Libertad de facto para los presos del Procés

El Foro de Profesores, en el que se integran numeroso y prestigiosos especialistas en las diferentes ramas del derecho, ha venido aportando su opinión a cada paso de este proceso judicial, trascendental para la democracia española.

En esta ocasión, y con motivo de los últimos acontecimientos, desean una vez más mostrar su apoyo a la labor independiente de la justicia, pilar fundamental del Estado de Derecho.

Los continuos abusos cometidos por los servicios penitenciarios de la Generalitat de Catalunya les ha movido para que se respete el Estado de Derecho y el principio básico de igualdad de los españoles ante la ley.

El Foro de profesores ha emitido un comunicado recordando la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019 que condenó a los políticos que habían subvertido la legalidad, despojado a la oposición de sus derechos, celebrado un referéndum ilegal y declarado unilateralmente la independencia de Cataluña. Acostumbrados a la relajación de las leyes y al incumplimiento de las sentencias, los políticos separatistas ni aceptaron el fallo ni mostraron arrepentimiento, afirmando en más de una ocasión que “lo volverían a hacer”. 

El grupo de juristas y profesores afirma que “No es por tanto de extrañar que la Generalitat, a la vez titular de las competencias penitenciarias y principal responsable de los hechos, se erigiera en juez y parte, carente de la imparcialidad, neutralidad e independencia debidas. Para empezar, otorgó a los encarcelados privilegios incompatibles con sus propias disposiciones penitenciarias; acto seguido, recurrió a las cláusulas de escape del Reglamento Penitenciario, especialmente a su artículo 100″.

Según el comunicado “El artículo 100-2 del Reglamento permite una combinación de aspectos de diversos grados para programas de reinserción que no podrían ser ejecutados de otra manera. Se trata de una disposición excepcional que los servicios penitenciarios de la Generalitat han convertido en la norma ordinaria, contra el criterio de los Fiscales de Sala que intervinieron en el juicio. Según estos, esta concesión indiscriminada puede convertirse en un cauce para eludir el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Su aplicación con resultado de excarcelación, además, debería quedar en suspenso cuando los condenados se hallan cumpliendo una pena superior a 5 años. El conjunto de estas decisiones se asemeja entonces a la concesión a estos presos de un tercer grado encubierto”.

“Las Juntas de Tratamiento de las distintas cárceles donde se alojan los nueve condenados decidieron por unanimidad el 2 de julio que procedía que pasaran del segundo al tercer grado, alegando, entre otros argumentos, que existe “un bajo riesgo de reincidencia”. Aunque tenía tres meses de plazo para pronunciarse sobre esta recomendación, el Servicio de Clasificación de la Consejería de Justicia apenas tardó una semana en avalar esta decisión. Cabe señalar que un juez de vigilancia penitenciaria se opuso a que el señor Junqueras participara en un programa sobre el debido cumplimiento de las leyes, dado que él las había violado todas: la Constitución, las leyes nacionales y hasta las propias normas y reglamentos autonómicos. Ha estimado que el líder de ERC ya era consciente de ello”, continúan.

“Los nueve presos cumplen condenas de entre 9 y 13 años. Aunque la ley no requiera expresamente el arrepentimiento de los delincuentes, este va implícito en la exigencia de rehabilitación. En este caso, los políticos fueron condenados por haber abusado del poder que ostentaban para convertir en ley su propia voluntad, según han afirmado los Fiscales del Supremo. Los condenados no solo no se han rehabilitado, ya que consideran que no han cometido ningún delito, sino que han reiterado en sede judicial y ante los medios de comunicación que lo volverán a hacer”.

“Todos ellos disponen de una saneada situación profesional o política, están perfectamente integrados en sus ambientes familiares y no precisan de reinserción social. Su entorno político, de hecho, los devuelve a un medio que les facilita la comisión de los mismos delitos. Nunca se había producido en España una concesión tan rápida de la semilibertad a unas personas condenadas a penas tan elevadas de entre 9 y 13 años, cuando no ha transcurrido ni un año desde la fecha del juicio. Condenamos, por tanto, los continuos abusos cometidos por los servicios penitenciarios de la Generalitat. No nos mueve ningún espíritu vengativo, sino el deseo de que se respete el Estado de Derecho y el principio básico de igualdad de los españoles ante la ley”, afirman al final del comunicado. 

 

Enlace:  Foro de Profesores


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