Planeta barajó la posibilidad de instalarse en Sevilla

En Andalucía han venido, fiscal y socialmente, dos empresas catalanas, huyendo de la inseguridad jurídica del proceso independentista . Se trata de Pastas Gallo, que, según ha avanzado la televisión catalana TV3, ha elegido Córdoba para instalar su administración central para «garantizar la estabilidad jurídica de la empresa y para seguir trabajando en un entorno de estabilidad». El grupo de alimentación fue fundado en Rubí (Barcelona) en 1946 y la elección de Córdoba es porque es donde se ubica su fábrica más grande. Se encuentra en El Carpio, en la antigua Fábrica de Harinas, que el fundador de la empresa, José Espona, adquirió en 1958 para transformarla en fábrica de pastas. En 2012 la empresa anunció el cierre progresivo de su factoría de Esparreguera (Barcelona), donde sólo producía el 8% del total. La dirección de la compañía, que contaba entonces con unos 500 trabajadores, justificó el cierre en su estrategia para centralizar la producción en sus fábricas de Granollers (Barcelona) y El Carpio, donde se garantizaba la continuidad de las inversiones.

Cervezas San Miguel, una de las sociedades dedicadas a la actividad industrial propiedad de Mahou, también decidió a principios de octubre cambiar su domicilio social, a Málaga, donde cuenta con un centro de producción desde 1966. Su antigua sede social estaba en Lérida, donde posee una de sus factorías más importantes. Los argumentos son los mismos que los de las pastas alimenticias Gallo: el compromiso de garantizar la “máxima seguridad jurídica para la compañía y sus profesionales en el desarrollo de su actividad”.


Planeta, el grupo editorial y de comunicación con amplia tradición catalana pero fundado por un sevillano, José Manuel Lara Hernández, estuvo también entre las “quinielas” para venirse a Sevilla, caso de que el gobierno de Puigdemont siguiera adelante con sus planes secesionistas. Al final eligió Madrid.

A pesar de que estos traslados en la mayoría de los casos no suponen una merma de sus trabajadores, en todo caso de algunos directivos, sí implican una mayor recaudación fiscal por el impuesto de actividades a nivel municipal y un incremento del PIB regional. No se descarta, que dado el cariz que está tomando la política catalana, otras grandes marcas elijan una sede en Andalucía.