El informe dio respuesta a las cuestiones planteadas por el Gobierno de acuerdo con lo que dicta la Constitución y la jurisprudencia y no ha emitido criterio sobre si de debe o no acudir al TC, decisión que corresponderá al Ejecutivo, han aclarado.
La intención del Gobierno, según ha anunciado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, es impugnar la resolución del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, del pasado 22 de enero en la que propone a Puigdemont como candidato y que fue publicada al día siguiente en el Boletín de la Generalitat.
Santamaría ha añadido que se impuga la candidatura por entender que Puigdemont está “huido” de la Justicia y hay una orden de detención contra él, por lo que “no concurren en él las circunstancias que permitirían una investidura presencial”. “Carece por tanto del derecho de libertad deambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia porque tan pronto como entre en territorio español debe ser puesto a disposición judicial”, ha abundado Santamaría.