El exalcalde socialista de Alcalá de Guadaíra y actual diputado en el Congreso Antonio Gutiérrez Limones ha comparecido ante el Tribunal Supremo (TS) donde ha asegurado que la gestión de la extinta sociedad Alcalá Comunicación Municipal (ACM) fue “conforme a la ley”. El diputado socialista está acusado de presunta malversación de fondos públicos en la causa que investiga irregularidades en ACM.

A su salida de la comparecencia el ex alcalde de Alcalá de Guadaira ha dado “las respuestas oportunas al juez y al fiscal y espero que eso cierre el procedimiento lo antes posible y se recupere lo que yo creo  que es la justicia”, ha comentado, al tiempo que ha negado los cargos que se le imputan tal y como ha hecho durante estos tres años que han transcurrido desde que se abrió la causa. Además, ha dicho que estos han sido unos años donde se ha mostrado “muy austero y muy respetuoso con los tiempos judiciales” que “muchas veces no son acompañados por los tiempos políticos”.


La investigación arranca  a raíz de una grabación en la que Javier L.G., antiguo contable de la ya extinta empresa pública ACM, que “reconocía abiertamente, sin saber que estaba siendo grabada la conversación, la realización en el seno de la entidad de una serie de graves irregularidades penalmente relevantes”. Se trataba de “gastos en comidas de los responsables de ACM, entradas a teatros, regalos, relojes, cámaras de fotos, suplantación de la firma de la entonces presidenta (y exalcaldesa del municipio), Guillermina Navarro, viajes realizados a costa de la entidad pública por parte de los responsables de la empresa, retiradas de dinero en efectivo de las cuentas bancarias o expedición de cheques por personas no autorizadas”.

Mencionaba además el juez que la investigación habría puesto de manifiesto gastos de 976 euros facturados a ACM por un viaje a Madrid y visitas al parque de atracciones Warner y al parque temático Faunia, supuestamente disfrutados por “Gutiérrez Limones, su mujer y sus dos hijos”.


Además, en su exposición razonada, el instructor desgranaba toda una serie de “supuestas actuaciones irregulares de saqueo de la empresa pública“, incluyendo prácticas “irregularidades” con proveedores y clientes, “tales como obligarles a facturar dos veces el mismo concepto, facturar por servicios no prestados o incrementar desproporcionadamente el precio de la facturado”.