Muchos juristas estiman nulas de pleno derecho las sanciones impuestas por incumplir el confinamiento

La consideración jurídica de que el estado de alarma es en gran medida inconstitucional se hace cada vez más sitio. Ahora un grupo de juristas relevantes ha presentando ante el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, una queja a fin de que la eleve al Tribunal Constitucional, pues estiman que se está produciendo “la más grave suspensión de derechos constitucionales de la historia de nuestra democracia”. Se trata de un escrito firmado, entre otros, por profesores universitarios y de Derecho Constitucional, ex jueces y abogados, donde instan a plantear de forma “inmediata” recursos de inconstitucionalidad y amparo por calificar como “graves deficiencias jurídicas” en el estado de alarma decretado por el Gobierno con sus sucesivas prórrogas.

Como se viene presumiendo por muchos sectores desde que se establecieran las condiciones del estado de alarma, los juristas están convencidos de que el Gobierno de Pedro Sánchez está aplicando realmente “un estado de excepción encubierto”, pues lo dictado por el decreto ha suspendido “una decena de derechos fundamentales”. La conculcación de los mismos ha hecho considerar a los juristas firmantes de la queja ante el Defensor del Pueblo  que incluso las sanciones impuestas por incumplir las medidas de confinamiento son “nulas de pleno derecho”, pues valoran como inconstitucional la suspensión del derecho fundamental a la libertad de circulación.

Los quebrantamientos del orden constitucional,  según los referidos juristas se han producido tanto en el decreto inicial del estado de alarma, como en las órdenes que posteriormente lo han desarrollado. Y enumeran los siguientes: la libertad de circulación,  los derechos de reunión y manifestación, derecho de libertad religiosa, de libertad de empresa y paralización del normal funcionamiento del Congreso, la “operación Balmis”, las medidas adoptadas por Instituciones Penitenciarias, los estudios impulsados por el Gobierno basados en la geolocalización  masiva de todos los ciudadanos, y el presunto incumplimiento de los tratados internacionales suscritos por España para el libre desarrollo de las funciones diplomáticas y consulares.

Los juristas han hecho saber que su queja cuestiona toda la normativa en vigor que tiene a los ciudadanos confinados, además de haber sufrido duras sanciones cerca de medio millón de ciudadanos.  “La suspensión de los derechos fundamentales que sufrimos en estos días resulta ser inconstitucional, lo que habrá de tener notables consecuencias en sede administrativa y en otros órdenes jurisdiccionales”.

Particularmente y en cuanto a la suspensión de derecho fundamental a la libertad de circulación, los juristas consideran que se ha impuesto “una suspensión de facto del derecho a deambular y fijar su lugar de residencia libremente a todos los ciudadanos españoles”, que “desborda la previsión normativa contenida en la Ley para el supuesto del estado de alarma”.

El escrito también manifiesta que es inconstitucional la suspensión del derecho fundamental a la libertad de empresa. Afirman ser indudable que la suspensión de las actividades de industrias o comercios y el “cierre provisional de salas de espectáculos, establecimientos de bebidas y locales de similares características están reservados a la declaración del estado de excepción o de sitio”.

Por último es de destacar que para los juristas  “los militares no pueden  formular denuncias ni detener. Y en tal sentido, deben requerir a los agentes de Policía o Guardia Civil para que lo hicieran, tal cual se ha explicado a través de una Orden de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior de 27 de marzo”.

Y concluyen con rotundidad que el decreto de estado de alarma, una norma con rango de ley, “no puede habilitar estos supuestos en contra de lo establecido en nuestra Carta Magna”.

El escrito de queja ante el Defensor del Pueblo  -62 folios-   está firmado por Carlos Flores y Carlos Ruiz Miguel, catedráticos de Derecho Constitucional de las universidades de Valencia y Santiago de Compostela, respectivamente; el ex magistrado Carlos Vaquero López, profesor universitario y abogado; el también profesor universitario y abogado Santiago Carretero, y los letrados Miguel Ángel Salom, Rafael Abati y Sergio Nuño Díez de la Lastra.




 

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