Manuel Marchena, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla y consejero del despacho Sanguino Abogados, ha defendido la oportunidad de aplicar de forma urgente un urbanismo práctico, sostenido y de calidad. Para ello considera esencial que se “recupere el diálogo entre Administración y empresa, hoy prácticamente inexistente, y que el urbanismo sea una tarea de todos los agentes y sectores que intervienen en él”. También ha reclamado aportar la “máxima seguridad jurídica al sector”. Por ello ha propuesto una reforma integral de la gestión pública del urbanismo que haga posible “una actividad eficiente que beneficie a la sociedad”.
Este es uno de los puntos claves del análisis que Manuel Marchena ha plasmado en su conferencia titulada ¿Cómo aplicar un Urbanismo práctico en el siglo XXI? que se ha
celebrado en el salón de actos de Sanguino Abogados. Desde su experiencia pasada al
frente de la gerencia de Urbanismo y como Director de Economía y Hacienda en el
Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Marchena ha justificado esta necesidad de cambio en la
gestión pública del urbanismo tras la salida de la crisis y la situación actual de sector.
En su opinión, “hay factores que interactúan y que dificultan que el urbanismo sirva para
mejorar la vida de los ciudadanos y para propiciar espacios urbanos con los usos más
correctos”. Entre estos factores Manuel Marchena citó “la nula colaboración existente en
la actualidad entre las diferentes Administraciones para hacer posible un desarrollo
urbanístico eficiente y la preocupante falta de confianza en lo político”.
Sobre esto incidió al señalar que “la realidad actual es que hay un deterioro evidente de la
colaboración público privada que está quebrada. Por ello es necesario acabar con esa
imagen del urbanismo bajo sospecha y recuperar el papel de los empresarios y los
funcionarios que velan por el respeto a la ley”.
En esta nueva etapa de la gestión pública del urbanismo que reclama Manuel Marchena
también defendió el papel que deben tener los concursos públicos. A su juicio “la situación
actual de las administraciones públicas al elegir como único criterio aquellos proyectos
más baratos y dejando a un lado las propuestas de calidad y equilibradas es un sinsentido
que impide mejorar la calidad de las actuaciones”.
Asimismo expresó que es “esencial” acabar con la incertidumbre actual del sector. “Las
administraciones que tienen las competencias en urbanismo –afirmó- no tienen un
criterio válido para abordar una planificación urbanística sostenida. Es necesario por ello
acabar con el actual marco que o bien elimina la existencia de planeamiento o bien lo abre
de forma completa. Acabar con esta rigidez es fundamental. Puso ejemplos concretos: “muchas veces los planes urbanísticos llegan tarde o luego vienen sentencias judiciales que revocan planes que están consolidados. Todo esto hace que los promotores huya porque demandan suelos seguros, con todas las certidumbres posibles y con licencias”. Por ello también defendió la necesidad urgente de unificar jurisprudencia en los Tribunales, ya que hoy las decisiones jurídicas que tienen que ver con el urbanismo parece que son pura lotería”.
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