El expresidente de la exmultinacional sevillana Felipe Benjumea ha salido indemne del juicio contra él y la excúpula de Abengoa. Se le acusaba del delito de administración desleal y por eso le solicitaban hasta cinco años de cárcel para el otrora intocable exponente máximo del desarrollismo andaluz. Y cuatro años y tres meses para el exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega. El tribunal tomó esta decisión al descartar irregularidades en las indemnizaciones millonarias percibidas por ambos gestores tras su relevo en septiembre de 2015, una fecha en la que la empresa se encontraba prácticamente en la quiebra, con una deuda de 9.000 millones de euros. El ministerio fiscal también pedía para Benjumea 90.000 euros de multa por la indemnización de 11,5 millones de euros que se atribuyó por su salida de la energética andaluza.

Nada hay que objetar a la Justicia, sobre todo cuando se ha visto una defensa de los medianos accionistas tan pobremente representada en el juicio que ha llevado al banquillo a la dirección de Abengoa. El dinero que se llevó Felipe Benjumea era inmoral, a sabiendas de cómo había dejado la empresa, pero no ilegal, estaba en su contrato. Ahora, después de esta exculpación, sale la apellidanía sevillana (los que creen que el talento va implícito en el segundo nombre y no hace falta demostrarlo para escalar puestos) a bendecir y arropar al extodopoderoso conseguidor de subvenciones. Los mismos que miraron para otro lado cuando se encendieron las primeras luces de alarma y negaron las evidencias, los que no se percataron de que no había posibilidad de desarrollo de pequeñas y medianas industrias en Sevilla porque todo el dinero iba siempre para los de siempre, esos, ahora, le pasan la mano por la espalda al caballero destronado. La Abengoa que conocimos ha muerto por una gestión pésima en los últimos tiempos. Vieron el dinero fácil, cómo transformar gracias a las ayudas públicas, fuentes antes desaprovechadas en energía. La empresa se convirtió en un modelo exportable para la imagen de la Junta, la antítesis de la Andalucía de albañiles, camareros y funcionarios bien remunerados que se estaba creando al calor de la expansión económica. Todo el mundo sabía que se compraban patentes que tendrían poco desarrollo, que se menospreciaba a los trabajadores altamente cualificados con sueldos que no tenían nada que ver con su trabajo y que el castillo de naipes se vendría abajo en cuanto el grifo del dinero público dejara de manar. Como así sucedió.

Felipe Benjumea ha salido indemne de su multimillonaria indemnización (11,5 millones de euros), pero pena con el veredicto de haberse cargado, por la avaricia sin límites, una gran obra emprendida por su padre. Así es el capitalismo de salón y Bolsa, en el que lo importante no son las bases sociales de un proyecto, sino los resultados empresariales del mismo, aunque sean de mentira y de prestado. ¿Qué le podemos decir a los pequeños accionistas que confiaron sus ahorros en esta empresa sevillana y que de la noche a la mañana lo perdieron todo? ¿O a los miles de empleados despedidos después de haberse dejado allí sus mejores años? Para esos no hay consuelo. Parece que no interesan.