El registro de la UCO en Abengoa abarca la etapa de Borrell como miembro de su consejo de administración. Fue multado por vender acciones con información privilegiada

La entrada de miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la sede de Abengoa en Palmas Altas (Sevilla) para efectuar un registro ordenado por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional que preside Ismael Moreno, afecta al período en el que el ex ministro de Exteriores en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y hoy comisario de Exteriores de la UE, Josep Borrell, procedió a la venta de acciones de su esposa haciendo uso de información privilegiada, lo que le supuso una grave multa por parte de la Comisión Nacional del Mercado Valores (CNMV) después de haber sido miembro del consejo de administración de la multinacional sevillana.

En concreto, la investigación que está llevando a cabo la Audiencia Nacional atañe a dos posibles delitos, uno de falsificación en las cuentas y otro relativo a la alteración de precios del mercado y a los consumidores, presuntamente cometidos entre los años 2012 y 2016, tras la querella presentada por una Plataforma de Afectados que fue inadmitida en su día, contra el expresidente de la compañía Felipe Benjumea, por falsedad documental y contra Manuel Sánchez Ortega, antiguo CEO de la multinacional.

La querella inicial fue presentada en 2015 y en un primer momento fue inadmitida por el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia, pero un año más tarde, en 2016, la Audiencia Nacional resolvió un recurso de apelación de los accionistas para que se admitiera y se practicaran diligencias.

Años más tarde, ya en 2020, la querella fue ampliada para incluir a Manuel Arranz, socio de la consultora Deloitte, que fue la encargada de realizar una auditoría que a su vez incumplió por completo las normas vigentes y que impedía detectar los presuntos delitos ahora investigados. Las operaciones contables realizadas en Abengoa y dos de sus filiales, Abengoa Solar y Abengoa Bioenergía, habrían ocultado a miles de accionistas la realidad en pérdidas cuantiosas cuando se procedió a la venta de las mismas.

Borrell, que entró a formar parte del consejo de Abengoa en el año 2009, ordenó vender acciones de su ex esposa en Abengoa en el momento crítico de la compañía, en 2015, haciendo uso y abuso de información privilegiada, lo que terminó con una sanción de 30.000 euros.
Durante los últimos ejercicios en que Borrell estuvo sentado en el consejo de administración, entre 2009 y 2015, el ex mininstro y ex candidato socialista a la Presidencia del Gobierno recibió 300.000 euros anuales por pertenecer al consejo de Abengoa, al que se incorporó en 2009. En 2015, tenía 71.695 acciones con derecho de voto (clase A) que, según sus declaraciones, perdió íntegramente.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores impuso la sanción por ordenar la venta de 9.030 euros en títulos “de una persona de su entorno cercano” en noviembre de 2015 “con información relevante que todavía no había sido publicada”. Abengoa presentó concurso de acreedores inmediatamente después y en ese periodo las acciones cayeron un 65%.
Borrell estuvo a punto de librarse de que se conociera la sanción que le fue impuesta porque por esos mismos días una reforma legal urgente del Gobierno traspuso una directiva europea de 2014 permitiendo a la CNMV ocultar casos cuando el daño a la persona va a ser “desproporcionado”.




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