Abogados de Sevilla, convocados por Red de Abogados de Andalucía, se han concentrado este jueves contra “el olvido y maltrato” por parte del Gobierno estatal y autonómico de todo lo relacionado con la Administración de Justicia, lo que se traduce en un sistema “lento, sobrecargado, ineficaz y mal dotado de medios”

Según ha informado la organización, la Justicia es “un pilar esencial para la ciudadanía y las empresas, por lo que debe desterrarse la equivocada idea de que es un gasto cuando en realidad es una inversión en paz social, seguridad jurídica y progreso económico“. Además, añade que es “una actividad económica de vital trascendencia” que genera enormes rendimientos para el Estado y da empleo directo e indirecto a cientos de miles de personas.

“Este maltrato por el poder político solo es entendible desde una perspectiva: la Justicia es el poder de control del poder político y una garantía para la ciudadanía contra sus abusos y corruptelas. Los abogados somos los actores que con su trabajo diario ponen en marcha cada día ese control y esas garantías en beneficio de toda la sociedad”, han añadido los letrados.


Con la concentración de este jueves, los abogados han denunciado que la inversión en Justicia es “claramente insuficiente”; que “no es independiente, pues, a través de un Consejo General del Poder Judicial politizado, el poder político hace y deshace a su antojo”; que la Junta de Andalucía y el Gobierno de España ” pagan tarde y mal a los abogados de oficio“; que no pueden conciliar su vida familiar y profesional, “careciendo de descansos y permisos que sí disfrutan otros colectivos laborales y profesionales”; y que las pymes y asociaciones españolas siguen teniendo que pagar una tasa para acceder al derecho fundamental de la Justicia, convirtiéndola en una de las actividades con mayor gravamen fiscal.

Asimismo, denuncian que la justicia digital que se ha implantado “no es de buena calidad y está bajo el control del Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con Justicia trasferida, lo que repugna al sentido común por atentar contra la separación de poderes”; y que los juzgados uniprovinciales de cláusulas abusivas ocasionan un grave problema para los consumidores y están absolutamente desbordados”.

Por todo ello exigen a los gobiernos centrales y autonómico “un aumento relevante y progresivo de la inversión en justicia, con creación de nuevos juzgados para contar con la ratio de juez por habitante media de los países de la Unión Europea, que la elección de la mitad del CGPJ se realice por los jueces, debiendo el Gobierno de dejar de inmiscuirse en las designaciones de las cúpulas y cargos judiciales; una mejora de las retribuciones del turno de oficio; y debe replantearse la apresurada Justicia Digital que nos va a lastrar durante décadas”, entre otras cuestiones.