barato.

Pero una vez finalizado el pago, el socialismo más tramposo recupera su obsesión recaudatoria y avisa a la UE que reimplantará el peaje de lo que ya quedó pagado por los contribuyentes pero ahora convirtiéndose el Estado en el recaudador doble o triple de lo que ya se había pagado.