El gobierno supedita la liberalización del peaje de la AP-4 a un pacto entre todos los partidos

Se veía venir. El gobierno de Mariano Rajoy ha dado un paso atrás en su compromiso de liberalizar el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz previsto para 2019. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha supeditado la medida a un acuerdo político sobre el futuro de las autopistas de peaje a cuenta del vencimiento de las concesiones más antiguas.

Las palabras del ministro ha generado un amplio malestar entre alcaldes y formaciones políticas. La secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, ha sido de las primeras en manifestar el “enorme malestar” de su organización, reclamando una vez más la supresión inmediata del peaje de la autovía AP-4, que conecta las provincias de Cádiz y Sevilla.”No estamos esperando un pacto de estado sobre los peajes, sino que se liberalice ya el peaje de la AP-4″, ha enfatizado.

El 31 de diciembre de 2019 expira la última prórroga de la concesión gracias a la cual la empresa Abertis gestiona y explota esta infraestructura clave para las conexiones entre Cádiz y Sevilla. La autopista acumula ya casi cinco décadas de peaje y la inversión acometida en su momento por el sector privado está “más que amortizada”, ha recordado la dirigente socialista. “No queremos pactos ni negociaciones, sino que el ministro se comprometa a la liberalización de la AP-4”, ha reiterado Verónica Pérez.

Y es que la supresión del peaje de la AP-4 constituye una reivindicación histórica de la comarca del Bajo Guadalquivir, especialmente a cuenta de la saturación y siniestralidad de la carretera nacional N-IV, que también conecta Sevilla con Cádiz pero cuyas incomodidades son manifiestas.

Actualmente, el Ministerio de Fomento promueve la duplicación del tramo de 8,3 kilómetros de la N-IV comprendido entre Dos Hermanas y Los Palacios, mediando el compromiso del Gobierno central del PP de no permitir nuevas prórrogas de la concesión administrativa mediante la que Abertis gestiona y explota la AP-4. Dicha concesión expira el último día de 2019, con lo que 2020 arrancaría con la reversión de la infraestructura al dominio público, a expensas de que lo suceda a continuación.




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