El portavoz de Ciudadanos considera lamentable que haya tenido que ser la propia juez del caso la que inste al Ayuntamiento a personarse como parte perjudicada. El delegado de Movilidad ha supeditado la decisión a los servicios jurídicos municipales

Según el portavoz municipal de Cs,  Javier Millán, “el alcalde del PSOE no hizo nada cuando reclamamos que se expulsara a la mafia del taxi de los órganos del Ayuntamiento”, considerando “lamentable que sea la propia juez quien haya tenido que instar al gobierno socialista a que se presente como parte perjudicada” en la investigación judicial.

“Esta mafia ha perjudicado claramente la libre competencia en el sector del taxi y con ello a todos los sevillanos y al sector turístico de la ciudad”, avisa el portavoz municipal de Cs, exponiendo que por ello el alcalde debe “posicionarse de una vez por todas frente a quien daña la imagen de Sevilla, su marca turística y a la enorme mayoría de taxistas honrados de la ciudad”.

La juez instructora resolvía ampliar la investigación a la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi como persona jurídica como tal, toda vez que ya figuraban como investigados en la causa judicial sus principales dirigentes, entre ellos Enrique Filgueras, Antonio Velarde o Francisco Ternero, con relación a presuntas coacciones promovidas para monopolizar la parada de taxis del aeropuerto de Sevilla, regida por una tarifa única.

Fruto de las pesquisas iniciales de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que ha investigado al menos a 32 taxistas por estos hechos, el Juzgado de Instrucción número ocho ha dividido sus actuaciones en una primera causa sobre las supuestas amenazas y ataques de taxistas a conductores de VTC y unas segundas diligencias sobre presuntas situaciones de coacción y amenaza para acaparar la parada de taxis del aeropuerto de San Pablo.

El Consistorio traslada la decisión a sus servicios jurídicos.

“Si los servicios jurídicos así lo consideran, el Ayuntamiento se personara”, han señalado al respecto fuentes municipales, recalcando que el Consistorio seguirá “las indicaciones que marquen los servicios jurídicos municipales”, ante esta providencia en la que la juez instructora señala que las diligencias ponen de relieve “incumplimientos e infracciones” de las normativas municipales que pesan sobre la actividad del taxi, ofreciendo por ello al Ayuntamiento que ejerza “acciones como perjudicado”.

La defensa de los dirigentes de Solidaridad Hispalense del Taxi investigados en esta causa, de su lado, ve “novelescos” estos atestados policiales al considerar que se basan en meras “elucubraciones ayunas del más elemental soporte probatorio”.

La Policía Nacional señala además en sus atestados una supuesta relación de “amistad” entre el presidente de Solidaridad Hispalense del Taxi e investigado en la causa judicial, Enrique Filgueras, y el concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Juan Carlos Cabrera, a cuenta de las fotografías que reflejan que el edil ofició la boda civil de Filgueras y además asistió al banquete. No obstante, Cabrera ha negado tal extremo, defendiendo que su “responsabilidad no es de amistad, sino de hacer cumplir las ordenanzas”.