El PP exige al gobierno andaluz que “actúe” y lamentó que las leyes autonómicas aprobadas por el gobierno de Susana Díaz sigan permitiendo estas situaciones. A su juicio, Díaz se ha limitado a aprobar “leyes propaganda” que no han ofrecido soluciones reales a los andaluces en materia de vivienda protegida y han acabado siendo “tiempo perdido”

La portavoz de Vivienda del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Alicia Martínez, ha alertado de la situación de unos vecinos de Santiponce  inquilinos de viviendas protegidas promovidas por una empresa pública que van a ser desahuciados por un ‘fondo buitre’ tras entrar la empresa en concurso de acreedores.

“Eso es lo que ha ocurrido con la Ley 4/2013, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda en Andalucía, aprobada durante la etapa del bipartito IU-PSOE, que ha sido declarada inconstitucional en aquellos artículos relativos a la expropiación de viviendas a las entidades bancarias“, explicó Martínez.


Para la portavoz popular, la sentencia ha sido “un torpedo en la línea de flotación de la Ley de Función Social de la Vivienda”. Martínez preguntó “por qué la Junta se empeñó en aprobar una Ley que sabían que era inconstitucional” y apuntó que durante su tramitación el PP planteó 82 enmiendas para salvar esos obstáculos legales que fueron rechazadas en su totalidad”.

Recordó que esta ley fue la “estrella” de la pasada legislatura, y que ahora, mientras la presidenta de la Junta “se reúne en San Telmo con Ana Patricia Botín”, “no sabemos qué ley aplicar a unos vecinos que viven con la amenaza del desahucio”. “La reciente Ley de Tanteo y Retracto no soluciona nada a pesar de que Susana Díaz dijo que venía a aportar mucha seguridad jurídica tras la sentencia del TC”.

La portavoz de Vivienda del PP Andaluz subrayó que el informe recoge retrasos de hasta cinco años en las ayudas de emergencia social, “para familias que están verdaderamente en una situación de emergencia y que no pueden esperar”; la existencia de “desfases” en las subvenciones a los promotores de vivienda protegida; o transferencias a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) “sin que estén acreditadas la realización de actuaciones”