La Guardia Civil les imputa los delitos de acoso reiterado, descubrimiento y revelación de secretos, denuncia falsa y coacciones contra la autoridad.

Todo el operativo desarrollado por la Guardia Civil de Almadén de la Plata empezó cuando la alcaldesa socialista Felicidad Fernández, puso una denuncia en el cuartel de la Benemérita donde manifestaba ser víctima de acoso y amenazas por dos vecinos del pueblo. El presunto motivo de estos era que no estaban de acuerdo con la gestión con la que se llevaban a cabo la contratación de varios empleos en el Ayuntamiento.
Felicidad Fernández denunciaba haber recibido cartas amenazantes en su domicilio particular, amenazas a través de diversas redes sociales y WhatsApp, así como tener constancia de un teléfono móvil oculto que les grababa mientras celebraban una reunión en la sede local del PSOE de Almadén de la Plata. El Instituto Armado realizó una laboriosa investigación con diversas compañías telefónicas, solicitó datos a conocidas redes sociales, extrajo información del teléfono y tomó declaración a numerosos testigos de la reunión. Así se pudo comprobar que la alcaldesa socialista estaba en lo cierto, dado que de uno de los teléfonos de los detenidos se pudieron sacar fotografías realizadas a la sede del partido en sus reuniones y a sus participantes, grabaciones de reuniones privadas, además de conversaciones a través de WhatsApp que probaban todos los hechos denunciados.
Uno de los detenidos, una vez conocida la investigación que se estaba llevando a cabo, llegó a interponer una denuncia por el robo del teléfono móvil que se usaba para realizar las grabaciones, implicando a su hijo menor de cuatro años de edad. De hecho, dijo que era su vástago el que había realizado las grabaciones y fotografías, cosa que era difícil de creer dada la edad del pequeño. Los detenidos se corresponden con las iniciales J.M.P.Z y D.E.R de 33 y 28 años de edad respectivamente y fueron entregados en el Juzgado de Cazalla de la Sierra, Sevilla. Se les imputa los delitos de acoso reiterado, descubrimiento y revelación de secretos, denuncia falsa y coacciones contra una autoridad. Felicidad Fernández, la alcaldesa, se personó en el Juzgado con su abogado como acusación particular. Una vez tomada declaración a los dos vecinos imputados fueron puestos en libertad.