Antonio Manuel Guerrero, miembro de » La Manada» actuó correctamente, según un auto judicial que señala la cadena de errores de la Policía de Sevilla, que le indicó expresamente que debía sacarse el pasaporte «sí o sí». Los jueces, además, consideran «inadmisible» la declaración del Jefe Superior de Policía de Sevilla

Un nuevo despropósito vuelve a ceñirse en torno a «La Manada» y, en este caso, al supuesto intento de Antonio Manuel Guerrero, de obtener un pasaporte a pesar de tenerlo prohibido por el auto judicial que lo puso en libertad junto a los otros cuatro condenados por abusos sexuales a una joven en las fiestas de Sanfermines de 2016. La Audiencia de Navarra considera que el guardia civil no trató de incumplir las medidas cautelares de su libertad provisional al intentar renovar el pasaporte y afirma que el hecho de que «la única reacción policial haya sido la publicación de un tuit hace dudar seriamente de que lo sucedido hubiera dado lugar en su momento a la más mínima alarma».

La sección segunda de la Audiencia de Navarra, con dos votos a uno, considera que «la prueba practicada pone de manifiesto que la actuación del señor Guerrero en ningún momento estuvo encaminada a procurar el incumplimiento de las medidas acordadas en el auto de 21 de junio de 2018, sino que, valorada desde un punto de vista racional y lógico, se acomoda más a las explicaciones dadas por su dirección letrada».

En ese sentido, cree que esta tesis se revela «de manera inequívoca» en el contenido de la conversación telefónica mantenida por el condenado con el funcionario que atendió su llamada al 091 el día 22 de junio cuando viajaba hacia Sevilla tras salir de la cárcel. Durante esa conversación, recoge el auto, Antonio Manuel Guerrero «solicitó información acerca de cómo cumplimentar el requerimiento de este tribunal de hacer entrega de su pasaporte en el plazo de 4 días, y, al solicitar dicha información, explicó sin ambages cuál era su situación y con qué fin quería saber si su pasaporte se encontraba caducado, recibiendo como respuesta, después de indicar que tenía una orden judicial de entrega de pasaporte en dicho plazo y que no sabía si lo había perdido o si pudiera estar caducado, que debía ‘renovarse el pasaporte sí o sí'».

Añade además el auto que en el 091 le explicaron que «la manera de comprobar el estado de su pasaporte es acudir a tal efecto a la oficina del pasaporte de su localidad, llegando incluso su interlocutor a facilitarle el teléfono de la misma y, del mismo modo, así debió ser entendido tanto por los cuatro funcionarios de la Oficina de Tablada que han prestado declaración como testigos».

Así, el primero de ellos, según señala el auto, un policía nacional, «amén de expresar que desconocía que se hubiera incoado atestado alguno por su actuación, al ser preguntado sobre si puso en conocimiento de algún otro compañero la posibilidad de que el señor Guerrero estuviese tratando de iniciar una fuga, respondió categóricamente diciendo ‘nooo, que yo recuerde no, vamos'».

También señala que, del testimonio de otra funcionaria se desprende que Guerrero transmitió que «su interés no era el de sacarse el pasaporte sino que se lo pedían en el juzgado, dato que reveló, aun no dándose unas buenas condiciones para guardar la confidencialidad dada la cercanía a que se encontraba sentada otra persona, en cuanto se le preguntó sobre si tenía algún asunto pendiente, el cual era desconocido para aquélla».

Por otra parte, el auto señala que «no cabe reprochar al señor Guerrero que no hubiera solicitado certificación alguna al respecto a los funcionarios de la oficina de pasaportes de Tablada cuando estos mismos le informaron que no tenía que hacer nada ni le ofrecieron la posibilidad de hacer certificación alguna que aclarase la situación en que se encontraba su pasaporte para poder presentarla ante este tribunal, al que remitieron para solucionar su problema, al igual que hicieron los funcionarios policiales de la oficina de presentaciones a la que acudió después».

En este sentido, el auto señala que «el mismo entendimiento debieron tener los tres mandos policiales a los que se remitió por la antedicha funcionaria, al no constar que hubieran tomado iniciativa alguna al respecto».

Además, el auto no considera «admisible» las «explicaciones dadas a este tribunal por el jefe superior de la Jefatura Superior de Policía Occidental de Andalucía sobre las razones por la que este tribunal no fue inmediatamente informado; como tampoco resulta admisible que la primera información que tuvimos sobre este incidente nos hubiese llegado a través de los medios de comunicación el día 28 de junio (tres días después) y que se hicieron eco y replicaron el tuit publicado desde la misma Policía Nacional; momento en el que una situación a la que oficialmente no consta se le diera la menor trascendencia comenzó a provocar todo el revuelo a que hizo mención el letrado del señor Guerrero en su exposición».

Según el tribunal, «si realmente se hubiere tratado de una actuación dolosa para obtener el pasaporte, no solo podría justificar la valoración de existencia de un riesgo de fuga, sino que además es una acción que en sí misma puede ser constitutiva de un delito de quebrantamiento de medida cautelar (que igualmente, de producirse, debe ineludiblemente ser objeto de la correspondiente denuncia)».

A continuación, manifiesta que el hecho de que «ninguno de los funcionarios que intervinieron en los hechos reaccionara; que no se diera aviso de inmediato a este tribunal; que no se elaborara tampoco ningún atestado ni se remitiera comunicación alguna a la autoridad judicial y que la única reacción policial haya sido la publicación de un tuit de las características del que nos ocupa, hace dudar seriamente de que lo sucedido hubiera dado lugar en su momento a la más mínima alarma».

Por contra, considera que la prueba analizada «hace pensar que la comparecencia del señor Guerrero en la Oficina de Tablada, desde un punto de vista lógico y racional, atendiendo al sentido común, no generó ninguna respuesta porque en ningún momento se dio a la misma la importancia que ahora pretenden atribuirle las acusaciones, quienes tampoco han acreditado suficientemente el elemento intencional indispensable para poder extraer de lo ocurrido las consecuencias que ahora se pretenden».

También cita en su auto, tal y como mencióno la defensa, el caso del exconseller catalán Jordi Turull, que intentó obtener el pasaporte pese a tenerlo prohibido, tampoco dio lugar a su ingreso en prisión.