La Fiscalía alemana pide la entrega de Puigdemont a España

La Fiscalía General de Schleswig-Holstein ha solicitado la entrega del ex presidente catalán Carles Puigdemont a España ante el Tribunal Regional Superior de esa región del norte de Alemania, donde está detenido el líder independentista

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, presentó este lunes un recurso de reforma ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena -el primero que realiza tras permitirse su personación en la causa del ‘procés’- en el que pide que revoque el auto por el que el pasado 23 de marzo fue procesado por rebelión y malversación de fondos públicos y que se anulen todas las actuaciones contra él por no haberse poder defendido de ellas hasta este momento. Niega igualmente que se haya dado el requisito de violencia que se precisa para estimar el delito principal que se le imputa.

En su escrito, y en el que se representa de forma conjunta a Puigdemont y a los exmiembros del Govern igualmente huidos Clara Ponsatí y Lluís Puig -a éste último no se le atribuye rebelión sino desobediencia, que también rechaza-, la defensa ejercida por el abogado Jaume Alonso Cuevillas argumenta a lo largo de 85 páginas la inexistencia de rebelión y malversación y denuncia que por el contrario sus clientes han sufrido varias violaciones de procedimiento, entre ellas que no se le haya permitido defenderse hasta dictarse el auto de procesamiento, lo que considera contrario al derecho europeo e internacional.

Además, pide que se anule toda la causa por varias razones, como la falta de competencia del Tribunal Supremo para entender de este asunto que a su juicio debería haberse sustanciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Por otro lado, la defensa de los exmandatarios anuncia que presentará una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que aclare si la Ley de Enjuiciamiento Criminal(LeCrim)española es compatible con la normativa europea. Se refiere concretamente al hecho de que sus clientes hayan sido privados del derecho de defensa hasta que no han sido procesados y puestos a disposición de la justicia española en virtud de una Orden de Detención Europea (OEDE), y ello pese a hallarse a disposición de los tribunales españoles -en alusión a la situación en Bélgica-.




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