Vox lleva al Congreso el colapso de los juzgados de Sevilla

Las diputadas nacionales, Reyes Romero y Rocío de Meer registran una pregunta a raíz del informe del Juez Decano de Sevilla, don  Francisco Guerrero, en el que se detalla de forma evidente que en todos los órdenes jurisdiccionales el número de organismos  judiciales es deficitario con respecto al volumen de asuntos que conocen. La respuesta realizada por el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ha desvelado que por el momento no existe ningún plan de acción y que todo se encuentra en el inicio de “un proceso de valoración de las propuestas realizadas por las comunidades  autónomas”, así como una valoración de “la carga de trabajo de los órganos judiciales en funcionamiento y las previsiones iniciales de efectividad, así como la disponibilidad de espacios para la ubicación  de las nuevas unidades judiciales”.  

La situación de atasco en los juzgados de Sevilla sigue aumentando con el paso del tiempo. Lejos de encontrar una solución, la pandemia y sus restricciones han convertido este colapso en algo insostenible que sufren los jueces, abogados, fiscales, funcionarios y ciudadanos en general. Por este motivo, el  Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados registró el pasado mes de abril una pregunta para tal efecto.  

En concreto las responsables de VOX en la Comisión de Derechos Sociales y discapacidad, Reyes Romero y Rocío De Meer, elevaron al Congreso una pregunta para conocer los planes de mejora que el Ministerio competente tiene para los juzgados de la provincia de Sevilla. El escrito firmado por las diputadas de VOX se basa en “el  detallado estudio, realizado por el Juez Decano de Sevilla, don Francisco Guerrero Suarez, basado en estadísticas oficiales, en el que se pone de manifiesto el déficit de  las infraestructuras judiciales en la provincia”.  

En este sentido, dicho informe pone ejemplos como el de los Juzgados de Primera Instancia, donde “el módulo de entrada fija propuesto oficialmente establece un promedio de 1.200 asuntos por cada órgano judicial; mientras que, en Sevilla, se ha alcanzado en 2019 (último con estadísticas publicadas) los 2.066 casos”.  

Por su parte, “en el ámbito de lo Social, la tasa media debería ser de 800 casos, y en  la actualidad cada juzgado se ocupa en promedio de 1.441 asuntos”. En cuanto a los Juzgados de Familia, “la tasa debería ser de 1.300 expedientes por Juzgado, pero el número real ha sido de 1.441 por cada órgano judicial. Es decir, en todos los órdenes jurisdiccionales, el número de organismos judiciales es deficitario con respecto al volumen de asuntos que conocen”.  

Por otra parte, el escrito de VOX también refleja que “en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca la creación de órganos judiciales en esta localidad ha sido reclamada no solo por el Ayuntamiento de la localidad, sino por el Colegio de  Abogados de Sevilla, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Consejo General  del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Comisión de Justicia de la  Unión Europea”.  

Ante esta evidente falta de medios para atender a la demanda actual, el Grupo  Parlamentario VOX registró la siguiente pregunta: “¿Tiene previsto el Gobierno promover la creación de nuevos órganos judiciales en la provincia de Sevilla para aligerar los excesivos volúmenes de asuntos de los Juzgados actuales y para  garantizar en mayor medida la tutela judicial de los derechos de los  ciudadanos?”.  

La respuesta del Gobierno fue recibida el pasado 31 de mayo y no despejó ninguna duda. En concreto, el escrito se limitó a informar de que “el Ministerio de Justicia ha  iniciado el proceso de valoración y análisis de las propuestas recibidas de las  Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de Justicia, las incluidas en las últimas Memorias de los Tribunales Superiores de Justicia y la  propuesta efectuada por el Consejo General del Poder Judicial, aprobada por  Acuerdo de la Comisión Permanente de 24 de marzo de 2021. También se está valorando la carga de trabajo de los órganos judiciales en funcionamiento y las previsiones iniciales de efectividad, así como la disponibilidad de espacios para la ubicación de las nuevas unidades judiciales, para concretar qué unidades judiciales se crean y dónde”.




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