El Colectivo de Prostitutas de Sevilla celebra el sábado una jornada de trabajo en el palacio de los Marqueses de La Algaba, con el título «Desmontando la prostitución. Las putas no piden permiso, sino paso», al objeto de denunciar la supuesta falta de efectividad de las medidas promovidas para erradicar la trata y la prostitución y reclamar el reconocimiento de la prostitución con los «derechos básicos», una «protección real» a las personas víctimas de trata con fines de explotación sexual y «alternativas laborales reales»

María José Barrera, una de las cofundadoras de este colectivo, ha explicado que el objetivo principal de esta jornada de trabajo y concienciación es reflejar que las medidas promovidas por las administraciones en defensa del colectivo de prostitutas no están solucionando los problemas que afrontan estas personas. Precisamente por ello, una de las conferencias se titula «La regulación normativa anitprostitución y su desarrollo a través de las políticas públicas sevillanas», según figura en el programa de trabajo.

Y es que según María José Barrera, en el caso de las medidas promovidas desde el Ayuntamiento de Sevilla, «no han hecho que disminuya la prostitución«, sino que ha desencadenado que estas mujeres dejen las calles y acudan a «lugares más inseguros u otros espacios donde se ejerce la prostitución, como los pisos y los clubes de alterne», donde son «más vulnerables» y las organizaciones que les asisten y respaldan «tienen más dificultades para llegar».

«No comprendemos cómo si este Ayuntamiento se declara abolicionista, sigue adjudicando licencias a los clubes de alterne sin ningún control«, ha enfatizado esta portavoz del colectivo, avisando de que el II Plan Municipal de Acción Integral para la Erradicación de la Trata, la Prostitución y otras formas de Explotación Sexual ha sido puesto en marcha, después de que la evaluación de las medidas promovidas hasta ahora haya arrojado un resultado «desastroso».

En paralelo, ha criticado que el Ayuntamiento «persiga lo que no es delito, ya que la prostitución no lo es» y las autoridades deben perseguir y castigar a quienes ejercer el proxenetismo y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, «protegiendo» además a las víctimas de estas prácticas.

Además, ha advertido de que la Junta de Andalucía, de su lado, no estaría cumpliendo los aspectos acordados «en 2003» en materia de salud para el colectivo de prostitutas, toda vez que la aplicación de la Ley estatal 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, la conocida como «ley mordaza», se ha traducido en «más de 320 multas» a prostitutas en toda España, pese a que el discurso institucional es que las autoridades «no persiguen a las mujeres».

Por ello, el colectivo reclama «la derogación de la «ley mordaza», el reconocimiento de la prostitución con los «derechos básicos», una «protección real» a las personas víctimas de trata con fines de explotación sexual, «ya que las que están puestas en marcha a nivel estatal no proporcionan seguridad a las víctimas para que se animen a denunciar», y «alternativas laborales reales» para estas personas.