El magistrado pide al ministro que le informe "a la mayor brevedad posible" sobre el soporte objetivo en el que se basa para afirmar que ni un euro de dinero publico fue destinado a pagar la consulta ilegal del 1-O, ya que ello contradice "las fuentes de prueba recogidas" en esta investigación judicial
Hacienda reitera que las inversiones tienen que fijarse al concepto de la sostenibilidad financiera y respetar las competencias de cada administración, aunque también se abren a redefinir este límite así como a flexibilizar la regla de gasto