Más de 700 profesores de enseñanza superior y secundaria y profesionales de diferentes ramas, respaldan una carta dirigida por el Foro de Profesores a la ministra de Educación Isabel Celaá. Le reclaman que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos lingüísticos de menores, padres y profesores castellanohablantes en las comunidades autónomas bilingües.

Apoyan su reclamación, acompañada de la petición de una entrevista, en hechos “sobradamente documentados” registrados en el IES Sant Agustí de Ibiza, permitiendo las presiones a un profesor; en el caso de  200 alumnos afectados por la anulación de plazas de español en las escuelas públicas Donibane y Fuerte del Príncipe, de Pamplona; en lo sucedido a un profesor del Conservatorio Profesional de Música de Vigo, requerido por la dirección y por la Inspección Educativa para que no utilice español en sus comunicaciones escritas; en la ley del plurilingüismo de Marzà en la Comunidad Valenciana, que reduce incomprensiblemente la enseñanza del español en zonas castellanohablantes o, finalmente, en las revelaciones del informe la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (2019), probando que ni un solo centro educativo público de esa comunidad cumple la normativa lingüística.

Mantiene el Foro de Profesores en su carta a la ministra que “los derechos no son de las lenguas. Son de las personas. De todas las personas. Es inaceptable que servidores públicos utilicen la política lingüística como herramienta de confrontación política y más aún cuando las víctimas son menores”.

En la carta denuncian que «la dirección de un centro de enseñanza de una comunidad autónoma española bilingüe reconoce por escrito que sus profesores no pueden hablar español, so pena de presiones permanentes por parte un comisario lingüístico que, de acuerdo con la propia dirección, prima un reglamento de régimen interior sobre los derechos individuales que se ve que decaen al cruzar el umbral de acceso a las dependencias del instituto en cuestión». «Ante este esperpento ético y jurídico, PLIS y Sociedad Civil Balear, denuncian que no se trata de un caso aislado y han solicitado la dimisión del director del referido centro, petición a la que nos sumamos».

Enumeran a la ministra Celaá varios casos en los que se han vulnerado los derechos lingüísticos: «Es el caso de los padres pamploneses que llevaron a su Ayuntamiento (gobernado por EH Bildu) a los tribunales cuando anuló, en 2016, todas las plazas de español de las escuelas públicas Donibane y Fuerte del Príncipe afectando a 200 menores de 0 a 3 años que se vieron desplazados a otros centros cuatro días antes de que se iniciase el periodo de matriculación».

«El caso del profesor del Conservatorio Profesional de Música de Vigo, apoyado por Hablamos Español y por 16 colegas que en 2017 fue requerido por la dirección del centro, por la Inspección Educativa y por el Jefe Territorial de Educación para que dejase de utilizar el español en sus comunicaciones escritas».

«Organizaciones de padres y docentes contrarias a la aplicación de la ley del plurilingüismo de Marzà en la Comunidad Valenciana, especialmente contestada en las zonas castellanohablantes donde se ha reducido extraordinaria e incomprensiblemente la enseñanza en esta lengua. Y es también el sangrante caso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), que —además de asesorar jurídicamente a muchas familias que sistemáticamente ganan los juicios— ha elaborado un riguroso informe, difundido en
2019, que prueba que ni un solo centro educativo público de esta Comunidad cumple la normativa lingüística tal como ha sido interpretada por los tribunales». La AEB —tras verse obligada a reclamarlos recurriendo a las autoridades de la transparencia— analizó 2.214 proyectos lingüísticos de centro demostrando que en ninguno se prevé impartir el 25% de las horas en español (en asignaturas troncales y con material didáctico en esta lengua). Siguiendo su estela, PLIS ha demostrado, en un informe de mayo de este año sobre los proyectos lingüísticos de Baleares, que en estas islas sucede algo muy similar lo que explica las presiones sufridas por el docente del INS Sant Augustí de Ibiza».

La carta, firmada por los profesores y profesionales, pide a la ministra mantener una entrevista con una representación de los firmantes para tratar este tema con la profundidad que se merece, argumentando que «Ante estos hechos (sobradamente documentados), que lesionan tan gravemente los derechos lingüísticos de menores, padres y profesores castellanohablantes, es imprescindible que el Gobierno de España adopte las medidas necesarias para garantizarlos y con ello la pacífica convivencia lingüística en las comunidades autónomas bilingües».