En el marco de la investigación que la Policía sigue contra un grupo de taxistas por conductores de vehículos VTC, la Brigada de Información aborda el caso de dos policías locales que habrían sido sometidos a “seguimiento por alguien que ha entregado fotografías” de los mismos a la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, cuyos principales responsables están investigados por el Juzgado de Instrucción número ocho. La finalidad de tales fotos, según los investigadores, podría ser “tener pruebas de conductas reprobables para poder presionar a conveniencia” a estos agentes de la Policía Local.
Dicho “seguimiento”, según los agentes, “concuerda con la manifestación” del director del aeropuerto de Sevilla, Jesús Caballero, quien habría declarado que tras desembarcar en el cargo allá por 2013, “detectó que le habían seguido taxis varios días hasta su casa“, sin que pudieran llegar hasta la puerta de su domicilio al estar el mismo ubicado en una urbanización dotada de “control de entrada y vigilante”.
Enrique Filgueras, presidente de la Asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, en una reciente comparecencia en los juzgados
En aquel momento, según exponen los agentes sobre el testimonio del director del aeropuerto, éste “prefirió no darle la menor importancia”. Además, Caballero habría declarado que en “alguna conversación telefónica”, el presidente de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi, investigado en la causa, habría “alardeado de conocer secretos de la vida íntima de personas influyentes y amenazar con darlos a conocer para conseguir lo que quiere”.
A tal efecto, los agentes señalan en este oficio las fotografías intervenidas en la sede de Solidaridad del Taxi, sobre la boda civil del presidente de la asociación, oficiada por el actual concejal de Seguridad y Movilidad, el socialista Juan Carlos Cabrera, quien además habría asistido a la celebración. En ese sentido, mientras los agentes interpretan una posible “relación de amistad” entre el presidente de la asociación Solidaridad Hispalense del Taxi y el concejal, éste ultimo ha defendido que su “responsabilidad no es de amistad, sino de hacer cumplir las ordenanzas”, recordando que el propio Enrique Filgueras le ha recriminado una supuesta “persecución” al sector local del taxi.
Fruto de las pesquisas iniciales de la Brigada de Información de la Policía Nacional, que ha investigado al menos a 32 taxistas, el Juzgado de Instrucción número ocho ha dividido sus actuaciones en una primera causa sobre las supuestas amenazas y ataques de taxistas a conductores de vehículos de transporte concertado VTC y unas segundas diligencias sobre presuntas situaciones de coacción y amenaza para acaparar la parada de taxis del aeropuerto, sujeta a una tarifa única que oscila entre 22,3 y 24,3 euros por trayecto.